El sector armamentista de Estados Unidos respondió a la denuncia que presentó México contra el sector, a quien acusa de abastecer al mercado criminal local y a quien que reclama una compensación económica que podría alcanzar los 10,000 millones de dólares.
En un comunicado, la Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas y aseguró que México lo que busca es un chivo expiatorio.
“Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas. La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público. México busca chivo expiatorio”, aseguró.
La organización agregó que en lugar de buscar el chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia.
“El gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, aseguró.
“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México es una afrenta a la soberanía estadounidense y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses respetuosos de la ley a poseer y portar armas. Un derecho denegado al pueblo mexicano que no puede defenderse de los cárteles”, dijo.
La inédita demanda civil, interpuesta ante una corte federal de distrito en Massachusetts, acusa a unidades de Smith & Wesson ; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company y otras de “prácticas negligentes” que facilitan el tráfico ilegal de sus productos a México.
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De acuerdo con la demanda, “casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México -entre el 70% y el 90% de ellas- fueron traficadas desde Estados Unidos”.
En rueda de prensa, el canciller Marcelo Ebrard reveló que la fiscalía general y su contraparte estadounidense trabajan en acciones legales contra los traficantes de armas en territorio de Estados Unidos, pero reconoció también que su país debe mejorar los controles que impone.
“México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera”, admitió Ebrard, aunque argumentó que el recurso jurídico, en caso de resultar exitoso, puede servir para que las empresas armamentísticas dejen de actuar de esa forma.
Entre los casos incluidos en la demanda en los que supuestamente fueron usadas armas de esas compañías en México figura un choque entre militares y sicarios de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando fue detenido y liberado en un operativo fallido en octubre de 2019.
Con información de Reuters.
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