El protocolo de actuación ante protestas sociales y bloqueos que propone la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resulta insuficiente toda vez que se necesita una ley que de verdad cumpla con las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, indicó un experto.

La propuesta de la ejecutivo local parece más “un acto político que regulatorio”, puesto que lo que se necesita es un trabajo integral; un análisis legislativo profundo para que Ley Nacional del Uso de la Fuerza corresponda el sistema penal mexicano y no al estadounidense, explicó Daniel Gómez-Tagle, experto en derechos humanos.

El 21 octubre, Sheinbaum Pardo anunció  la creación de un protocolo de actuación ante protestas, el cual se realizará con la asesoría de 10 especialistas en derechos humanos, entre ellos Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

Acatar medidas internacionales

En México, las leyes y protocolos referentes a manifestaciones sociales no toman en cuenta los principios básicos del uso de la fuerza propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)refirió el también experto en uso de la fuerza.

Abundó que la ONU sugiere a las naciones elaboren protocolos propios que cumplan con los objetivos de las recomendaciones en materia de derechos humanos, mas no que implementen tales sugerencias como su documento normativo.

Insistió que la normatividad mexicana en esta materia está más apegada al sistema jurídico estadounidense que al mexicano, lo cual “es un gran riesgo”, ya que “todo lo que hagas en materia de uso de la fuerza publica y física no va a cumplir” con las leyes en este país.

El día que la Jefa de Gobierno anunció la creación de este protocolo dijo que no se legislaría en este rubro, ya que no se pretende “reprimir los movimientos sociales” ni “criminalizar la protesta social”; en su lugar se creará un “marco de actuación” que garantice el derecho a la manifestación y al libre tránsito.

Gómez-Tagle refirió que no se puede legislar a nivel local, puesto que ya existe una ley nacional al respecto, pero sí se debe “revisar la Ley Nacional del Uso de la Fuerza”, ya que no se puede “seguir actuando como se ha hecho” hasta ahora.

Sentenció que de no usar el uso de la fuerza de manera correcta en situaciones de “motín” por evitar un costo político, éste será más grande a corto plazo, ya que la delincuencia y el vandalismo se aprovecharán de ello.

Protesta y tránsito, garantía para ambos

Carlos Ventura, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que en la elaboración del protocolo, además de respetarse los tratados internacionales en la materia, se debe contemplar el apartado de Constitución de la CDMX referente al tema.

De acuerdo con el artículo 7, fracción 3 y apartado 4 del documento, “la protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros”.

Además, “las autoridades adoptarán protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros derechos”.

Por ello, confió en que el documento que emitirá el Gobierno de la CMDX respete y vele por los derechos de manifestación y de libre tránsito, los cuales el Estado debe garantizar.

Ventura señaló que la propuesta se centra en bloqueos viales y su solución, por ello resaltó la importancia de que se incluya en la discusión la participación de agentes gubernamentales de primer contacto, antes que elementos policiacos.

Explicó que de esta manera se puede dar atención a las demandas de los manifestantes y “así como dispersar o revertir el bloqueo” vial. Por ello, reiteró en “cambiar el paradigma” y abrir la discusión.

Aunque también recordó que la Ciudad de México es el “epicentro del debate público y político de grandes temas en el país”, por lo que algunas protestas rebasan la jurisdicción de la Jefa de Gobierno, como las manifestaciones por el caso Ayotzinapa.

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