Reuters.- El gobierno de México demandó este miércoles ante una corte federal de Estados Unidos a varios fabricantes de armas en ese país, a quienes acusa de abastecer al mercado criminal local y a los que reclama una compensación económica que podría alcanzar los 10,000 millones de dólares.
Desde hace años, varios gobiernos mexicanos han pedido a Washington hacer más para frenar el tráfico ilegal de armas, pero es la primera vez que el reclamo llega a los tribunales, impulsado por el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de hallar nuevas formas de atajar el problema.
La inédita demanda civil, interpuesta ante una corte federal de distrito en Massachusetts, acusa a unidades de Smith & Wesson ; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Company y otras de “prácticas negligentes” que facilitan el tráfico ilegal de sus productos a México.
Ninguna de esas compañías respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Según el documento, visto por Reuters, durante décadas las autoridades y la población del país latinoamericano han sido víctimas de “una avalancha mortal de armas de estilo militar y otras armas particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera hasta manos criminales”.
El texto asegura que no se trata de un fenómeno natural o una consecuencia inevitable del negocio sino “el resultado previsible de las acciones deliberadas y las prácticas comerciales de los demandados”.
“Los acusados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de una manera que saben que habitualmente arman a los cárteles de la droga en México”, denuncia. Entre otras cosas, los productos son fácilmente modificables para convertirse en automáticos y, por tanto, más letales, agrega.
El Gobierno cuestiona a esas compañías por desafiar las recomendaciones de autoridades de ambos países para prevenir el comercio ilegal. “En su lugar eligen continuar abasteciendo al mercado criminal de armas en México, porque se benefician de ello”, apunta.
Los daños reclamados por la nación latinoamericana como compensación equivaldrían a unos 10,000 millones de dólares, dijeron funcionarios. La cancillería estima en medio millón anuales las armas que entran al país de forma ilegal y que llegan a manos del crimen organizado.
De acuerdo con la demanda, “casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México -entre el 70% y el 90% de ellas- fueron traficadas desde Estados Unidos”.
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En rueda de prensa, el canciller Marcelo Ebrard reveló que la fiscalía general y su contraparte estadounidense trabajan en acciones legales contra los traficantes de armas en territorio de Estados Unidos, pero reconoció también que su país debe mejorar los controles que impone.
“México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera”, admitió Ebrard, aunque argumentó que el recurso jurídico, en caso de resultar exitoso, puede servir para que las empresas armamentísticas dejen de actuar de esa forma.
Entre los casos incluidos en la demanda en los que supuestamente fueron usadas armas de esas compañías en México figura un choque entre militares y sicarios de uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuando fue detenido y liberado en un operativo fallido en octubre de 2019.
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