Ésta es una historia de terror: un estado endeudado con riesgos de  incumplimiento, empleados que deben pagar a la mafia 2,000 pesos para tener el “derecho” de trabajar con tranquilidad, campesinos sobornados y obligados a pagar 1,000 pesos por hectárea cultivada, transportistas orillados a pagar hasta 4,000 pesos por circular. ¿Hasta cuándo?

 

 

Por Saúl Cruz Canuto y Orquídea Soto

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“Primero comenzaron los asaltos. Después, apareció gente que ya no nos dejaba repartir. Más tarde, vino lo peor: nos obligaron a pagar una cuota de 2,000 pesos, más o menos y, de no pagarla, nos amena­zaban con matarnos”.

Así narra Genaro Benítez, repartidor  en Tierra Calien­te de la compañía Sabritas, su contacto con los Caballeros Templarios en Michoacán. Desde hace seis años, las extorsiones y amenazas se hicieron más frecuentes, quedó claro que las empresas de consumo, cadenas comerciales y productores agrícolas, serían el nuevo blanco de las bandas de narcotraficantes.

Como los Caballeros Templarios, que buscan sustraer valor económico a las regiones a través del cobro de cuotas a quienes producen y comercializan mercancías e, incluso, a trabajadores, dice un estudio próximo a publicarse por el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM).

Forbes México buscó la opinión de las grandes compañías asen­tadas en el estado, pero ninguna de ellas aceptó dar un testimonio. Aunque la captación de grandes cantidades de remesas no son desdeñables para las empresas de consumo. 

Pero la vulnerabilidad de Michoacán no sólo tiene que ver con el crimen organizado.La deuda total de Michoacán suma 40,000 mdp. La deuda del estado es la “más enorme, inaudita y grave del país”, dijo en su momento el propio gobernador Fausto Vallejo Figueroa. A demás de que las finanzas estatales enfrentarán una fecha fatal el próximo 16 de mayo, cuando los poseedores de un bono con valor de 4,000 millones de pesos (mdp) puedan solicitar su liquidación inmediata y orillar al estado, eventualmente, a un incumplimiento.

“Un incumplimiento sería complicado no sólo para Michoacán, sino para todo el sector subnacional (como llaman las calificadoras a las deudas públicas de los gobiernos estatales y municipales)”, dice Gerardo Carrillo, analista de Fitch Ratings. .

Michoacán no se destaca por una pujante actividad económica. Su generación de recursos se concentra en comercio e industrias manufactureras, al tiempo que en 2012 recibió únicamente 0.2% de la inversión extranjera que llegó al país. Además, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo ubicó en el lugar 27 de su Índice de Competitividad Estatal.

El incremento de la violencia y la aparición de grupos de autode­fensa obligó al gobierno federal a intervenir con presencia armada y con recursos. A finales de 2013, las autoridades anunciaron el otorgamiento de un crédito de 4,000 mdp para la construcción de infraestructura en el estado, a inicios de este año acordaron transferir 950 mdp adicionales a los gastos en seguridad y el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el apoyo total para la entidad alcanzaría los 45,500 mdp.

“El ejercicio del gasto debe ser evaluado no sólo con objetivos administrativos, sino con base en impactos y resultados definidos y con criterios que tomen en cuenta las necesidades de la población y no de los gobernantes”, dice Diego de la Mora, especialista en Presu­puesto y Políticas Públicas del centro de análisis Fundar. “Un efectivo control del gasto operativo (en Michoacán) será vital”, añade Daniela Brandazza, de la calificadora Standard & Poor’s.

 

Bienvenidos al terror

Hace más de seis años, Los Zetas trataron de hacerse del control de la actividad delictiva en el estado, pero fueron desplazados por un nuevo grupo denominado La Empresa, antecedente de la hoy conoci­da Familia Michoacana.

Tras la presunta muerte, en diciembre de 2010, del líder de esta organización, Nazario Moreno, alias “El Chayo”, este grupo se trans­formó: La Familia Michoacana quedó a cargo de Jesús “El Chango” Méndez (hoy detenido), pero surgió un nuevo grupo, Los Caballeros Templarios, encabezados por Servando Gómez “La Tuta”, un ex maestro de primaria.

La actividad en torno a la producción de limón, que se cultiva en Tierra Caliente, ilustra la faceta fiscal de Los Caballeros Templarios: el limón es el segundo producto agrícola más importante del estado, sólo después del aguacate, con poco menos de 38,000 hectáreas cultivadas en 2011 y una producción de más de 463 toneladas, valora­da en 1,461 mdp, según datos del Inegi.

De acuerdo con testimonios recogidos entre trabajadores y ex trabajadores, el crimen impuso a los dueños de las huertas el pago de 1,000 pesos por hectárea cultivada. A la vez, los cortadores del cítrico deben pagar dos pesos por cada 20 kilos que acumulen; los empacado­res 500 por cada camión que carguen y los transportistas 4,000 pesos por cada camión que sale cargado de la zona.

Al principio, las bandas se presentaron ante pobladores de ciuda­des como Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, para ofrecerles “protección” frente a la actividad delictiva de Los Zetas. A cambio, impusieron el “servicio” de cobrar una cuota o por derecho de piso, según los ingresos de cada familia.

Y es aquí donde esta historia toma un cariz más crudo: el Centro Industrial de distribución de Sabritas, que alberga a más de 180 empresas que generan más de 9,000 empleos y ha sido blanco de secuestros contra empresarios en los últimos tres años y los trabajadores no operan libremente.

En esa misma zona también se encuentra la empresa de mensa­jería DHL, una planta que produce el aceite doméstico de la marca 1-2-3 y la empresa SuKarne. Los empleados de estas empresas, todos los días, piensan que no regresarán a casa. Los trabajadores de Coca-Cola Femsa han vivido una situación si­milar.

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Consumo, secuestrado

Aún cuando pertenecen a empresas distintas y en ocasiones son hasta competidores, los repartidores de botanas, pan y refrescos optaron por hacer recorridos juntos y mantenerse comunicados para alertar sobre la presencia de hombres armados en la ruta. Pero eso no evitó que la mafia les dejara de cobrar, aceptan trabajadores de las empresas Sabritas, Bimbo, Coca-Cola y Ricolino (una marca de Bimbo).

Tampoco evitó que en mayo de 2012 se registraran ataques contra bodegas de Sabritas en Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan. Pepsico era acusada de cooperar en trabajos de inteligencia del gobierno federal.

“Varios de nuestros compañeros ya no querían ir a Tierra Caliente, hubo quienes renunciaron porque (los jefes) primero no nos creían que nos cobraban, pero ya después se dieron cuenta que sí era cierto”, dice un repartidor de Sabritas.

Por permitirles entrar a Tierra Caliente, una región que cubre una extensa zona calurosa de Michoacán y el estado vecino de Guerrero, los malos, la maña o los señores —como se refiere la gente a las células de las bandas criminales— cobran 2,000 pesos por unidad de reparto. El precio de la supuesta protección es el mismo por llegar a localidades importantes del altiplano, como Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Tlalpu­jahua y Ocampo (localidad cercana al muy visitado santuario de la mariposa Monarca).

 

Empresarios, de rodillas

La ciudad más importante de esta región es Apatzingán, un municipio con más de 123,000 habitantes que saltó a las noticias nacionales en diciembre de 2010 a raíz de un bloqueo  carretero hecho por integrantes de La Familia Michoacana y que dejó como saldo un chofer calcinado.

El transporte es una actividad de alto riesgo en Michoacán, dicen representantes locales de la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar). Roberto Yáñez, presidente de Canacar Michoacán, asegura que han interpuesto 2,000 denuncias contra robos y daños a las unidades del transporte de carga, pero ninguna ha procedido.

Frente a estas circunstancias, las empresas transportistas comenzaron a asegurar sus unidades con pólizas que cuestan hasta 100,000 pesos por vehículo y que no cubren todos los siniestros. En 2011, sólo 38% de las empresas michoacanas tenía protocolos, pero al año siguiente la cifra subió a 44%, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.

El sector de servicios, que comprende a restauranteros y hoteleros, denunció en mayo de 2013 que estaba en crisis y la Asociación de Hoteles y Moteles del estado demandó a la Federación el rescate de este sector, pues de tener una ocupación de 70% en 2008, cayó a una ocupación de 38%.

Para los restaurantes, esta situación no es ajena, pues de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) estatal, 100 restaurantes cerraron en 2013 (70 de ellos se ubicaban en Tierra Caliente) y una cantidad similar está a punto de bajar la cortina.

 

Entorno, capturado

El 4 de febrero de 2010, las lluvias provocaron el desgajamiento de los cerros en la región Oriente de Michoacán a 160 kilómetros de Morelia. Las autoridades federales señalaron que el desgajamiento de los cerros se debió a la tala inmoderada de los bosques, que corresponden en 90% a la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca.

Uno de los jóvenes que trabaja como guía de turistas en los Santuarios de la Mariposa Monarca, narra que el crimen organizado los obliga a pagar 200 pesos a la semana como condición para que sigan trabajando.

La actividad forestal, de la cual dependen más de 500,000 familias, también está capturada. De acuerdo con la Comisión Forestal (Cofom), Michoacán ocupa el segundo lugar en producción de madera, con más de 866,000 metros cúbicos; los municipios con mayor producción de madera son Indaparapeo, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo y Peribán.

Javier Álvarez, empresario del sector maderero en Ciudad Hidalgo, explica que a los madereros de la zona les cobran entre 1,500 y 2,000 pesos mensuales por cortar y vender la madera. “Prácticamente tenemos un nuevo socio: el crimen organizado”, ironiza.

Por su parte, ex trabajadores de las compañías mineras asentadas en Arteaga y Tepalcatepec revelan que la empresa paga un precio alto por mantener sus operaciones. Por cada tonelada de mineral, plomo o zinc extraído en Tepalcatepec, deben aportar dos dólares. Diario obtienen 2,000 toneladas, lo que significa que a la semana deben cumplir con el pago de 10,000 dólares. En el caso de una minera ubicada en Arteaga, que extrae 5,000 toneladas al día, la “cuota” se estima en 25,000 dólares semanales.

En este momento, las autodefensas se han extendido por varias regiones del estado para contrarrestar los golpes de Los Caballe­ros Templarios, pero Heliodoro Gil Corona, presidente del CEEM, manifiesta que al controlar la economía estatal, el crimen organizado es quien gobierna y, peor aún, el que establece el comportamiento de los mercados.

Como se ve, esta historia de terror, se sigue escribiendo.

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