Los grupos de autodefensa desafían la lógica del derecho; mientras por una parte se combate al crimen organizado, por la otra la sociedad civil se organiza para defenderse.

 

Los grupos de autodefensa desafían la lógica del derecho; mientras por una parte se combate al crimen organizado, por la otra la sociedad civil se organiza para defenderse, en tanto, el gobierno federal exhorta a ésta a la deposición de armas que también permanecen en manos criminales sin que se les “requiera” con la misma vehemencia.

Los cárteles han sabido organizarse para encontrar estrategias de protección a la luz del estado, han diseñado grupos armados para proteger sus intereses, y para ello reclutan civiles que voluntaria o involuntariamente participan, así como ex militares y ex policías, aquellos que puedan proveer no solo de defensa sino incluso de inteligencia militar en sus operaciones. Sus estructuras se han venido desarrollando discretamente hasta un punto en que la confrontación entre cárteles las vuelve visibles, pero siempre han estado ahí, agazapados y encubiertos en paralelo al poder público.

PUBLICIDAD

¿Por qué si siempre han existido estos cárteles y grupos del crimen organizado, quedan expuestos ahora con mayor voracidad? Porque su fragmentación y desplazamiento a otros territorios los ha debilitado, despertando una lucha feroz por recuperar su control, mantener sus estructuras de poder y  proteger sus canales de distribución, desafiando la soberanía del estado. Ello ha llevado a una confrontación con las fuerzas armadas y estos grupos, que han superado la capacidad de la policía, y que han orillado a la población a decisiones desesperadas como la autodefensa.

El problema de estos grupos armados de autodefensa en contra posición a los cárteles, despiertan la discusión de si existe un conflicto armado a la luz del derecho internacional humanitario que rige en los conflictos armados, pero como delimitar esto plantea un problema pues estos grupos carecen de ideología, aspecto que acota un conflicto armado, queda entonces enmarcado como situaciones de violencia donde prevalece el cuestionamiento de la protección a derechos humanos.

La calificación de conflicto armado existe si el nivel de violencia no permite a las autoridades competentes en materia de mantenimiento del orden controlar una situación que requiere entonces la intervención militar que indica sin duda que se ha alcanzado el umbral del conflicto, pero ni esta presencia en las calles  es suficiente para considerar que se está bajo la posibilidad de la aplicación del derecho internacional humanitario para el cual la intensidad de los actos de violencia llegan a delimitar la existencia del conflicto.

Los grupos de autodefensa problematizan el escenario actual, pues se adjudican el derecho de recurso a la fuerza, que no tiene regulación específica respecto de estos grupos, es discutible la legalidad de una operación de autodefensa. Nadie puede hacer justicia por mano propia.

¿Cómo ha de garantizarse el ejercicio del poder judicial para castigar todos aquellos delitos nacidos de la confrontación de los cárteles contra la población civil? Sólo en un ambiente donde la seguridad pueda proveerse, y en este momento Michoacán por ejemplo, no ofrece seguridad alguna para el funcionamiento efectivo de las instituciones, en este caso un ejemplo podría ser el de una captura sin orden de aprehensión por la premura de tiempo, que se convierte entonces en una detención arbitraria (violación al debido proceso).

¿Podría entonces establecerse el estado de excepción y derogar parte de los derechos humanos como la libertad de tránsito? Los derechos humanos tienen por objeto proteger los derechos fundamentales de la persona contra los abusos del Estado, por lo que se aplican bajo toda circunstancia, sin embargo se cuenta con tratados internacionales que permiten a las Partes y en este caso al estado mexicano, a suspender la aplicación de algunas de sus obligaciones en situación de urgencia excepcional.

Como se observa los sucesos de Michoacán han despertado fuerzas insospechadas que exhiben la incapacidad de ese estado en el mantenimiento de la paz y el orden social, sin soslayar la responsabilidad que en ello tiene la federación al haber dejado de actuar y solo contemplar un problema que no se creó en un día sino en años de una política permisiva.

Contacto:

Twitter: @ilrodrig
e-mail: [email protected], [email protected]

*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

Ganancias de BofA en cuarto trimestre superan pronósticos
Por

Durante el cuarto trimestre la entidad reportó un incremento de ocho veces a 3,180 millones de dólares, gracias a una ca...