Los “Peñabots”, cuentas creadas para apoyar al presidente en internet durante su campaña hacia las elecciones de 2012, hoy se dedican a bloquear protestas en redes sociales y eliminar tendencias.

 

Por Alejandro Cárdenas López

¿Qué tienen en común la compra de toallas a costos excesivos en el sexenio de Vicente Fox y la revelación de negocios millonarios del polémico secretario de seguridad pública Genero García Luna, con Felipe Calderón, y el posible conflicto de interés de la casa blanca de Las Lomas, con Enrique Peña Nieto?

PUBLICIDAD

Los tres temas fueron investigaciones periodísticas apoyadas por solicitudes de información, gracias a las leyes de acceso a la información pública. Hace 10 años, el experto en la materia Juan Francisco Escobedo lo explicó mejor: con el derecho a saber, la circulación de información de todo tipo, en especial de información gubernamental, le ha dado al periodismo mayor visibilidad.

Esa visibilidad se muestra cada vez más en los medios digitales, que en ciertos momentos han significado espacios de información alternativa que develan los vicios de los medios tradicionales y revelan temas que el poder político no puede mantener en secreto.

El surgimiento de nuevos portales de noticias y la popularización de móviles también significa una nueva forma de rendición de cuentas que se ha potenciado, que hasta cierto grado han generado espacios de diversidad de información.

Entre los nuevos retos del derecho a saber se debe incluir la vertiente de los medios digitales y las plataformas móviles, donde se perfilan cambios en los conceptos de debate y deliberación pública, además de una vulneración sistemática de la privacidad a los usuarios.

El enfoque de este texto es sobre las redefiniciones del espacio público en los nuevos medios que afectan el debate político. Se analizan seis retos del derecho a saber en el contexto digital:

 

1. La interacción

Las ventajas de la web 2.0, desde que fue descrita por el editor tecnológico estadounidense Tim O’Reilly en 2005, son el uso de internet como plataforma para el discurso político, la creación de formas escalables y pequeñas de involucramiento político vía diferentes aplicaciones y experiencias de contenido enriquecido o multimedia.

Han pasado 10 años desde que la web 2.0 enriquece el debate en internet, y aún vemos a los líderes de los partidos sin una estrategia clara para permitir el uso de foros en sus sitios web o para contestar mensajes en Twitter o Facebook. Hay iniciativas aisladas, en medios como Twitter; por ejemplo, el ex diputado del PRD Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran), quien utiliza la red para posicionar temas del debate político, pero también promociona una agenda más personal que la de su partido, o el senador panista Javier Lozano (@JLozanoA), quien en muchas ocasiones tuitea para denostar o burlarse, y en otras plantea ideas claras y difunde las propuestas de su partido.

Otro caso es el de la diputada plurinominal priista Ivonne Ortega (@IvonneOP), quien difunde sus actividades puntualmente, pero también parecería que postea como plataforma de posibles candidaturas a futuro. Aunque podríamos decir que los tres políticos son muy activos, son iniciativas aisladas, sin enfoques institucionales, hacia la conversación ciudadana en línea.

Hay una gran diferencia entre ser activo e interactivo. Parece que nuestra clase política piensa que unas cuantas respuestas en Twitter o Facebook los posiciona como próceres de una democracia avanzada y abierta a la participación social, cuando la realidad es que en México la democracia deliberativa es más virtual que real, y el sentir social en las redes sociales es más real que virtual. Esto es sólo de miembros del Poder Legislativo, pero en el Ejecutivo, Judicial, estatal y municipal la interacción es casi nula.

Desde hace casi 15 años, esas opciones de debate público y de navegación vertical y horizontal se han visto aplicadas en blogs, cuentas de periodistas ciudadanos y algunos medios tradicionales, pero muy poco en dependencias de gobiernos o partidos políticos.

La queja constante de expertos es que el debate público se ha contaminado con los vicios del sistema electoral mexicano, como las campañas de contraste, la falta de propuestas y el exceso de uso de la publicidad televisiva, entre otras.

 

2. La manipulación de las tendencias

La escritora y artista multimedia Erin Gallagher sostiene que los “Peñabots”, las cuentas creadas para apoyar al presidente Enrique Peña Nieto en internet durante su campaña hacia las elecciones de 2012, hoy se dedican a bloquear protestas en redes sociales y eliminar tendencias.

De acuerdo con el estudio presentado por la Gallagher en Alemania, en el Chaos Communication Camp in Zehdenick a mediados de agosto de 2015, se identifican más de 75,000 cuentas automatizadas en Twitter para combatir las críticas al gobierno de México.

La autora mencionó que obtuvo la información del especialista y activista mexicano Alberto Escorcia y el sitio Loquesigue.tv, con lo cual ha analizado el patrón de los “Peñabots” en las protestas del 1 de diciembre de 2012 y las marchas por el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Mencionó que la tendencia más poderosa que ha existido en México es la frase del ex procurador Jesús Murillo Karam #YaMeCanse: estuvo 27 días al mismo nivel, con 4 millones de tuits antes de que los bots lo tumbaran. Se comenzó a usar #Yamecanse1,2,3 y tuvo 34 variaciones y 23 entraron a las tendencias.

 

3. Falsa percepción de los medios digitales

El optimismo sobre los medios sociales como detonadores del cambio político genera una percepción falsa, como sucedió en la primavera árabe en 2011 en Egipto, que tras las protestas fueron organizadas desde internet y redes sociales, pero llegó al poder un grupo militar más represor que el de los Hermanos Musulmanes y su ex presidente Mohamed Morsi.

La mayoría de los análisis y estudios de este caso fueron sobre los grupos sociales que lograron organizarse y protestar, con lo cual en algunas ocasiones penetraron la barrera de la agenda de los medios tradicionales y detonaron la protesta social. Pero eso genera que se investiguen poco las acciones (muchas veces represivas) de gobiernos y las formas en que evolucionan sus sistemas de propaganda en internet, como lo publicaron Moises Naim y Philip Bennett en El Tiempo de Colombia.

“Los gobiernos están teniendo el mismo éxito que internet a la hora de irrumpir en los medios de comunicación independientes y condicionar la información que llega a la sociedad”, publicaron Naim y Bennett.

El académico Aeron Davis difundió en 2010 un texto sobre la relación entre política y periodismo. Su punto de partida es que la adopción de las nuevas herramientas se ha dado por el mercado económico y la racionalización de recursos, por imperativos democráticos o la innovación tecnológica, más que por la democratización y la justicia.

 

4. La simplificación del mensaje político

Este cuarto reto lo podemos ejemplificar con la forma en que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, usó Twitter para “disculparse” con una madre víctima de la violencia.

Durante un evento en septiembre de 2015, la valiente mujer Araceli Salcedo Jiménez se le apersonó a Duarte para pedirle una audiencia por el secuestro de su hija Fernanda, en 2012, y le dijo: “¿El fiscal? El fiscal es lo mismo que ustedes: pura corrupción, señor, ¿sí? Y ríase, ríase, que no le toque a su familia, porque el día que le toque, en este pueblo mágico, va a ver lo que se siente sufrir, no ver a su hija desde hace tres años con dos meses.”

El video muestra cómo el funcionario no podía quitar la sonrisa estilizada de un político acorralado por la ciudadanía ante la impunidad de los mecanismos de justicia, y en especial un priista cercano al presidente en turno, quien está acostumbrado a controlar a los medios locales, pero no a los ciudadanos.

Por eso, Duarte utilizó la red social Twitter para ofrecer disculpas por su actitud, y anunció que recibiría a Araceli Salcedo. La falta de respeto del gobernador no mereció una conferencia de prensa o un comunicado si quiera; sólo un pobre y simple tuit. Pero lo mandó hasta varios días después, tras la presión de organizaciones civiles locales que realizaron una conferencia de prensa.

Su mensaje en Twitter tuvo cientos de retuits y comentarios, a favor y en contra, pero ninguno mereció una respuesta del mandatario estatal. Cero interacción, Twitter es sólo un medio donde el gobernante “acepta” sus errores, si el cálculo político oportunista le conviene. Simplifica la política y evita deliberar y debatir. El tuit que mandó fue para los medios, no para la ciudadanía ni para la señora Araceli.

Hay quienes podrían decir que la clase política no responde porque les envían mensajes de cuentas falsas o de enemigos políticos que no reflejan el sentir real de los usuarios de dicha red, pero en el hilo de la conversación hay quienes sí quieren dialogar con ellos.

Muchos gobiernos cuentan con servicios especializados para segmentar las opiniones de los usuarios en redes sociales, pero aunque se pagan con recursos públicos no se difunden a la sociedad, ni se utilizan de forma eficiente como política pública para atender a la ciudadanía.

Este tipo de acciones generan suspicacia, dado que en julio la vulneración al sistema Hacking reveló que gobiernos de México utilizan herramientas especializadas y de costos millonarios para espiarnos desde internet. Sí les interesa lo que decimos, pero no los mensajes que les mandamos, sino nuestras conversaciones privadas. Desvalorizan los nuevos movimientos que apelan a la argumentación más que a la descalificación.

 

5. La rendición de cuentas social ante la impunidad

Quinto reto, el derecho de acceso a la información y la transparencia son importantes, y aún quedan pendientes la presupuestación, las deudas públicas y auditorías, pero no son suficientes ya. Es necesaria la verdadera aplicación de la rendición de cuentas, casi quince años después de la llegada de esos nuevos derechos fundamentales a México.

En especial, las solicitudes de información, que son la parte activa del acceso a la información, permitieron que se generen reportajes muy relevantes que denuncien corrupción y conflicto de interés que han llegado hasta los presidentes en México.

Pero esa visibilidad no ha dado la sensación de combate a la corrupción. Es decir, en el toallagate, los negocios de García Luna y la casa blanca, por mencionar algunos de los más visibles y escandalosos, no hay percepción de verdadera rendición de cuentas, sino más bien de impunidad.

El avance en la instrumentalización del derecho de acceso a la información y la garantía del mismo, poco ha resultado en que se castigue a los responsables, como hemos visto que sí sucede con otros mecanismos en países como Brasil o Guatemala.

Pero debemos apostar a que suceda lo que en 1995 le pasó a la viceministra de Suecia, Mona Sahlin, quien renunció porque compró dos chocolates con la tarjeta utilizada para el servicio público y gastó 35 dólares, un recurso no contemplado en su presupuesto, con lo cual quedó inhabilitada del servicio por varios años.

Éste es el punto, sin llegar a la idealización mencionada previamente: la denuncia pública en los medios de comunicación tradicionales y en línea, y recientemente en las plataformas sociales, podría generar una forma de sanción simbólica hacia los políticos, aunque los aludidos sigan en la impunidad, como los señalamientos hacia Alfredo Castillo, hoy titular de Conade, sobre la masacre de Apatzingán cuando era comisionado en Michoacán.

Esta idea ha sido desarrollada por diversos académicos en América Latina. Desde el 2000 fue planteada, en especial, por Catalina Smulovitz y Enrique Peruzzotti, quienes ampliaron la conceptualización de la rendición vertical y horizontal de Guillermo O’Donnell planteada desde finales de los noventa, en este caso con el agregado ‘social’.

Su argumento es sólido: si el autoritarismo presidencial no puede ser atado a las plataformas o promesas de campaña, entonces el terreno para la rendición de cuentas electoral, es decir, el voto, desaparece.

Parece que se firma un cheque en blanco cuando ganan para que puedan disponer de su poder público dejando a un lado todo lo que prometieron.

En este contexto, en muchos países de América Latina los medios de comunicación están tomando un rol importante al revelar abusos de la clase política y empresarial, con lo cual mantienen a los gobernantes en una especie de vigilancia mediática en que la movilización social relevante genera reacción de mecanismos horizontales (institucionales) de rendición de cuentas.

 

6. Replanteamiento del debate público

La sociedad civil, los periodistas y académicos no podemos mantenernos sólo en la descripción conceptual de los hechos, las ideas o el uso de las plataformas institucionales. Es importante comprobarlo y provocar la investigación, dado que en muchos casos hay incumplimiento flagrante de la ley.

Un ejemplo: el análisis de los medios como un mecanismo de rendición de cuentas social ha sido analizado más a fondo por Michelle Bonner, en 2009 en Argentina, donde se tomó como objeto de estudio el abuso policiaco en las protestas sociales de ese país.

A través de entrevistas de periodistas con una amplia gama de actores políticos y sociales, los medios pueden establecer un consenso (que puede ser llamado estatal-social) sobre un acto en particular que no se justifica, aunque sea legal; por ejemplo, la represión de la protesta social.

Bonner plantea que la consecuencia de este debate puede llevar a determinar en un “acuerdo generalizado” sobre quién o quiénes son responsables en las instancias públicas, por qué y cómo deberían responder al escrutinio público. En México podemos entenderlo con el caso Ayotzinapa, en que las responsabilidades de la desaparición de los estudiantes se han plasmado no sólo en posibles delincuentes, sino en dependencias del Estado.

En este sentido, los medios en sí mismos son un mecanismo de rendición de cuentas que permite a las organizaciones civiles (otro mecanismo de rendición de cuentas social) tener más visibilidad.

 

Redefiniciones

Es un hecho que diversos medios sociales y periodistas ciudadanos han logrado posicionar temas en la agenda pública, dándole visibilidad al periodismo, desde el uso de internet en un sistema de medios concentrado.

Pero en la mayoría de los casos sin claridad en la forma y sin un sistema establecido; por ejemplo, la salida del titular de Proceso por el caso de Lady Profeco en julio de 2013 o el titular de Conagua en abril de 2015 por usar un helicóptero para beneficio personal.

Como dice la frase en latín libertas capitur, “la libertad se conquista” y estos cambios deben llevarnos, además, a un debate teórico que redefina el concepto de periodismo y comunicación política, con estudios académicos que comparen los contenidos entre medios tradicionales con los medios digitales para conocer el verdadero impacto de incidencia en las políticas públicas y avanzar más rápido hacia una democracia deliberativa.


Alejandro Cárdenas López (@alcarlop) es periodista, profesor de la Universidad Iberoamericana y consultor de medios digitales.
Este texto es una adecuación de la ponencia presentada en el “Coloquio Libertad de Información y el derecho a saber, un reto para la vida democrática”, realizado por la CDHDF el 29 de septiembre 2015.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @PrensaIbero

Página web: Ibero Ciudad de México

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.