Una empresa con trabajadores legalmente contratados es 80% más productiva, comparada con el promedio en México; pero éstas representan solo un 5% del total. Esto sucede porque las condiciones laborales, fiscales y de mercado hacen que 7 de cada 10 empresas en México opten por la informalidad, es decir, por utilizar trabajadores no asalariados. Dicho de otro modo, la mayoría de la actividad económica del país tiene lugar en empresas informales y legales, que necesitan un número reducido de mano de obra poco calificada. En el análisis que realiza en su último libro, “Esfuerzos mal recompensados”, el profesor Santiago Levy observó que cinco años después de la crisis de 2008, sobrevivieron y se crearon empresas de baja productividad, mientras que las más productivas no lograron atraer más capital y trabajo. “En México se invierte muy mal, porque lo hacemos en las empresas más improductivas”, es decir, las que menos contribuyen a aumentar el PIB, afirmó Levy en el acto de presentación del libro, este jueves. La regulación laboral desincentiva la formalidad y legalidad empresarial. Por ejemplo, explica que la Seguridad Social contributiva, en realidad grava el trabajo asalariado. También las condiciones fiscales, con regímenes especiales para la pequeña empresa, deprimen la demanda de trabajo calificado, afirma el economista. Finalmente, también incide la regulación de los mercados pues, por ejemplo, las conductas oligopólicas  impiden que la mayoría de las empresas tengan acceso al crédito comercial. Sumando dichos factores, el resultados es una estructura económica que penaliza a las empresas y empleos productivos, y subsidia a los improductivos. La solución, a ojos del experto, pasa por la redistribución de ingresos a los más desfavorecidos y protección del trabajador. Porque el problema de México son los medios, no los fines. “Por esto, las políticas actuales, como el salario mínimo, van a exacerbar el problema”, explicó. Levy propone un replanteamiento para proteger al trabajador. Por ejemplo, con un seguro de desempleo en vez de regulaciones sobre el despido; unificar el IVA, y con una Seguridad Social universal.

 

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