Instituciones con poca independencia respecto al Poder Ejecutivo, así como el hecho de que las acusaciones contra los políticos no lleguen en tiempo al Poder Judicial son factores que no permiten que se persigan y castiguen a funcionarios activos por casos de corrupción en México, considera la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Un caso que cimbró a América Latina en el combate a la corrupción fue la salida y posterior captura del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien está preso en una cárcel militar guatemalteca por el caso “La Línea”, que está relacionado con un fraude multimillonario en las aduanas del país centroamericano.

Pero este golpe contra la corrupción se dio gracias a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que dio seguimiento al caso de corrupción. La CICIG tiene como objetivo apoyar a las instituciones del Estado guatemalteco en la investigación de los delitos cometidos por “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”.

Una entidad como la CICIG permitiría combatir la corrupción, además de castigar y encarcelar a políticos en funciones y que hayan finalizado su periodo. Pero la efectividad de este organismo se basa en su independencia del Poder Ejecutivo, señala Rodrigo Salazar Elena, profesor investigador de Flacso México.

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“Cuando un político en funciones es capturado y procesado, es cuando sabemos que una institución está operando contra la corrupción. Esta situación hace que los políticos sean cuidadosos en el manejo de recursos públicos, ya que si son detectados por la autoridad independiente saben que serán castigados”, explica Salazar Elena a Forbes México.

El integrante de Flacso México considera que hay una combinación de factores que no permiten a México combatir la corrupción, uno tiene que ver con la poca independencia de las instituciones que monitorean y dan seguimiento a los casos de corrupción.

“En México las instituciones no están bien diseñadas para este tipo de situaciones, principalmente por el esquema institucional que no brinda gran independencia de funciones. Cuando se presentó el caso de la Casa Blanca, la Secretaría de la Función Pública no tuvo la independencia suficiente con respecto al Poder Ejecutivo”, explica.

Además, parte del error del diseño institucional es que la facultad de investigación de esos casos no está en las prioridades del Poder Judicial. El asunto es que, si las acusaciones no llegan al Poder Judicial, la independencia de éste tiene muy poco impacto para los casos de corrupción detectados dice Salazar Elena.

“Guatemala es ese caso donde el presidente Otto Pérez Molina pasó de la silla presidencial  a la celda. Ahí tenemos instituciones operando. Ellos tienes una institución que es financiada por Naciones Unidas (CICIG), por lo que el país se dio cuenta de la importancia de la independencia para ir contra la corrupción”, explica.

Un punto a favor de la CICIG es que tiene la capacidad para ejercer persecución penal o adherirse a los casos que esté siguiendo el Ministerio Público, por lo que el combate a los políticos corruptos es más frontal, considera el integrante de Flacso.

DEL REVANCHISMO HASTA EL CASTIGO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Para Rodrigo Salazar Elena, profesor investigador de la Flacso México, la salida de políticos en función no siempre está impulsada por alguna institución independiente del Poder Ejecutivo, ya que los partidos de oposición son claves para la destitución de un funcionario público, debido a que muchas veces buscan el revanchismo político.

En muchos de los casos se ha observado a una oposición que aprovecha para quitar presidentes. Un ejemplo es el de Perú. Hay que tomar en cuenta que la oposición Fujimorista se benefició de la coyuntura política para deshacerse del expresidente Kuczynski”, indica Salazar Elena.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo, a raíz de las denuncias del partido fujimorista Fuerza Popular sobre una presunta compra de votos de legisladores para evitar su destitución por supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht.

En un mensaje a la Nación, Kuczynski anunció su renuncia, 20 meses después de asumir el Gobierno, debido al “clima de ingobernabilidad” que afecta al país y que “no permite avanzar”.

No obstante, el integrante de Flacso México considera que la opinión pública influye de manera importante en cuanto al juicio que se hace sobre los casos de corrupción que se presentan debido a que muchas veces ejercen presión con el voto y en ocasiones pueden terminar con la carrera política de los funcionarios públicos.

“En mucho de estos casos de encarcelamiento de presidentes hay un competente de mucha atención pública a los hechos. Para cierta parte de la opinión pública en Brasil, el encarcelamiento del expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva es un tema de persecución, sin embargo, no lo es, debido a que hay una investigación de gran escala. Esto responde a un alto nivel de atención pública a los temas de corrupción”, considera.

En México aún no se ha desarrollado aún la figura de castigo electoral a la corrupción, debido a que los ciudadanos no tienen facultades para castigar a los implicados en actos de corrupción, sin embargo, si pueden interrumpir la carrera política de un funcionario mediante el voto.

 

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