Reuters.- Una jueza federal acordó el lunes nombrar a un experto especial para revisar los documentos incautados por el FBI durante su registro a la finca del expresidente Donald Trump en Florida, en una medida que podría retrasar potencialmente la investigación criminal en curso del Departamento de Justicia.

En su fallo, la juez de distrito Aileen Cannon de West Palm Beach, Florida, dijo que el tribunal autorizó el nombramiento para revisar los artículos personales, los documentos y el material sujeto a reclamos de privilegio entre abogado y cliente. Cannon fue nombrada por Trump en 2020, pocos meses antes de dejar el cargo.

La orden de Cannon permite a los funcionarios de inteligencia seguir adelante con su revisión de posibles daños a la seguridad nacional en la investigación.

Trump acusó al Departamento de Justicia de lanzar una caza de brujas partidista contra él y sus abogados argumentaron que el nombramiento de un tercero independiente para revisar los materiales sería una buena forma de controlar al gobierno.

El exmandatario republicano está siendo investigado por haber sacado de la Casa Blanca, tras su marcha en enero de 2021, archivos del Gobierno, algunos de ellos marcados como altamente clasificados, y haberlos almacenado en su finca Mar-a-Lago, en Palm Beach.

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El Departamento de Justicia también ha dicho que está investigando una posible obstrucción, después de que el FBI descubrió pruebas de que el equipo de Trump pudo haber ocultado de forma deliberada documentos clasificados cuando los agentes intentaron recuperarlos en junio.

En esa reunión del 3 de junio, los representantes de Trump certificaron de manera falsa que habían llevado a cabo una búsqueda diligente y que habían devuelto todo el material clasificado al Gobierno, lo que fue desmentido después de que el FBI recuperó unas 33 cajas que contenían más de 11,000 registros y fotos del Gobierno y más de 100 registros marcados como clasificados.

El equipo legal de Trump esperó hasta dos semanas después del registro del FBI del 8 de agosto antes de pedir al tribunal que nombrara un experto especial, un tercero independiente que a veces se asigna en casos delicados para revisar materiales que podrían estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente.

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