La opción que tendrán a partir de 2016 los mayores consumidores de elegir a un proveedor eléctrico distinto de la CFE atrae a empresas e inversionistas de todo tipo y origen.

 

 

A poco tiempo de que el gobierno y los legisladores reformaron la Constitución para dar mayor participación a empresas privadas en energía, y a tres de que aprobaron las leyes correspondientes, algunas empresas hacen cuentas sobre cómo beneficiarse con estos cambios.

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Esta apertura, , según cálculos, traerá 110,000 millones de dólares (mdd) en inversiones privadas en los próximos 15 años para ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica de México. Esto incluye la generación de electricidad de fuentes renovables, que demanda altas inversiones en equipos y que para 2024 debe de representar 35% de la generación total.

El gobierno promete que la competencia entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y suministradores privados, así como el uso del gas natural para producir electricidad, traerán una baja de las distorsionadas tarifas que rigen en el país. Ante la opción de un mercado abierto, más industrias barajan opciones. Una alternativa es comprar electricidad a Pemex, con la idea de ahorrarse de 8 a 12% en electricidad; la reforma energética permite a la petrolera formar asociaciones con empresas privadas para montar plantas de cogeneración que aprovechen el gas que sale con el petróleo de los pozos.

 

Monopolio necesario

Mientras que las empresas estatales fueron los únicos proveedores, la electricidad llegó a 95% del país, pero el precio pagado por ello fue alto: las ineficiencias elevaron los costos de operación, la CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC, liquidada en 2009) se endeudaron de más y los robos de electricidad se dispararon.

Las tarifas las fija la Secretaría de Hacienda y tienen molestos a los industriales. Este sector paga por la electricidad 72% más que en EU, mientras que los hogares mexicanos tienen una tarifa 32% más barata y a veces por debajo de los costos de generación, según estudios de la Agencia Internacional de Energía citados por la consultora Deloitte, aunque en promedio la industria en México paga menos que el promedio de la OCDE.

El monopolio no estaba mal en un país en desarrollo y con una economía pequeña, pues en esas condiciones no es posible organizar mercados, dice Pablo Mulás, director ejecutivo del Capítulo México del Consejo Mundial de Energía, pero también es cierto que México es de los últimos países en los que el Estado maneja el sistema eléctrico.

Hasta 2012, México tenía una capacidad instalada de más de 63,740 megavatios (MW). Se estima que en los próximos 15 años se necesitará aumentar la capacidad en 45%, además de renovar el equivalente a 20%.

La reforma aprobada no abre el mercado del todo, pues la CFE conserva la propiedad de todas las redes de conducción. El gobierno mexicano no soltó las riendas del sector eléctrico. El operador del mercado mayorista, que debe asegurar que todos los generadores accedan a las redes de CFE, será un ente público, el Centro Nacional de Creación de Energía (Cenace).

Lo primero en detonar, según expertos, será la generación. Sin considerar renovables, será necesario modernizar de aquí a 2020 plantas de ciclo combinado viejas y caras que producen 20,000 MW, el equivalente a 30% de la capacidad de generación del país y que se localizan sobre todo donde hay gasoductos y cerca de los centros de consumo, estima Eduardo Reyes, especialista en energía de PwC.

En distribución, en los próximos 10 años se necesitarán 13,500 kilómetros adicionales de líneas de transmisión a lo largo de todo el país y para conectar los parques de renovables, lo que significa inversiones cercanas a 17,000 mdd, según PwC.

La gran ganancia para los privados son los clientes de alto consumo inconformes con la CFE y estar listos para cuando despunte la demanda. Según pronósticos, el consumo crecerá a tasas anuales de 4% o más en los próximos años, impulsado por el segundo aire que vive la industria tras el derrumbe por la crisis financiera de 2009.

Entre las preocupaciones de los expertos está si la CFE podrá responder y hacer su papel de generador de último recurso para llevar energía a las zonas poco rentables y que no interesen a los privados. Los inversionistas también podrían ver con recelo una cláusula laboral que obliga a contratar a los afiliados al SUTERM, el sindicato del sector y uno de los más grandes de Latinoamérica, para cualquier trabajo en el sector eléctrico, aún si es un productor independiente con contrato de abasto a CFE.

Pero la mayor duda es si México podrá diseñar una regulación que haga que el mercado funcione. Cada vez que un sistema eléctrico se abre en el mundo, aparece el fantasma del fracaso vivido hace 13 años en el estado de California, en Estados Unidos, cuando los operadores privados se quedaron cortos frente al aumento de la demanda y se produjeron apagones y tarifas absurdamente altas que obligaron a la intervención de las autoridades.

La fórmula es: el Cenace, como operador de la red eléctrica, decidirá dónde se necesita generar más electricidad, y para ello hará una convocatoria a empresas generadoras para que compitan por obtener un permiso y montar las plantas, con sus recursos y a su propio riesgo; el paso siguiente será buscar clientes en las cercanías de sus plantas o en sitios remotos.

En la reforma tampoco está claro cómo funcionarán los certificados de energía limpia, los de generación distribuida y los derechos financieros de transmisión, dicen expertos, ni las tarifas que cobrará CFE a los privados por subir electricidad a sus redes. Aún faltan dos o tres capas de regulación, indica Hernán González, de la consultora White & Case.

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Primero el gas

El gas natural es la mecha para el arranque del mercado eléctrico y los tratos en este campo ya comenzaron. En diciembre, la filial de la empresa texana NET México Pipeline Partners cerró un crédito sindicado por 665 mdd para la construcción de un ducto que traerá gas natural de Eagle Ford, Texas. Y en febrero, el fondo suizo de capital privado Partners Group compró en 750 mdd una participación mayoritaria en Fermaca, una empresa con capacidad para transportar una quinta parte de las necesidades de gas natural de México a través de Gasoducto Tarahumara. Esta compañía tiene un contrato de abasto a CFE por 25 años.

La CFE también inició en agosto la licitación de dos gasoductos y ramales de gas natural, tres centrales de generación eléctrica, tres líneas de transmisión y cinco paquetes de mejoras en las redes de distribución eléctrica, entre otros trabajos, que requerirán inversiones por 4,900 mdd. Para reducir los costos de generación eléctrica hay que sustituir el uso de combustóleo por gas natural, que es cuatro veces más barato y 68% menos contaminante, dijo Enrique Ochoa Reza, director de CFE, al anunciar la licitación.

Se estima que en los próximos 14 años la demanda actual de gas natural se duplicará a 7.7 bcfd (miles de millones de pies cúbicos diarios), con un mayor consumo en las regiones occidente y noroeste del país.

En materia eléctrica, lo primero en despegar serán los pedidos de equipos de generación convencional a fabricantes como la estadounidense GE, la francesa Alstom, la japonesa Mitsubishi y la alemana  Siemens, junto con otras compañías que también están ya en México, tales como la inglesa Rolls-Royce, la finlandesa Wärtsilä, la coreana Kepco y la japonesa Mitsubishi.

Junto con éstas se pondrán en acción firmas que financian infraestructura eléctrica, como bancos y fondos internacionales, y compañías industriales locales que ya tienen plantas de generación para consumo propio, como en el caso de Alpek. Esta empresa de Grupo Alfa tiene una planta de cogeneración de 109 mdd en Veracruz y, según sus directivos, podría aumentar su capacidad de generación para vender electricidad en el mercado.

Entre los interesados en participar está la dueña de la firma de inversiones Tresalia y accionista de la cervecera ABInBev, María Asunción Aramburuzabala, según fuentes al tanto —la información no pudo ser confirmada en la oficina de la empresaria—. También ex empleados de gobierno que trabajaron en áreas financieras y energéticas se organizan para crear fondos de inversión y entrar con capital a proyectos o asociarse con fondos internacionales.

Se estima que sólo en ampliar y sustituir la capacidad, tanto por métodos convencionales como con generación renovable, serán necesarios hasta el año 2020 unos 20,770 mdd, según estimaciones de PwC.

Pero las más beneficiadas con la reforma será un puñado de compañías extranjeras que ya generan electricidad en México. Destacan las españolas Iberdrola, Abengoa y Acciona; la italiana Enel Power, y las estadounidenses InterGen y AES. Iberdrola, señalada como el mayor generador privado, estará bien posicionada para construir nuevas plantas eléctricas a gas natural, lo mismo que KTS Electrical Power, dice Deloitte.

 

Dónde están los clientes

Los clientes potenciales de los suministradores privados son negocios de todos los giros e incluso conjuntos residenciales, siempre que consuman más de 3 MW —el requisito bajará hasta 1 MW en 2018—. “Una empresa con tres edificios como éste (las oficinas centrales de PwC en una zona céntrica de la Ciudad de México) ya tiene 3 MW, una cadena de farmacias, las tiendas de conveniencia, no importa si están dispersas… la ley dice que todos los que tengan interés económico se pueden agregar”, dice Francisco Ibáñez, experto en infraestructura de PwC.

Un ejemplo de lo que vendrá es una lista de usuarios que desde 2011 tienen un permiso de cogeneración, publicada en el portal del Departamento de Comercio de Estados Unidos (BuyUSA). Se trata de Atlatec, una subsidiaria de la japonesa Mitsui dedicada a la operación de plantas de tratamiento de agua, la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Valle Real (en Zapopan, Jalisco), la papelera Bio Pappel, la productora de alcohol también de Zapopan, Destilería del Golfo, y la subsidiaria del fabricante textil Grupo Kaltex, Energía MK KF.

Pero los que irán a la conquista de clientes serán los suministradores. Serán los responsables de cumplir cada año con la cuota de electricidad de fuentes renovables indicada por la Sener, hasta llegar al 35% dentro de 10 años. Si el fluido eléctrico que cada uno de ellos –incluida la CFE– sube a las redes de conducción no cumple con el porcentaje, podrán comprar certificados de energía limpia a los generadores de renovables, lo que se espera genere un mercado de certificados que por sí solo estimule a este tipo de energía.

Se estima que hoy la generación de renovables es de 20% del total, y que para llevar esa cuota a 35% se requerirá en 10 años capacidad adicional de 10,000 a 20,000 MW e invertir unos 30,000 mdd.

Hay jugadores listos también en este campo. El sector de renovables está muy atomizado: los proyectos hidroeléctricos son atendidos por firmas medianas y pequeñas, sobre todo mexicanas y españolas, mientras que en los solares los propios desarrolladores buscan capital de distintas fuentes. Un ejemplo es Mexico Infrastructure Partners (MIP), un fondo administrado por ex funcionarios, con el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz como CEO y Mario Gabriel Budebo, Gerardo Colosio, Carlos Robles Gil y Aaron Dychter en el directorio. El año pasado, MIP creó un fideicomiso con el fin de emitir certificados y captar recursos para invertir en energía.

En los proyectos eólicos hay menos jugadores. Hay numerosas empresas involucradas en proyectos, ya sea para vender la electricidad a terceros o para consumo propio; es el caso de Acciona, Demex, EDF, Gamesa, Iberdrola, Peñoles, Walmart, Bimbo, Grupo Modelo, Mittal, Cemex, Herdez.

La mayor cantidad de proyectos está en Tehuantepec, una zona de fuertes vientos en Oaxaca, con cerca de 20 parques de generación, pero también hay algunos en Baja California, Jalisco y Tamaulipas, y el gobierno ha dado permisos en otros estados. La reforma abre la puerta a la llegada de más empresas especializadas en renovables, dice Reyes. “Hay mucho interés de canadienses, estadounidenses, coreanas, y se pueden dar asociaciones interesantes con mexicanos”, agrega el consultor de PwC.

Un caso emblemático de los conflictos que se pueden producir en torno de estos proyectos es el parque Mareña Renovables, que intenta desarrollarse en las cercanías de Tehuantepec, Oaxaca, y convertirse en el mayor parque eólico de AL, con 132 torres y una capacidad de 396 MW.

Los inversionistas iniciales fueron el fondo de inversión australiano Macquarie Capital y Coca-Cola FEMSA; esta última consumiría 85% de la electricidad generada —sus socios de Heineken México consumirían la energía restante—. Los proveedores de las turbinas debían ser la danesa Vestas Wind Systems y los constructores y operadores la española Preneal y la mexicana Demex.

Pero después la embotelladora mexicana vendió su participación a un consorcio formado por la nipona Mitsubishi y el fondo de pensiones alemán PGGM, que fondearon esa compra con un crédito de 700 mdd proporcionado por un grupo de bancos: Banorte, BBVA Bancomer, Credit Agricole, HSBC y Santander, al lado de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banobras y una agencia de apoyo a exportaciones danesa. Macquarie se mantiene en el proyecto, en el que dice haber invertido 1,100 mdd y poseer el 32.5%.

Pero los pobladores se opusieron al proyecto y lograron detenerlo, lo que obligó a los inversionistas a negociar con el contratista EPC y con los acreedores la postergación de los trabajos para septiembre pasado, pero al no lograr disuadir a los inconformes, el 18 de noviembre informó a la BMV que el acuerdo de espera se extendía hasta el próximo 14 de noviembre.

 

La nueva CFE

La CFE tiene un año para prepararse antes de que los usuarios puedan elegir a su proveedor eléctrico. Su misión había sido hacer la planeación eléctrica y llevar energía a todo el país al menor costo y sin buscar una ganancia; ahora será una empresa productiva del Estado, con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión y ser rentable, pero sujeta a topes de endeudamiento y sobre todo a la competencia.

Creará para esto cuatro subsidiarias para cuatro regiones del país, las cuales tendrán la doble función de competir en generación y comercialización contra las empresas privadas de la zona, y a la vez dar el servicio público de transmisión y distribución. Pero no está obligada a hacerlo por sí sola. “La CFE puede hacer un contrato de cesión de largo plazo (con empresas privadas) o conformar una empresa filial para esto, y pedirle que despliegue líneas de distribución en tal municipio, y que les dé mantenimiento y que le ayude a instalar medidores inteligentes y operar ciertas cosas”, dice Irene Hernández, experta de PwC.

Eso no significa que dejará de ser el jugador más influyente del sistema eléctrico. La competencia arrancará con una ventaja inicial de CFE: concentrar casi 85% de la generación eléctrica del país. Pero además su nuevo estatus le da opciones para ampliar esa ventaja, como es invitar a Pemex a desarrollar proyectos de cogeneración, en vista de que la petrolera está en posibilidades de convertirse en un importante generador eléctrico.

Documentos internos de la CFE plantean suministrar vapor de proceso a refinerías donde Pemex produce electricidad, con el fin de que ambas empresas obtengan energía eléctrica a menor costo. Los primeros proyectos podrían hacerse en Salamanca, Guanajuato, y Tula, Hidalgo, pues se trata de zonas de alta demanda eléctrica, deficitarias en generación y que son vitales para la región centro del país, pero esta fórmula podría replicarse en otras refinerías. “Como aportación a esta solución bipartita, CFE ofrece construir una planta de cogeneración en Salamanca, para alimentar de vapor confiable y de costo atractivo la refinería de Pemex”, dice el documento Cogeneración para suministro de vapor por CFE a la refinería de Pemex en Salamanca.

La CFE también será la encargada de ampliar y dar mantenimiento a las redes de conducción de electricidad que se necesiten en el país —conforme a lo que determine la Sener, con el concejo del Cenace—, aunque para ello podrá subcontratar a compañías privadas, como ya comenzó a hacer con un paquete de las licitaciones divulgado en agosto pasado. La inversión en la red eléctrica debe crecer con la demanda y ésta aumenta a tasas de 3, 4 o 5% anual, y así será por los próximos 10 años; sin embargo, antes de la reforma la red crecía 1% anual, dice Reyes, de PwC.

La consultora estima que en conducción eléctrica las inversiones privadas sumarán más de 26,000 mdd de aquí a 2020: unos 15,300 mdd en ampliar la red de transmisión (llevar electricidad de donde se genera a una subestación) y unos 10,760 mdd en distribución (conducir la electricidad en menor voltaje desde las subestaciones hasta los centros de consumo) y terminar con la pérdidas de energía.

Pero el cambio más radical que deberá hacer la CFE es puertas adentro. Para poder competir, la compañía estatal tendrá que reducir costos y adoptar tecnología y criterios de eficiencia en todas sus áreas, como son compras, finanzas, recursos humanos, presupuesto y tecnologías de información, dice Deloitte.

Aun cuando el gobierno se hará cargo de sus inmensos pasivos, la CFE tiene mucho por hacer para mejorar sus números. A marzo pasado, la deuda financiera sumaba 26,600 mdd y 40,800 mdd de endeudamiento fuera de balance, de lo cual la mayoría son obligaciones por pensiones. Con la competencia, nuevos productores de energía irán sobre los usuarios industriales, lo que complicará las finanzas de la CFE, pues podría perder esos clientes Premium y los altos márgenes que obtiene de ellos, y a la vez mantener los subsidios a los usuarios residenciales.

Como la compañía estatal puede mejorar es con una baja en sus costos gracias al uso de gas natural y con la eliminación de las pérdidas de 18% de la electricidad de sus redes de distribución, sobre todo en el centro del país y en Tabasco, y así poder ofrecer tarifas competitivas y conservar a sus clientes premium. O bien puede reducir los subsidios, pero ese tema es políticamente sensible, sobre todo porque el presidente dijo a la población que uno de los beneficios de la reforma energética sería una baja en las tarifas de electricidad.

La CFE ya no tendrá que regir sus compras por las leyes de Obra Pública ni la de Adquisiciones, que obliga a licitaciones nacionales o internacionales, a foros abiertos de preguntas y respuestas y de aclaraciones con los interesados y elegir al que ofrezca el menor precio, sino que podrá convocar a tres postores, elegir el más convincente y negociar con éste condiciones y precio, como hace cualquier empresa cuando compra.

La CFE también deberá someterse a la vigilancia de la Sener y el Cenace, cuya obligación será crear un mercado justo para todos los proveedores, y asegurarse de que la CFE no influya en la decisión de quién tiene acceso a las redes de transmisión y quién no. El riesgo de no regular esto bien, dice Mulás, es que en cinco años la CFE sea declarada preponderante.

El órgano encargado de definir la organización interna y las estrategias de la CFE en el nuevo entorno de competencia será su consejo de administración, que contará con cuatro miembros independientes que ya fueron nombrados en agosto pasado, entre los cuales figura el Premio Nobel de Química Mario Molina. Luego, el consejo deberá crear las reglas de gobierno corporativo y los mecanismos de transparencia y redición de cuentas, antes de dar inicio a la división formal de la compañía. Este proceso no debe tardar demasiado, pues a partir de julio de 2016 Hacienda verá a la CFE como una empresa generadora de ganancias y que paga dividendos al Estado, sin prórroga, dice Hernández, de PwC.

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