Nada ha variado. La criminalización del consumidor no se va a detener con aumentar de 5 a 28 gramos la portación de cannabis, porque no se ha legalizado el consumo recreativo ni médico de la planta psicoactiva, tampoco se ha legalizado su venta y mucho menos el cultivo. Sólo nos están dando marihuana con el dedo.

Primero dejémonos de mojigaterías: el principal motivo por el que alguien traería consigo marihuana es para ponerse pacheco –los motivos son irrelevantes–; así, si queremos dejar de perseguir al consumidor tenemos que despenalizar el consumo, además de la portación.

El segundo motivo por el que alguien tendría consigo cannabis es para suministrársela (venta o regalo) a quien se quiere poner pacheco, pero como el suministro de marihuana es ilegal, entonces, si se les encuentra en el momento de la venta, hay un delito.

Tal esquema se impuso en Chile hace algunas décadas, y llegaron a absurdos como que si una persona era detenida consumiendo (porque, recordemos, el consumo es delito), al preguntarle cómo la había obtenido, si decía que la sembraba, era delito, y se iba a la cárcel, pero si decía que le habían rolado el churro, el que se iba a la cárcel era quien –generosamente– le había extendido el cigarrito. Entonces hay que despenalizar el suministro.

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El tercer punto es que la marihuana no se da por generación espontánea, y aunque puede crecer libre, es cosa más que rara, entonces hay que sembrarla. Pero su siembra también es ilegal.

Este esquema imperó en Uruguay desde la dictadura militar, que en 1974 legalizó la tenencia para consumo de marihuana.

Como vemos, la propuesta del Ejecutivo federal mexicano es deficiente aun frente a una que tiene 41 años y que tampoco funcionó, porque llegamos al mismo punto: la puedo tener y la puedo consumir como mejor me dé la gana, ¿cómo esperan que la consiga si no se puede sembrar? La solución es despenalizar la producción.

De acuerdo con la propuesta, que ya muchos catalogan de revolucionaria, pero en realidad es ingenua y engañosa, todo se reduce a lo siguiente: “Usted puede sacar a pasear a la calle 28 gramos de marihuana, pero asegúrese que sea silvestre –o que se la haya traído el Espíritu Santo–, y por ningún motivo se la puede dar a alguien más, ni se puede poner pacheco con ella”.

También resulta equivocada en cuanto a autorizar la investigación clínica para desarrollar productos a partir de marihuana, porque nos enfrentamos a dos problemas: primero, hay que legalizar la siembra o autorizar su importación, que es lo que sucederá con la autorización para medicamentos con cannabinoides. En el caso de la importación resultaría criminal seguir teniendo muertos y violencia mientras se autoriza a los grandes laboratorios (ésos que alguna vez comercializaron la cocaína como remedio para la gripa y luego vendieron la heroína para curar la adicción a la cocaína) que investiguen o vendan medicamentos cuya producción en suelo nacional es ilegal.

En 2015 tuve la posibilidad de asistir a la discusión del “Documento de posición sobre las reformas a las políticas de drogas” del Observatorio del Crimen Organizado y la Gobernanza Democrática para América Latina y el Caribe, auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, que se presentó en el UNGASS 2016. De ese trabajo colectivo me gustaría destacar algunos puntos:

  1. Tras más de 50 años, la política prohibicionista vigente, centrada en el control de la oferta, ha fracasado en sus objetivos: no logró “un mundo sin drogas”, no redujo el consumo, no mejoró la salud pública ni el acceso a medicamentos producidos con plantas usadas para fabricar sustancias ilícitas.
  2. La imposición de este régimen generó el florecimiento de un mercado ilegal y violento controlado por el crimen organizado; afectó los sistemas de justicia y penitenciarios de la región; causó daños ambientales irreversibles en las áreas de cultivo de plantas usadas para producir sustancias ilícitas, y terminó por permitir la captura de las instituciones estatales y privadas por parte del crimen organizado, lo cual genera graves problemas en la gobernabilidad democrática de nuestros países.
  3. Las políticas prohibicionistas han tenido un impacto negativo, especialmente en personas en condiciones de vulnerabilidad, que hacen parte de los eslabones más débiles del circuito económico de las drogas ilegales, como las mujeres, los jóvenes, indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otras. Las mujeres en situación de precariedad en particular han sido crecientemente privadas de la libertad en los países de América Latina y el Caribe por delitos asociados a las drogas.
  4. Es necesario cambiar el énfasis de la persecución de los eslabones débiles del circuito económico de las drogas ilegales e implementar políticas que apunten a desmantelar la mecánica y las estructuras de crimen organizado que controlan el comercio ilegal de sustancias psicoactivas y sus negocios conexos, incluido el lavado de dinero, poniendo especial atención en el combate a la corrupción en los actores políticos y aquellos encargados de hacer cumplir la ley. (Las negritas son mías.)

Resultaba difícil esperar que la UNGASS 2016 desmantelara más de 50 años de prohibición, cientos de oficinas y miles de millones de dólares dedicados al combate; sin embargo, es un avance que haya tenido lugar la discusión.

Hay que entender que debido a lo burocrático y complejo que resultar ser el derecho internacional, así como lo complicado del multilateralismo (ponerse de acuerdo entre todos) es difícil cambiar el paradigma desde arriba. Sin embargo, los espacios regionales como la Celac, Caricom, Mercosur y Unasur han resultado espacios ideales para llegar a acuerdos.

Los cambios en el corto plazo, tal y como señala el documento del Observatorio, se están dando en los ámbitos nacionales, como sucedió con Uruguay y con más de una docena de estados de la Unión Americana, porque finalmente en el derecho internacional prima la autodeterminación de los pueblos y su derecho a la soberanía.

Es en esos espacios donde los ciudadanos y nuestros gobiernos podemos realizar los cambios radicales que llevarán hacia un cambio progresivo y global en el paradigma legal sobre las drogas. El asunto de los 28 gramos es sólo darnos marihuana con el dedo.

 

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