Hay que aprovechar el importante rol del Poder Judicial de la Federación para dialogar a fin de demostrar la utilidad y eficacia de una sana política de drogas, en respuesta a las necesidades de los mexicanos y la humanidad en su conjunto.

 

Derrota de lo penal, triunfo por la salud

Las políticas públicas prohibicionistas de drogas han ocasionado muy graves consecuencias, “no intencionadas”, como diría la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La realidad está a la vista de todos: incremento de la violencia, mercado ilegal imparable, corrupción a todos los niveles, adicciones sin tratamiento y aumento desmedido en los presupuestos de seguridad. Ante estos pésimos resultados no podemos seguir así, pues nada ni nadie obtiene cambios positivos.

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A pesar de que México es parte al suscribir la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde se establece que la salud y el bienestar de la humanidad son el principal objetivo de las naciones participantes, lo cierto es que, desafortunadamente, ningún Estado está cumpliendo tal objetivo. Por el contario, dedican sus esfuerzos a prevenir la posesión, uso y consumo de drogas a través de medidas punitivas, sólo criminalizando el fenómeno, situación que únicamente ha empeorado el problema.

Los gobiernos abordan el tema, pero pretenden solucionarlo sólo con encarcelación y criminalización masiva de personas por delitos de drogas, incluida la marihuana, que tiene muy bajo impacto real en la sociedad.

En ese contexto, la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) llevaba casi dos décadas buscando cómo lograr las mejores condiciones de seguridad, justicia y legalidad en México. Pero todos sus esfuerzos estaban siendo infructuosos y se dieron cuenta de que si no se reformaba –de fondo– la política pública de drogas era imposible lograr resultados positivos y el gobierno seguiría haciendo las cosas igual de mal.

 

Fin del paradigma del prohibicionismo

Es evidente que el paradigma del prohibicionismo de las drogas ha ampliado el poder de las organizaciones criminales y reducido la estabilidad del propio Estado.

La absurda prohibición supone que el mercado de la droga se elimina a partir de tres supuestos:

  1. Que el Estado puede controlar el interés del crimen organizado.
  2. Que se podrá eliminar la oferta de drogas, y en consecuencia…
  3. Que se podrá eliminar la demanda de drogas.

Sin embargo, estos tres supuestos son falsos y han provocado inmensos costos o “consecuencias no intencionadas”, incluyendo:

  • La creación de un mercado negro criminal que ofrece muy atractivas ganancias ilícitas.
  • El total desplazamiento de las políticas públicas de salud a un lejano segundo término, pues sólo se privilegian las políticas de criminalización penal.
  • El desplazamiento geográfico de los centros de producción y distribución de drogas, también conocido como efecto globo.
  • El desplazamiento de sustancias, de una controlada a otras con efectos similares para el usuario
  • La mala percepción de las autoridades sobre las personas que consumen drogas, generalmente excluyéndolas, marginándolas o infligiéndoles un estigma moral, pero alejándolas del sistema de salud y sin una verdadera política de tratamiento de adicciones.

 

Estrategia legal

Fue así como MUCD ideó llevar a cabo un plan para tramitar, por los conductos legales, un juicio de amparo estratégico en México. Diversas personas solicitaron a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) una autorización para consumir marihuana de forma regular y personal, con fines lúdicos o recreativos, y realizar las actividades correlativas al autoconsumo (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y en general todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana), en el entendido de que su petición excluía expresamente “los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma”.

Tal solicitud, como se esperaba, les fue negada por las autoridades de Salud de México, por lo que promovieron el juicio de amparo, en el cual señalaron que el libre desarrollo de la personalidad da cobertura a la decisión de consumir marihuana para fines lúdicos. El amparo también les fue negado, por lo que los promoventes-quejosos recurrieron ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su comunicado oficial, la SCJN informó que en sesión del 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala resolvió el amparo en revisión número 237/2014, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En este asunto se determinó que debe otorgarse autorización a los cuatro quejosos para el consumo personal de marihuana, sin que ello constituya una autorización para su comercialización, ni para el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos.

La sentencia judicial consideró que, efectivamente, el derecho fundamental en cuestión permite que las personas mayores de edad decidan, sin interferencia alguna, qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que permite llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección, lo que no significa que tal derecho no pueda ser limitado con la finalidad de perseguir objetivos protegidos por la Constitución mexicana, como la salud y el orden público.

Sin embargo, se encontró que el sistema de prohibiciones, tal y como está configurado, no es una medida necesaria para proteger la salud y el orden público, pues existen otras alternativas para alcanzar dichos objetivos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, la medida impugnada impide el consumo de marihuana en cualquier circunstancia cuando, para alcanzar los fines que pretende, podría limitarse a desalentar ciertas conductas o a establecer prohibiciones en supuestos más específicos, como manejar vehículos o instrumentos peligrosos bajo los efectos de la sustancia, consumirla en lugares públicos o que la consuman menores de edad.

La ruta del caso y el amparo estratégico de SMART se encuentra en su sitio web o en la página de MUCD.

La conclusión es contundente: la prohibición absoluta del autoconsumo de marihuana es inconstitucional, señaló la Primera Sala de la SCJN. Además, el comunicado de la Suprema Corte señala que, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege el sistema de prohibiciones administrativas al consumo de marihuana, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Así, a pesar de que se reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso no se encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo, por lo que la prohibición resulta inconstitucional.

En este sentido, la resolución enfatiza que no se minimizan los daños que puede ocasionar la marihuana en el consumidor mayor de edad; sin embargo, entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada individuo. Así, la posibilidad de decidir responsablemente si se desea experimentar los efectos de esa sustancia, a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona, pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cabe aclarar que la sentencia sólo beneficia a los quejosos y tiene como efecto que se les otorgue la autorización que solicitaron para la realización de las actividades relacionadas con el autoconsumo, sin incluir la comercialización, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros.

 

¿Tú dialogas o debates?

Por lo anterior, México debe aprovechar el importante rol del Poder Judicial de la Federación para articular el cambio en sus políticas públicas en el tema de drogas y concretar un verdadero diálogo con el fin de demostrar la utilidad y eficacia de una sana política de drogas, en respuesta a las necesidades de los mexicanos y la humanidad en su conjunto. Dejar de ver solo al derecho penal, para privilegiar la educación y la salud como máximos valores.

César Gaviria, ex presidente de Colombia y comisionado en la Comisión Global de Políticas de Drogas, afirma que la criminalización de los jóvenes y de los consumidores de drogas genera estigma y aleja a las personas de los servicios de salud e información que más necesitan. Tristemente, las políticas de drogas nunca han sido un campo en el que prime la evidencia o la eficacia de las políticas públicas. Obviamente, todos queremos proteger a nuestras familias de los potenciales daños de las drogas. Sin embargo –señala–, ¿en qué otra área de la salud pública criminalizamos a las personas a las que buscamos ayudar?

Existe evidencia suficiente, basada en la realidad, de que los costos para la sociedad que generan el encarcelamiento, las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, la pérdida de control del Estado sobre porciones del territorio, los desplazamientos forzados y, en general, las severas afectaciones al tejido social generadas por la guerra contra las drogas, superan –con mucho– el daño que hacen las propias drogas. Además, la mayor parte de la violencia y de las fatalidades por el uso de las drogas no son consecuencia de las drogas en sí mismas, sino de la absurda prohibición y ausencia de regulación en favor de la salud pública.

Con todas las deficiencias que puedan existir en las autoridades del Estado mexicano, para la sociedad civil organizada es mucho mejor apuesta trabajar colaborativamente con dichas autoridades que pretender que el regulador del mercado sea únicamente la poderosa delincuencia, cuyos únicos incentivos son crecer el consumo ilegal y maximizar la rentabilidad de sus ilícitos negocios.

Con el nacimiento de la burocracia prohibicionista, el derecho penal ha perdido toda su eficacia frente al combate a las drogas. En las burocracias autoritarias, como la de México, el derecho penal se reduce sólo a juzgar si se cumplen o no las instrucciones de gobierno, y deja de ser importante el bienestar o los daños a la sociedad que causan las absurdas instrucciones. Y así, los burócratas que las cumplen no sienten culpa, porque renunciaron a su propia conciencia y decidieron sólo cumplir órdenes.

 

Algunos mitos sobre las drogas

Desafortunadamente, muchos aspectos del diálogo y el debate sobre este tema están contaminados por mitos y creencias tradicionales, muchas de ellas cuasirreligiosas o moralistas, que llevan a conclusiones poco soportadas por la evidencia disponible. Por ejemplo, el mito de que “el número de mexicanos que ha usado drogas ha venido creciendo consistentemente”. Esta afirmación es mañosa: todo país con un alto porcentaje de niñas y niños tendrá un creciente número de habitantes que han probado la droga, conforme va madurando su población. Esto, por sí mismo, no implica un problema. Como en el alcohol, hay que diferenciar entre usuario y usuario problemático. La abrumadora mayoría de los usuarios de alcohol no son alcohólicos. Lo mismo sucede con la marihuana y otras drogas. Además, imagínense si a todo alcohólico lo criminalizáramos con la cárcel como primera estrategia, por encima de su tratamiento como adicción que daña su salud. Portugal rompió este tabú hace años con excelentes resultados a través de sus Comisiones de Disuasión, dando un trato diferenciado al usuario del usuario problemático.

Como bien dice Armando Santacruz, consejero de MUCD, otro mito es que “si a pesar de la dura represión contra las drogas hay tantos adictos, seguramente si los dejamos de perseguir proliferarán”. El consumo de drogas no depende de qué tan duro se penalice o deje de penalizar su uso. El porcentaje de adictos en EU en 1914, cuando las drogas eran legales, era de 1.3% de la población. Para 1970, año en que Nixon declaró la “guerra contra las drogas”, el porcentaje seguía en 1.3%. Hoy, a casi 100 años de la prohibición de las drogas, el porcentaje de adictos es 1.3%.

¿Es razonable pensar que el hecho de que las drogas sean legales o ilegales o se les penalice mucho o poco incide en su consumo? ¿O será más razonable pensar que las variables que inciden en su consumo están en otro lado y sería más provechoso identificarlas y atacarlas en forma científica? En 10 años de descriminalización, Portugal redujo a la mitad el número de usuarios problemáticos. El programa de heroína médica en Suiza logró bajar de 30,000 a 26,000 el número de adictos a la heroína y reducir de 710 a 250 el número de muertes anuales por sobredosis. En Holanda, desde la introducción de los coffee shops, el consumo de cannabis permanece estable. ¿Dónde está la ventaja de reprimir?

La gobernanza es la estrategia más efectiva para eliminar éstos y otros tantos mitos sobre las drogas, e incidir en las políticas públicas, establecer estándares internacionales de cumplimiento regulatorio y ajustar la visión para enfrentar el monstruoso desafío que nos impone la criminalidad. Requerimos más hechos y menos discursos. El objetivo esencial de la gobernanza efectiva es generar la cooperación ciudadana para conseguir el bienestar, paz y calidad de vida que la sociedad demanda. No se trata de imponer, de dominar. La gobernanza la puede gestionar el gobernante con su acción política, pero también –y sobre todo– la generan los propios ciudadanos con su acción social. Reitero: las leyes son para tu bien, o no son leyes.

 

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