Por Manuel Aguilera*
México enfrentará en 2018 un escenario complejo. En el tercer trimestre de 2017, la economía se contrajo un -0.3%, anulando el crecimiento que había registrado el trimestre previo. Con ello, la estimación para el conjunto del año se sitúa en el entorno del 2.3%, prolongando así el crecimiento sub-par de la economía mexicana.
Por otra parte, a pesar de que
la inflación anual se ubicó en el 6.77%, ligeramente por encima de las expectativas del mercado, se prevé que el Banco de México la haga converger hacia finales de 2018 en la banda objetivo del 3-4%.
En su reunión de diciembre, el banco central elevó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos para llegar a 7.25%, luego de haberla sostenido en 7% desde junio. La decisión ha sido justificada por la necesidad de reforzar la tendencia a la baja de la inflación, y mantener ancladas las expectativas de mediano y largo plazos. Así que es previsible que las tasas de interés hayan alcanzado ya su punto máximo, y que el Banco de México comience a reducirlas en línea con la desaceleración esperable de la inflación.
Si bien es cierto que, en términos de actividad económica, 2018 podría terminar siendo un año muy parecido a 2017, tendrá una característica que lo distinguirá: podría ser el año que defina las perspectivas de mediano plazo para la economía mexicana. En medio de una compleja encrucijada económico-política, 2018 concentrará tres riesgos clave:
- El derivado del final de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
- El asociado al avance de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos.
- El ciclo político en el país.
Primero, la conclusión de la
negociación del TLCAN determinará si la inversión en México intensifica su pulso y se convierte en un factor que dinamice la actividad económica. Segundo, la senda que finalmente adopte la normalización monetaria en Estados Unidos a la luz de la nueva integración de la Reserva Federal será clave en la postura monetaria del Banco de México y en su capacidad para, en el marco del objetivo primario de control de la inflación, estimular el crecimiento de la economía. Y tercero, las elecciones de julio despejarán la incógnita respecto al ascenso de corrientes políticas más proclives a una política económica heterodoxa.
Se trata de tres fuentes de incertidumbre que, por lo pronto, parecieran sesgar a la baja las perspectivas inmediatas. No cabe duda, sin embargo, que de la forma en que se definan estos eventos dependerá no solo las características inmediatas que adoptará la política económica, sino también, en un sentido más amplio, el
panorama para la economía mexicana en el futuro. Y es que una vez pasada la encrucijada de 2018, México dará inicio a un nuevo ciclo que lo llevará a enfrentar viejos fantasmas: los retos estructurales de largo alcance.
La economía mexicana debe ser capaz de crecer por encima de la tendencia inercial a la que se encuentra anclada desde hace varios años, y aproximarse a su potencial de crecimiento de largo plazo. Más allá de las indispensables consideraciones cortoplacistas, sostener y ampliar el ritmo de crecimiento de la economía es la base para hacerlo inclusivo y convertirlo en un instrumento que reduzca la polarización social.
En su postrera obra, el maestro Víctor L. Urquidi nos recordó que
“…los problemas estructurales son, por su propia naturaleza, la sustancia del desarrollo”. Este es un buen momento para tenerlo en mente. Las principales reformas estructurales han sido acometidas, pero aún falta que rindan frutos en términos de dotar de mayor dinamismo al crecimiento y de mayor inclusión a sus resultados. Evitando confundir (especialmente en medio de la dialéctica electoral) la pertinencia del diagnóstico con las medidas que se sugieren para enfrentarlo, crecer de forma más dinámica y con mayor equidad sigue siendo el reto fundamental para el futuro de la sociedad mexicana.
*Director General del Servicio de Estudios de MAPFRE
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