Ante la discusión que habrá en la Cámara de Diputados de la reforma que busca limitar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada Janine Otálora señaló que esta modificación representa un “retroceso democrático”.
La integrante de la Sala Superior del Tribunal comentó en sus redes sociales que por un lado está la defensa de las garantías para la participación de toda la sociedad y por otro existe el riesgo de un régimen que disminuya los espacios de toma de decisión que han sido conquistados por las personas que históricamente han sido excluidas de la vida pública.
“La división de poderes asegura que ningún órgano del Estado actúe sin que sus decisiones puedan ser revisadas. Esta distribución en el ejercicio del poder público sirve para que las voces que no encontraron una representación mayoritaria en las urnas, no pierdan la posibilidad de defender sus intereses a través del reclamo por sus derechos que son reconocidos constitucionalmente”, señaló la magistrada del Tribunal.
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Lo anterior, en alusión a la propuesta de los diputados en la que se menciona que el Congreso de la Unión tendrá la facultad para establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos políticos-electorales y para el cumplimiento del principio de paridad de género.
Otálora mencionó que los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas ni para privarles de oportunidades para que sean defendidos.
“Cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política no solo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse”, mencionó.
Se contempla que hoy por la tarde, la Comisión de Puntos Constitucionales discutirá esta reforma que pretende modificar cuatro artículos de la Constitución.
La Cámara de Diputados impulsó esta reforma debido al desacuerdo de legisladores con algunas sentencias del Tribunal electoral que les ha ordenado cambios en resoluciones; la última, que el Instituto Nacional Electoral (INE) debía ser encabezado por una mujer.
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