México cayó 28 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 elaborado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, un listado que refleja la evaluación en materia de corrupción entre 176 países de todo el planeta.

Ambos organismos detallaron a través de un comunicado que México sumó 30 puntos en una escala de 100, 5 unidades menos que el año previo, lo que lo ubica 40 sitios por debajo de sus competidores comerciales, como China, India y Brasil, y también en último sitio entre los 35 países miembros de la OCDE.

“Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción”, dijeron los organismos.

En febrero de 2016, Transparencia Internacional estimó que la corrupción cuesta a México 347,000 millones de pesos, o el equivalente a 9% del PIB nacional.

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“No basta con asegurar la transformación institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes”, añadió el comunicado.

Así luce el mapa de corrupción entre los países de la OCDE:

Junto con su reporte de 2016, ambas organizaciones hicieron 6 recomendaciones para el gobierno mexicano, con el fin de superar el problema de la corrupción:

  1. La corrupción y la impunidad deben ser la excepción y no la regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.
  2. Es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa
  3. El Congreso, y en particular los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
  4. Además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.
  5. En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional.
  6. En el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.

Y así luce el mapa global de la corrupción (clic para ampliar):

 

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