Participo en un foro de seguridad en la Cámara de Diputados y me toca explicar el fracaso del Plan Mérida y su efecto nocivo en la paz de México. Lo apoyo con algunas gráficas de homicidio y de ejecuciones de crimen organizado.

Hay mucho más: El incremento de delitos de alto impacto, la atomización de los cárteles, las desapariciones forzadas, las violaciones a los derechos humanos, el incremento del consumo de drogas en México, las muertes por sobredosis en Estados Unidos, el tráfico de armas, el colapso de las autoridades civiles y de la sociedad con el “plata o el plomo”, la visión negativa de México como un país violento y corrupto que no sabe resolver sus problemas, la perversidad de la DEA en utilizarnos como chivo expiatorio, en lugar de reconocer el fracaso de su política de drogas.

Somos muchos ponentes y sólo tengo 20 minutos para hacer mi análisis y mi propuesta de solución. Hay varias ponencias interesantes, sobre todo, las del deterioro a los derechos humanos y los riesgos de la Ley de Seguridad Interior.

Hay dos ponencias en especial que me llaman la atención: una de la Marina y otra del Ejército Mexicano. Ambas son buenas, bien sustentadas, propositivas, nacionalistas, valientes; en ambas se insiste en una máxima del sistema político mexicano: El respeto de los militares a los civiles y viceversa, el respeto de la sociedad mexicana a sus fuerzas militares.

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Después de muchas revoluciones, levantamientos y dictaduras militares, México pudo resolver este dilema a principios del siglo XX, mucho antes que el resto de Latinoamérica. Sean buenos o malos los políticos en México, los militares se sujetan a la autoridad civil.

El Plan Mérida y la guerra contra las drogas sin embargo, ponen en riesgo este respeto mutuo, pues socava no sólo a la autoridad civil sino a la militar, y la relación entre ambas. Los militares no declararon esta guerra, la declararon los civiles.

Muchos mexicanos aún creen, como Felipe Calderón, que el ejército puede vencer al crimen organizado, pues está mejor armado y organizado que ellos. Es cierto, pero no toman en cuenta que no es una guerra contra el crimen organizado, sino contra un mercado, y los mercados no se manejan con balas sino con regulación económica. No es lo mismo combatir delitos que combatir mercados, se los dice alguien con 25 años de experiencia en el tema.

La DEA, el Plan Mérida y el prohibicionismo en general crean violencia y corrupción. No hay fuerza policiaca o militar que pueda con ello, ni en México, ni en el mundo, salvo que escogiéramos ser de nuevo una dictadura militar y suprimiéramos todos los derechos humanos.

La guerra contra las drogas es por tanto, una guerra contra el Estado de Derecho, pero no queremos entenderlo. La única manera de reducir el poder de las mafias y del mercado es regulando drogas. Esa es la decisión ética, efectiva e históricamente correcta.

“¿Por qué está usted en contra de que el ejército participe en el combate de delitos?” me pregunta un asistente al evento.

“No, no lo estoy, siempre los incluimos en nuestras mesas de trabajo. Cuando la policía se ha colapsado sólo el ejercito puede resolverlo. Estoy en contra de que lo que debe ser una excepción se convierta en una regla, estoy en contra de convertir al ejército en una víctima más del prohibicionismo, estoy en contra de seguir debilitando al Estado de Derecho”.

 

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