El presupuesto de egresos para 2019 plantea una asignación de 39,349 millones de pesos (mdp) por concepto de recursos otorgados a fideicomisos. Este monto es mayor que los presupuestos individuales de 17 de las 26 dependencias que conforman al gobierno federal.
El mayor problema de los fideicomisos no es el dinero que se les asigna, sino la opacidad con la que ejercen los recursos. Según la información de la Secretaría de Hacienda, disponible al último trimestre, existen 374 fideicomisos públicos a nivel federal, con recursos administrados por 835,477 mdp; esto es equivalente a 14.3% del total del presupuesto asignado para 2019.
“El próximo año se prevé una disminución de 39% a los recursos destinados a fideicomisos en el presupuesto; sin embargo, no sabemos cuáles de los fideicomisos existentes tuvieron recortes o cuáles tuvieron un aumento de recursos”, explica Sarahí Salvatierra, investigadora del Centro de Análisis Fundar.
Los fideicomisos garantizan que un proyecto tenga recursos para operar en un largo plazo. Por ejemplo: puede abrirse un fideicomiso para construir un hospital que demorará más tiempo del que comprende una asignación presupuestal, para que, aunque cambie el gobierno, haya dinero para terminarlo. Otra de las ventajas de los fideicomisos es que, al ser administrados, por lo común, por una institución financiera, generan sus propios rendimientos.
Sin embargo, hoy no existe un registro de cuánto dinero tiene cada fideicomiso constituido con recursos públicos y cuál es su plan de operación. Fundar explicó, en diciembre, que 92% de los recursos que están en fideicomisos no tienen mecanismos internos de control ni vigilancia del gasto, lo que permite que escapen del escrutinio público y sean ejercidos de manera discrecional.
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“No vemos que haya cambios en materia de transparencia en este proyecto”, señala Sarahí Salvatierra; “no se justifican los montos asignados. Tener ese registro nos permitiría valorar si se están destinando recursos a fideicomisos para fines públicos o si es gasto que se asigna de manera discrecional”.
Entre los riesgos señalados por Fundar, destaca que el rubro de Fideicomisos reporta sobre-ejercicios año con año (un monto mayor que el aprobado). Para 2017, el gobierno aprobó 42,737 mdp y, al cierre del año, se le había destinado 310,637 millones, es decir 600% más, sin que se explicara a qué fideicomisos se destinó dicho recurso.
Gasto ejercido, ¿gasto olvidado?
El
think tank México Evalúa explica que los fideicomisos han pasado de ser una figura útil para asegurar la viabilidad de los proyectos, a una estructura opaca. En 2016, el 36% del gasto en inversión física se ejerció a través de fideicomisos públicos. La proporción es más del doble de la que se reportaba al inicio de la administración de Peña Nieto, pues, en 2013, apenas el 17% del gasto en inversión se ejercía a través de éstos.
Cuando la inversión física se ejerce a través de fideicomisos, ocurre un fenómeno que crea todavía más incertidumbre sobre la utilización del dinero, pues, una vez que ha sido canalizado, se considera gasto devengado y no está sujeto a ningún tipo de auditoría sobre su efectividad.
“Se entiende que el dinero ya se usó en el objetivo previsto, lo que no necesariamente es cierto. Los recursos para infraestructura que se destinan a fideicomisos pueden permanecer allí años sin gastarse. Esto puede disimular subejercicios de gasto en infraestructura y explicar, al menos en parte, por qué el valor agregado del gasto en infraestructura ha caído, pues ni siquiera estamos seguros de si se gastan o no estos recursos”, señala Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Eliminarlos no es opción
Como parte de la Ley de austeridad, la Cámara de Diputados proponía cambiar las reglas de operación de los fideicomisos para evitar la opacidad en el gasto. Algunos legisladores se pronunciaban incluso por desaparecer la figura e integrar los recursos a la Tesorería de la Federación.
Sobre esto, Mariana Campos explica que desaparecer los fideicomisos sólo generaría más burocracia, pues los proyectos multianuales tendrían que solicitar presupuesto cada año y serían menos atractivos para la participación de empresas, en el caso de asociaciones público-privadas. En cambio, pide eliminar su opacidad.
“Existen muchos fideicomisos privados que intervienen en asuntos de interés público, pero que se ejercen con secrecía. Es importante regular sus prácticas y determinar el grado de intervención de estos fideicomisos en asuntos públicos, el grado de transparencia y rendición de cuentas que deben tener y el grado de responsabilidades por el incumplimiento en la administración de los mismos”, concluye la especialista.
