En comparación con economías con las que comercia y trata en el día a día, en términos de lucha contra la corrupción, México tiene puntuación más baja que Brasil, Chile y Perú, señaló la firma Hogan Lovells.

 

Pese a los esfuerzos que hace el gobierno de México frente al combate a la corrupción, el país se encuentra muy rezagado frente a sus principales competidores económicos, como Brasil, Chile y Perú, señaló la firma Hogan Lovells en su informe Global Bribery and Corruption Review 2014.

“En comparación con economías con las que comercia y trata en el día a día, en términos de lucha contra la corrupción, México tiene puntuación más baja. Concretamente, se ubica 30 posiciones por debajo de su principal competidor económico, Brasil; 82 lugares por debajo de Chile y 18 menos que Perú”, agregó la firma de asesoría legal en un reporte.

México también ocupó uno de los últimos lugares en el Índice Global de Percepción de Corrupción 2014 de Transparencia Internacional 2014, situándose en el lugar 103 de 175. Brasil está en el lugar 69 en el mismo índice, Chile en el lugar 21 y Perú en el 85.

Desde 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta acusaciones de conflictos de interés al revelarse que su esposa, el secretario de Hacienda, y el propio jefe del Ejecutivo, compraron casas a empresas que ganaron contratos de obra pública mediante licitación o adjudicación directa.

 

Avances en combate, pero sin sanciones claras

En el estudio, Hogan Lovells señaló que desde la entrada de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econónicos (OCDE) en 1994, el país ha sido activo en la lucha contra la corrupción y los sobornos.

Desde los últimos meses, el Congreso debate una iniciativa constitucional con la que se crearía el Sistema Nacional Anticorrupción, que daría más poderes a instituciones como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), La Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Pero en la iniciativa aún no están claras las sanciones que enfrentarían los funcionarios y terceros que incurrieron en actos de corrupción.

“Aunque las sanciones no fueron establecidas claramente en la propuesta, es probable que su gravedad aumentará. Igualmente, las personas estarán sujetas a responsabilidad administrativa y penal”, recalcó la firma en el documento.

La iniciativa también prevé que todos los bienes adquiridos por actos de soborno o corrupción (enriquecimiento ilícito) estarán sujetos a un procedimiento de incautación de bienes, que es más rápido y más eficaz que el proceso confiscatorio actual.

Se espera que la iniciativa se apruebe en marzo. Al ser una reforma constitucional, también debe ser aprobada por el Senado y los Congresos estatales.

 

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