Reuters.- México promulgó este jueves una ley con la que apunta a fortalecer la búsqueda de decenas de miles de desaparecidos en el país, que desde hace años se encuentra sumido en una creciente ola de violencia generada por las bandas del crimen organizado.

Cerca de 32,350 personas han sido reportadas como desaparecidas en los últimos 50 años, la mayoría de ellas durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con casi 18,600 casos, seguido de unos 13,252 en el periodo del ex presidente Felipe Calderón, según cifras oficiales.

“La desaparición de personas es uno de los mayores retos en materia de derechos humanos (…) es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede sufrir”, dijo Peña, durante la firma de la Ley General en Materia de Desapariciones, que entraría en vigor en unos 60 días.

Muchas víctimas son halladas en cientos de fosas clandestinas que se localizan en regiones azotadas por violentas luchas entre grupos criminales, que buscan controlar las rutas para el tráfico de drogas y personas, y comenten secuestros y extorsiones, entre otros delitos.

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La ley contempla la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, nuevos registros forenses y protocolos para la exhumación de cadáveres, acompañamiento de organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional.

En una primera etapa, el Gobierno destinará 469 millones de pesos (25 millones de dólares) el próximo año para robustecer las acciones de búsqueda, dijeron autoridades durante una reunión privada que sostuvieron con organizaciones civiles.

El encuentro fue transmitido en vivo a través de Facebook por integrantes de grupos civiles, que cuestionaron que la cifras oficiales de este delito están muy por debajo de la realidad, aunque no ofrecieron una estimación propia.

En México diversos crímenes no se denuncian tanto por temor a represalias de delincuentes como por desconfianza a la autoridad.

“Es imperante que esta ley no repita los errores del pasado, que (…) coloque las necesidades de las víctimas en el centro de su aplicación e interpretación y deje afuera los formalismos que harían inoperante la ley”, dijo Grace Mahogany Fernández, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.

Casos como la desaparición de 43 estudiantes en el suroeste del país en 2014, cimbraron al Gobierno de Peña y destaparon múltiples casos en todo el país donde criminales suelen actuar coludidos con policías, sobre todo locales.

 

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