Por Ricardo Bucio Mújica*

En México, 33.3% de la pobla­ción son niños y adoles­centes. Estas 39.2 millones de personas son razón suficiente para que sus familias hagan todo lo necesario para garantizarles las mejores con­diciones para su desarrollo.

Si bien las familias priorizan y actúan en beneficio del mejor pre­sente e invierten en el futuro de las niñas, niños y adolescentes, porque saben que es su responsabilidad hacerlo, a veces no se organizan, otras no planean y otras más no destinan recursos para otras áreas. Es decir, casi ninguna piensa que lo que invierten en sus hijos e hijas hoy se verá reflejado como una ganancia mañana.

Así como en las familias, esta lógica no ha permeado en la agenda pública para el diseño de políticas públicas, acciones gubernamentales y, sobre todo, en los recursos desti­nados a este sector social.

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Existe evidencia sobre los bene­ficios de invertir en niñas, niños y adolescentes. Como lo explica James J. Heckman, de la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía en 2000 y experto en la economía del desarrollo humano, destinar recursos a la educación en la primera infancia en situación de riesgo (de 0 a 5 años) tiene un impacto inmediato y a largo plazo.

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El experto cita el análisis del pro­grama Chicago Child Parent Center, que mostró beneficios de 7.10 dó­lares por cada dólar invertido (inversión promedio por niña o niño de 6,730 dólares durante 1.5 años).

Los cálculos estiman que este programa generará a 20 años de su implementación una renta­bilidad a la sociedad de 48,000 dólares por cada uno de las o los niños en situación de riesgo a los que se incorporó a la educación prees­colar, ya que “tendrán más probabi­lidades de completar la secundaria y menos probabilidades de haber repetido años, de haber necesitado ayuda adicional o de haber sido arrestados”.

En México, para garantizar el ejercicio de todos los derechos de un tercio de su población se invierten 13,800 pesos (748 dólares) al año en cada uno de estos niños o niñas. Estos recursos se enfocan principal­mente en salud y educación. Pero el desarrollo del proyecto de vida de estas personas de entre 0 y 17 años requiere de una estrategia de aten­ción cuya meta sea su protección integral.

Aunque la tendencia en los últi­mos años ha sido un aumento en los recursos que en teoría se destinan a niñez y adolescencia, ya que en pro­medio se ha asignado 15% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a través del anexo 18; el monto en realidad no está des­tinado directamente a niñas, niños y adolescentes, porque, por ejemplo, en este porcentaje se incluyen los recursos asignados a programas presupuestarios enfocados al pago de servicios personales.

El 80% de los 732,253 millones de pesos que en 2016 se destinaron a este anexo los concentran nueve programas, uno de ellos es el Fondo de Aportaciones para la Nómi­na Educativa y Gasto Operativo (FONE), que está dirigido al pago de salarios, representa 42.2% del anexo. Además, dichos programas no tuvieron el efecto redistributivo que se esperaba de los programas sociales, lo que significó que aún no se beneficia a niñez y adoles­cencia en situación de riesgo.

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De acuerdo con un estudio realizado por el PNUD y UNI­CEF (2015), 8 de cada 10 pesos invertidos de 2008 a 2011 en niñez y adolescencia en México fueron destinados a educación y sa­lud, esto muestra que el resto de los derechos recibe en su conjunto una pequeña parte del presupuesto.

México ha invertido alrededor de 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2012 a 2015 en este grupo etario. La inversión promedio, de los países para los cuales se cuenta con información, es de 5.0% del PIB. Dicho promedio se encuentra por encima de lo que México invierte ac­tualmente en niñez y adolescencia. Cabe destacar que, según datos de PNUD y UNICEF (2015), durante el periodo 2008-2011 se había inverti­do alrededor de 6% del PIB en niñas, niños y adolescentes.

En consecuencia, los efectos –mostrados con algunas cifras de Coneval, Inegi, Cepal, Unicef, entre otros– de no haber colocado a este sector en el centro del diseño de las políticas públicas y del presu­puesto son el aumento en la tasa de embarazo adolescente, que uno de cada dos niños vive en pobreza, que uno de cada tres tiene sobrepeso u obesidad y que más de 10% de los niños y niñas de entre 0 y 5 años tiene algún grado de desnutrición. También mostraría que somos de los países de América Latina con mayor índice de deserción escolar a nivel secundaria y que existen alrededor de 2.5 millones de niños y niñas que trabajan, de los cuales 7.2% no acude a la escuela.

Revertir este panorama requiere la articulación de todos los niveles de gobierno, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de la parti­cipación activa de todas las niñas, niños y adolescentes. Un avance im­portante fue la entrada en vigor de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que fue promovida por la única iniciativa preferente que ha presen­tado el presidente de la República durante su administración.

En ella se establece la instala­ción de un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que preside el presidente de la República y se integra por ocho secretarías de Estado, los 32 gobernadores, orga­nismos autónomos, representantes de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes.

Una de las primeras acciones y más contundente del Sistema Nacional será presentar y acordar la aplicación de la estrategia “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que consiste en 25 objetivos con metas específicas e indicadores con fecha de cumplimiento a 2025.

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Asignar recursos, establecer metas e indicadores que midan y evalúen la efectividad de estas acciones no es un gasto sino una in­versión. Cambiar la realidad de estos 39.2 millones de personas y hacerlo a través de esta estrategia puede hacer avanzar a México a corto y a largo plazo.

La iniciativa 25 al 25 responde a cambios constitucionales en materia de derechos humanos y a una nueva legislación de niñez, así como a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y a una agenda internacional enfocada en conseguir la efectividad de los derechos de las personas que tienen entre 0 y 17 años, con base en un desarrollo sostenible. De manera que reducir las brechas de desigualdad, prevenir y reducir la violencia y luchar contra la discriminación, son imperativos ineludibles de esta nueva agenda de desarrollo. La estrategia 25 al 25 nos permitirá mover condiciones de bienestar en favor de niñas, niños y adolescentes en el corto plazo a través de seis principales ejes:

A) Acceso a servicios de salud (estableciendo como meta la afilia­ción universal de menores de un año y de adolescentes de entre 16 y 17 años).

B) Nutrición adecuada (especial­mente durante la primera infancia).

C) Asistencia escolar (rezago educativo en nivel preescolar y edu­cación media superior).

D) Embarazo adolescente (para disminuir el rezago educativo, ya que es una de las principales causas de deserción escolar de las adolescentes).

E) Erradicar el trabajo in­fantil (para disminuir el rezago educativo).

F) Vivienda (construcción de un cuarto por vivienda para prevenir la violencia sexual intrafamiliar).

El propósito de 25 al 25 será reducir la brecha y mejorar las con­diciones de vida de este importante sector poblacional a través de una estrategia de inversión de recursos, de programas y de esfuerzos

Aunque 2025 se perciba lejano, muchas de las acciones para cambiar el presente y el futuro de la actual niñez y adolescencia y las venide­ras requieren de estos esfuerzos de largo aliento, porque una sociedad democrática y de derechos no puede consolidarse si no apuesta por poner al centro a estas 39.2 millones de personas que no son adultos en potencia, sino personas titulares de sus derechos desde hoy.

 

*Ricardo Bucio es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (sSipinna) @ricardobucio

 

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