Para cuidar y preservar sus recursos naturales, México necesita una verdadera gobernanza sobre ellos, que incluya un conjunto de políticas públicas soberanas sobre la propiedad, apropiación y distribución de los recursos naturales para maximizar su contribución al desarrollo con criterios de sostenibilidad.
Por Maestra Viviana Macías, Universidad Iberoamericana*
Existen en nuestro país 138 espacios RAMSAR (sitios de humedales con importancia internacional), lo que nos coloca como el país número dos en humedales después del Reino Unido, con casi 9 millones de hectáreas (Semarnat, 2014 “Política Nacional de Humedales”).
El 2 de febrero se conmemoró el Día Internacional de los Humedales. En México, destaca para su celebración la publicación de la “Política Nacional de Humedales” por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Al respecto de esta política nacional, me gustaría destacar algunos aspectos.
México ocupa el cuarto lugar de entre los 125 países y regiones que cuentan con este ecosistema, por debajo de Indonesia, Brasil y Australia, y posee el 20% del total de humedales a nivel mundial. Conforme al Inventario Nacional de Humedales del 2012, México tiene 6,331 complejos de este ecosistema, lo que representa aproximadamente el 5% del territorio nacional. Campeche es el estado con una mayor superficie; le siguen Tabasco, Chiapas y Veracruz. (
Inventario Nacional de Humedales, Conagua).
Los servicios ambientales que otorgan estos ecosistemas que oscilan entre las zonas húmedas, las costas, los esteros y que incluyen también a los manglares en aguas saladas, destacan:
- La estabilización del suministro de agua
- La recarga de acuíferos
- La depuración de aguas contaminadas
- El control de la erosión
- La retención de sedimentos y nutrientes
- La regulación en gases de la atmósfera
- La regulación del clima
- Son reservorios de biodiversidad y espacios de valor cultural y recreativo
- Los manglares (una de las especies vegetales de humedales) son también barreras naturales contra los huracanes, zonas de reproducción de especies marinas de consumo comercial, refugios para aves migratorias y materia prima para la construcción de viviendas de grupos étnicos que habitan los más de 11,000 km de costas de México.
La pérdida de los humedales en los últimos 40 años alcanza los 7 millones de hectáreas y, aunque no se tiene una cifra total por año, en el documento se lee que existen municipios que han perdido hasta el 75% de sus humedales, mientras que en otros sólo se apunta una pérdida de 25%, sin especificar a qué municipio se refiere.
Entra las principales amenazas que han causado su pérdida destacan: la introducción de especies invasoras, la extensión de las tierras agrícolas, el desarrollo urbano, el portuario, el turístico y la mala planeación ambiental. A nivel mundial, la pérdida es de la mitad de los humedales y, con ella, sus servicios ambientales.
El artículo 27 Constitucional menciona que “las aguas (y los humedales asociados a este recurso) son propiedad de la nación… y su aprovechamiento se considera de utilidad pública…” La Convención RAMSAR sobre Humedales, de la cual México es parte desde 1986, es un tratado intergubernamental, el cual sirve de marco de referencia para las acciones locales y regionales en pro de la conservación y uso de los humedales y sus recursos.
La política de inspección y de vigilancia ambiental de este y otros recursos naturales recae en la Profepa, órgano administrativo desconcentrado, con un programa prioritario de protección, pero que no tiene un mandato jurídico para la acción. El personal de la Profepa es reducido al igual que su presupuesto: para los operativos no tienen la facultad que tendría un policía federal. Su acción es limitada.
México necesita para cuidar y preservar sus recursos naturales una verdadera gobernanza de los mismos, que incluya un conjunto de políticas públicas soberanas sobre la propiedad, apropiación y distribución de los recursos naturales para maximizar su contribución al desarrollo con criterios de sostenibilidad. Si no hay voluntad política para la gobernanza, no podremos implementar ni políticas ni acciones exitosas para el cuidado, la rehabilitación y conservación de ellos y de los servicios que nos proporcionan.
*Maestra Viviana Macías, Coordinadora del Programa de Desarrollo Sustentable. Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social IIDSES, Universidad Iberoamericana
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