La única vía para reconstruir el Estado de derecho en México no es la firma de un nuevo pacto, sino la destrucción del pacto de impunidad que de forma transversal toca todo el sistema político.

 

 

Querido lector, hagamos un ejercicio práctico: Toma un diario, navega por un portal de noticias, y trata de encontrar un hilo conductor, un común denominador entre secciones y sucesos. ¿Quieres una pista? ¡Impunidad!

Delitos sin castigo, licitaciones opacas, latrocinio premiado, crímenes sin rastro, crímenes con rastro pero sin visos de castigo… el círculo perfecto e interminable de la impunidad.

Ayotzinapa –retrato de una figura indistinguible, que a contraluz se parece a la delincuencia, pero en la oscuridad suena al Estado– es la gota de un vaso que se ha derramado antes, y habrá de derramarse en el futuro, porque la energía social, la indignación, se agota, mientras la estructura de impunidad –con todos sus engranes– es consistente.

 

Corta memoria

¿Alguien recuerda el 21 de agosto de 2008? Ese día, el presidente, los gobernadores, el Ejército y la Marina, los diputados y senadores, escucharon el reclamo de Alejandro Martí: “Si no pueden, renuncien”, precedido por el secuestro y asesinato de su hijo, Fernando.

Los representantes públicos expiaron sus pecados, se mostraron afligidos, se comprometieron a implementar 74 acciones concretas para recuperar la seguridad, posaron para la foto, dieron entrevistas y se olvidaron del asunto. En México, la crisis se cierra cuando se controla la repercusión mediática, no cuando se resuelve.

Hoy, como en 2008, las calles nos sirven de catarsis y el enojo cíclico hace ebullición. Hoy, como en 2008, se apresta la firma de un pacto, la fotografía, la aprehensión de los enemigos públicos, el control de daños, el cabildeo internacional, el acto de contrición del gobierno frente a la sociedad; la antesala del olvido.

Cuando los flashazos se consuman y cada palabra sea dicha, cuando los muertos se entierren y los culpables –al menos los más visibles– sean encarcelados, regresaremos a la normalidad del crimen, al horror ordinario, a la cotidianidad de la violencia.

El INEGI estima en 1.27% del PIB el costo de la inseguridad y del delito. El CEESP –que integra al cálculo lo que se invierte en “adquirir” la seguridad que el Estado falla en proveer– indica que el costo de la inseguridad es de 15% del PIB. Elige la cifra que te permita dormir más tranquilo. Lo cierto es que México es un país donde la ley no se aplica y las instituciones que deberían velar por su cumplimiento están infiltradas por las organizaciones criminales. Dado que existe una certeza casi absoluta sobre la impunidad de cualquier delito, la norma se trivializa, la convivencia se complica, el espacio de lo público se achica.

En ese contexto, nos preocupa tremendamente la imagen que damos al mundo. ¡Qué vergüenza que en Europa piensen que somos unos salvajes!, cuando sólo tenemos “eventos de salvajismo aislado”. ¡Qué escándalo que en Estados Unidos nos vean como un país mermado por la corrupción, en el que cada quien se defiende como puede!, si tenemos playas tan bonitas y gente tan cálida. Ecos de la narrativa de un país idílico que –desde hace ya varios años– sólo escuchamos nosotros.

 

El pacto de impunidad

Hay un consenso entre los ciudadanos: no podemos seguir así. Empero, la historia reciente nos refuta.

Sí, sí podemos seguir así, descubriendo nuevas formas de cooptación, métodos de intimidación, crónicas de espanto y de cinismo. Nos acercamos al fin de la crisis mediática, al agotamiento de la energía social, al cansancio de la indignación, al hastío con el tema.

La única vía para reconstruir el Estado de derecho en México no es la firma de un nuevo pacto, sino la destrucción del pacto de impunidad que de forma transversal toca todo el sistema político. De ello depende la viabilidad económica, política y social de México en las próximas décadas, y no sólo la percepción internacional de nuestros avatares.

Si la generación anterior tuvo la encomienda de abrir el sistema, la nuestra es la de limpiarlo con indignación, vigilancia y persistencia. Empecemos por distinguir que los problemas de seguridad y los retos de la economía no son problemas dicotómicos, que entre ellos se tiende un puente llamado impunidad.

 

 

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