El periodo de sesiones concluyó el 30 de abril y el Senado no aprobó la Ley de Transición Energética, que contiene la hoja de ruta para impulsar las energías renovables, y sin esta legislación lista no podrá cumplir sus metas en reducción de gases contaminantes.

 

En conferencia telefónica con periodistas el pasado 16 de abril, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del sector privado destacaban a México por sus “importantes avances en materia ambiental, principalmente con las últimas reformas aprobadas en el país”, específicamente en la energética.

Estos supuestos logros del país eran remarcados previo a la Cumbre de Negocios y Cambio Climático, que se celebrará el 20 y 21 de mayo en París, Francia.

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Pero lo que es cierto es que hasta el 30 de abril, al cierre del periodo de sesiones en el Senado, la Ley de Transición Energética no fue aprobada y no se prevé que se discuta en el corto plazo.

La Ley de Transición Energética es la única del paquete de leyes secundarias de la reforma energética que tiene una hoja de ruta para establecer los institutos y mecanismos que incentiven la producción de electricidad a través de energías renovables.

Sin esto, el gobierno no podría cumplir con sus metas de reducción de energías fósiles al 65% para 2024 ni en la disminución de gases de efecto invernadero.

En un panorama con precios bajos de hidrocarburos, el fomento a las energías renovables no parece ser prioritario para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pese a que no hay una legislación que la impulse, sí ha llegado a México inversión en este rubro. Sólo en 2014 se invirtieron 2,100 millones de dólares en proyectos de energías renovables, de acuerdo con la ONU.

 

Lo que dice la ley

En el dictamen de la Ley se contempla formar el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y el Consejo Consultivo para la Transición Energética. Además, se conforman tres fondos: para la Transición Energética, el de Sustentabilidad Energética y el Fondo para las Energías Renovables para captar y canalizar recursos financieros públicos y privados.

La ley también tiene en cuenta la meta que se puso el Estado para que en 2024 sólo 65% de la electricidad consumida provenga de combustibles fósiles.

Se cuentan como energías renovables la solar fotovoltaica, eólica, geotérmica, biomasa e hidráulica renovable.

Si se generaran 10,000 gigavatios por hora (GWh) al año con estas energías, el incremento anual del PIB sería de 346,000 millones de pesos (mdp), se crearían hasta 150,000 empleos (los mismos trabajadores activos y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad) y generaría una recaudación fiscal de 23,000 mdp por año, según el estudio Plan integral para el desarrollo de las energías renovables en México 2013-2018, elaborado por PwC.

El centro de análisis e investigación Fundar señaló el pasado 28 de abril que si se cumplieran las metas que establece la Ley de Transición Energética para 2018, 2021 y 2024, el sector eléctrico podría reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 30 y 50 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) por año al 2024.

No sólo los beneficios se encontrarían en la reducción de gases contaminantes. Fundar indica que si se establecen hasta 20 GW de energía renovable, permitiría la eliminación paulatina de los subsidios a las tarifas de luz hasta por 45,000 mdp, y los usuarios verían reducirse las tarifas eléctricas.

La propuesta de ley también establece los Certificados de Energías Limpias como el mecanismo para cumplir con las obligaciones en este rubro, además de que se contemplan sanciones.

En diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Transición Energética y la turnó al Senado, pero hasta el cierre del periodo de sesiones, el 30 de abril, la Cámara alta no la discutió.

La última vez que sesionó la Comisión de Energía del Senado fue el 28 de abril, pero no se trató el dictamen de la Ley de Transición Energética.

Se solicitó su opinión al presidente de la Comisión de Energía en el Senado, David Penchyna, pero al cierre de este trabajo no se encontró disponible para hacer comentarios.

 

Incertidumbre para la inversión

El próximo periodo de sesiones en el Congreso comenzará el 1 de septiembre y terminará el 15 de diciembre, y no se prevé que se abra un periodo extraordinario.

Sin la Ley de Transición Energética aprobada se manda una señal de incertidumbre al mercado y a los inversionistas dispuestos  a aprovechar el potencial de las energías renovables, afirma Miriam Grunstein, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) e investigadora asociada del Centro de Energía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Es un complemento muy importante para los incentivos de financiamiento que se mencionan de manera muy sucinta en la Ley de Industria Eléctrica. Sin esta pieza, la renovación de la industria eléctrica queda fincada en lo que son las energías convencionales, y las energías renovables quedan en suspenso”, agrega la especialista.

Hasta ahora, la inversión que se hace en México en energías renovables, aun sin una ley que la fomente, no es para nada desdeñable. En 2014, México atrajo 2,100 millones de dólares (mdd) en inversión en energías renovables, 40% más que en 2013, de acuerdo con el informe Tendencias globales de inversión en energías renovables 2015, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Esto sitúa a México por arriba de otras economías emergentes como Indonesia (1,800 mdd), Turquía (1,800 mdd), Chile (1,400 mdd) y Kenia (1,300 mdd).

En 2012 la inversión en energías renovables en México fue de 1,900 mdd.

El organismo de las Naciones Unidas resaltó que México superó en 2014 sus propios registros en capacidad de producción de energía en el rubro eólico y fotovoltaico. Como ejemplo destacó el desarrollo del parque eólico en Sierra Juárez, Baja California, con capacidad de 155 MW, en el que IEnova e InterGen International invirtieron 318 millones de dólares.

También destaca la inversión en energía solar fotovoltaica de hasta 234 mdd el año pasado. Algunos proyectos en desarrollo son una planta en La Paz, Baja California, de 25 MW, con un costo de 80 millones de dólares, financiados por Grupotec, y 105 mdd en otros proyectos de menor escala.

 

Desinterés histórico

La postergación en la aprobación de la Ley de Transición Energética sólo es otra señal del desinterés de gobiernos y legisladores en los últimos años por el fomento de las energías renovables.

Durante su gobierno, Felipe Calderón tuvo en su agenda política el cambio climático y el impulso a energías renovables. En 2008 expidió la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, pero al concluir su mandato dejó pendiente redactar los reglamentos para ciertos artículos.

“En los foros internacionales, Calderón era el ´presidente verde’, pero en sus políticas públicas sus acciones eran bastante mínimas. Como el programa de cambio de electrodomésticos llamado ‘Cambia tu viejo por uno nuevo’, y un programa de cambio de focos ahorradores, que eran cuestiones bastantes triviales”, cuestiona Miriam Grunstein.

La reforma energética de Enrique Peña Nieto priorizó los hidrocarburos y relegó a una sola ley las energías renovables, y, al parecer, a la actual administración no le preocupa impulsar energías alternativas, porque tampoco hay consecuencias si no cumple las metas que se impuso. Así lo ve Grunstein:

“Las metas que se fija el gobierno en materia energética han sido incumplidas reiteradamente en muchísimos rubros. En este punto deberíamos estar produciendo 3.5 millones de barriles diarios, y tenemos una tasa de declinación cada vez más pronunciada. Y ¿quién le está diciendo algo? Nadie. Si en materia de petróleo no nos lo tomamos con más seriedad, quiero ver en un tema que parece menor, aunque no lo es.”

 

 

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