En un listado de 69 naciones, México obtuvo los peores índices por violaciones a derechos humanos, que representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracteriza al país.

En un rango de medición que va del 0 al 100, donde 0 significa impunidad nula y 100 el máximo nivel de impunidad que puede alcanzarse, el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017 asignó 100 a México.

El puntaje del país respecto a la protección de derechos humanos es de -1.21, advierte el estudio.

La evaluación sobre la protección de derechos humanos del índice se enfocó en la defensa por parte del gobierno de la integridad física de los ciudadanos considerando los casos de tortura, asesinatos gubernamentales, encarcelamiento político, juicios extrajudiciales, asesinatos masivos y desaparecidos.

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Tanto México como América Latina destacan por tener condiciones muy marcadas en el mal desempeño de la estructura de justicia y violación a los derechos humanos, advirtió Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), institución que elaboró dicho estudio.

Latinoamérica fue calificada por el Índice con 76.75 en violaciones de derechos humanos.

El estudio señala que las naciones que no exigen sistemas robustos en materia de seguridad y justicia, en el marco del respeto a los derechos humanos, están condenados a vivir en una espiral de violencia e inseguridad crónica.

En ese sentido el análisis advierte que existe una correlación entre la desigualdad del ingreso con la impunidad.

“Genera un perpetuo nivel de inseguridad en los estratos más bajos, al no existir reciprocidad entre las autoridades y este sector poblacional, lo cual debilita las instituciones y vulnera el estado de derecho”, advierte el estudio.

Resultado del nulo respeto a los derechos humanos y otros indicadores como fallas en el sistema de justicia y seguridad del país, el índice coloca a México como cuarto país más impune a nivel internacional, por encima de Filipinas, India y Camerún.

El estudio especifica que es necesario optimizar la ejecución de los procesos de averiguación y de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad, problema que no se resuelve únicamente con el aumento del destino de recursos a estas áreas.

En en materia de seguridad México fue calificado con 94.7 y con 68.14 en su sistema de justicia.

 

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