Las Asociaciones Público Privadas son la alternativa para que México desarrolle proyectos de infraestructura de manera eficiente y sustentable, en cualquiera de sus niveles de gobierno.

 

Por Fabián O. Monsalve Agraz, Juan Carlos Guerra Gascón y Santiago Tejeda Palacios

Hoy en día, todo país en vías de desarrollo debe contar con proyectos de infraestructura sólidos y eficientes que soporten su crecimiento y un desarrollo sustentable integral del mismo. Lamentablemente, en México hay carencia de infraestructura; tan es así que el Foro Económico Mundial, en su Reporte Global de Competitividad 2014-2015, colocó a México en lugar 65 por la competitividad de su infraestructura, por debajo de países como Malasia, Omán, Trinidad y Tobago, Costa de Marfil y El Salvador.

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Provisión de infraestructura tradicional

Históricamente, la infraestructura en México ha sido proveída en mayor medida por el gobierno, mediante contratos de obra pública tradicional otorgados a través de una licitación pública, en los que el particular participa únicamente como contratista del gobierno y los recursos provienen casi en su totalidad del presupuesto autorizado para construir, operar y/o dar mantenimiento al proyecto.

Bajo este escenario, el riesgo y cualquier incremento en el costo de la obra sería responsabilidad del gobierno. En algunos casos, cualquier variación en la obra o en los precios de la misma puede generar una paralización del proyecto, ya que la entidad encargada de resolverlo, al ser pública, se encuentra sujeta a distintas restricciones presupuestarias, burocráticas e incluso políticas.

Al considerar tantas complicaciones que pueden presentarse en proyectos de infraestructura es inevitable preguntarse: ¿Existe alguna otra forma para desarrollar proyectos de obra pública? ¿Cómo han desarrollado otros países sus proyectos de infraestructura de manera exitosa? ¿Es posible replicarlos en México? ¿Cómo contar con infraestructura de primer nivel sin que esto represente una carga excesiva para el erario?

 

Asociaciones Público Privadas

Una respuesta viable a los planteamientos anteriores son las Asociaciones Público Privadas (APP). Las APP han sido utilizadas en la Unión Europea desde los años noventa, y en los últimos 20 años han formalizado más de 1,000 proyectos de infraestructura bajo el esquema de APP. En México fueron introducidas a nivel federal a través de la Ley de Asociaciones Público Privadas publicada en enero del 2012, y algunos estados han ido adoptando su ley local. Es importante mencionar que el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del gobierno federal prevé una cantidad considerable de proyectos mediante esquema APP.

Una APP es un contrato a largo plazo, celebrado por una instancia pública y un particular, para la prestación de un servicio público o explotación de un bien de dominio público, cuyo servicio requiere de la construcción total o parcial de infraestructura por medio del particular contratante. Una APP puede requerir o no recursos públicos presupuestarios, pero en todo caso requerirá que algún porcentaje del proyecto sea fondeado por el sector privado.

Las APP son un vehículo idóneo para proveer de infraestructura al país, ya que están diseñadas para que el sector privado tome un rol más proactivo en el proceso, sea para conseguir el financiamiento necesario o para culminar las obras de infraestructura y comenzar a prestar el servicio público, considerando que la prestación de dicho servicio será una de las principales fuentes de pago y de retorno de la inversión para el particular.

Entre otros beneficios de las APP están:

  • Permiten eliminar las restricciones presupuestarias, abriendo el financiamiento de los proyectos al sector privado.
  • Generan una segregación y transmisión equilibrada de los distintos riesgos del proyecto, a la parte que está en mejores condiciones de manejarlo, sea el sector público o privado.
  • Aseguran la viabilidad económica, social y técnica del proyecto desde su inicio.

 

Financiamiento y estudios previos

Las APP fueron diseñadas para que los proyectos de infraestructura sean desarrollados con fondos provenientes total o parcialmente del sector privado, no dependiendo así del erario. No obstante, existe la posibilidad de que el gobierno aporte recursos monetarios presupuestarios o en especie; dígase los inmuebles, autorizaciones o permisos necesarios para la construcción de la obra y la prestación del servicio público.

Entonces, ¿cuál es la estrategia o estructura ideal para financiar un proyecto APP? Es aquí donde entra en juego el concepto de Project Finance, que es un mecanismo especializado de financiamiento para grandes proyectos, en el que se establecen reglas claras respecto de los riesgos, flujos y papel que tendrán las diferentes partes (stakeholders) durante el proyecto: inversionistas, acreedores, constructor, promotor del proyecto APP, entidad pública contratante, subcontratistas, etc.

Resulta de gran importancia mencionar la extensa variedad de estudios técnicos, legales, financieros y sociales, entre otros, que deben realizarse de forma previa para determinar la viabilidad del proyecto, así como para evaluar el impacto del mismo y su bancarización, evitando los famosos “elefantes blancos”, cuya única utilidad ha sido servir como ejemplo de corrupción y desvío de recursos.

 

Propuestas no solicitadas

Otro tema interesante y novedoso que resulta de las APP es el de las Propuestas No Solicitadas (PNS). Ordinariamente, las entidades públicas son las encargadas de determinar las necesidades de la población en cuanto a proyectos de infraestructura. Sin embargo, hay ocasiones en las que el sector privado está en mejor posición de identificar una oportunidad o necesidad de proyectos de infraestructura, en cuyo caso la nueva Ley de APP permite a dicho particular promover el proyecto que considere necesario, sometiéndolo a la consideración de la entidad pública correspondiente, que podrá determinar la viabilidad o no del proyecto.

Según el Centro Consultivo de Infraestructura Público-Privada (Public-Private Infrastructure Advisory Facility, en inglés), los países en vías de desarrollo han tenido un auge con dichas propuestas; Taiwán, por ejemplo, ha realizado 43% de sus proyectos de infraestructura a través de PNS bajo el esquema APP.

En conclusión, las APP presentan una alternativa real, viable y eficiente para que México pueda desarrollar proyectos de infraestructura de manera eficiente y sustentable, en cualquiera de sus niveles de gobierno, a diferencia de la contratación pública tradicional.


Fabián O. Monsalve Agraz es socio, Juan Carlos Guerra Gascón es asociado, y Santiago Tejeda Palacios es asociado, integrantes de la firma legal Baker & McKenzie.

 

Contacto:

Twitter: @BakerMcKenzieMX

Facebook: BakerMcKenzieMexico

LinkedIn: Baker & McKenzie México (Grupo)

Página web: Baker & McKenzie in Mexico

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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