Nunca como ahora, el ejército mexicano ha tenido tantas responsabilidades que van más allá de lo que por naturaleza les corresponde, que es la protección del país contra fuerzas extranjeras. En la administración del presidente López Obrador les han asignado tareas que van desde la administración de dependencias civiles, la construcción de obras que normalmente se realizan por civiles, la distribución de medicinas en diversas entidades, la integración y administración de la Guardia Nacional, que supuestamente es de civiles, la administración de un banco, además del Banjército, y la instalación de cajeros automáticos, campañas de vacunación y, ahora, la construcción y administración de diversos tramos del tren maya. El mundo tiene diversos ejemplos de por qué, aún en países democráticos, llenar de actividades al ejército es una mala idea.

Bajo el argumento de que las y los civiles son corruptos y los militares no se dejan sobornar, es que se han dado un conjunto de actividades a las fuerzas armadas, tanto el ejército como la marina, que no habían sido diseñadas para su realización militar, ni esas dependencias para hacer funciones civiles. De por si, se ha demostrado ampliamente que el involucramiento de la perspectiva militar en tareas de seguridad pública puede empeorar las condiciones más que mejorarlas, sin mencionar el incremento a las violaciones en derechos humanos que se cometen, el hacerlo en espacios dedicados a la iniciativa privada puede generar mayores costos, vicios, opacidad y corrupción.

Lo anterior, no únicamente porque las fuerzas armadas tienen un espacio de acción cuya regulación asume condiciones de seguridad nacional, por lo que la información no únicamente no fluye de la forma en que lo haría en un contexto civil, sino que los procesos de contratación pueden tener condiciones legales distintas a aquellas que se realizan en espacios civiles, en términos de la argumentación sobre la seguridad nacional.

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En buena medida, el presidente López Obrador ha buscado diversos medios que le permitan configurar esta alianza con el ejército, para ubicarse como un pilar de su gobierno, debido a diversas razones que serán conocidas y tendrán frutos muy probablemente en el futuro. Más aún cuando durante la etapa previa a la administración del presidente, las confrontaciones con el ejército presagiaban una relación complicada debido a las acusaciones que hizo al ejército en diversas condiciones.

El mundo muestra diversos ejemplos de alianzas entre el ejército y sus gobiernos, particularmente en países no democráticos o con condiciones democráticas que transitaron desde dictaduras donde los militares buscaron afianzar su poder y tener salvaguardas en las nuevas condiciones.

El caso tal vez más cercano a la forma en que el ejército mexicano está siendo involucrado en actividades civiles es Nicaragua, pero también están Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, como casos relevantes, donde un elemento en común es que los militares se reapoderaron o incrementaron su poder durante la existencia de gobiernos de la izquierda nueva en la región.

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Otros casos en el mundo se encuentran en China, Camboya, Indonesia, Pakistán, Turquía, Rusia, África Central, etc. Donde han existido procesos de transición desde espacios autoritarios a condiciones democráticas o donde no ha existido un cambio como tal. Entre las consecuencias de tal condición no únicamente está la ineficiencia de las actividades económicas que controlan, sino la apropiación de recursos que, de otra manera, serían destinadas a actividades como parte del presupuesto público corriente.

En todas las experiencias donde esto ocurre, los ingresos se quedan en los espacios militares o existen asignaciones específicas a partir de impuestos que se cobran a actividades económicas, como el caso del cobre en chile, y que se destinan a las arcas del ejército distrayendo dichos recursos de actividades productivas o de beneficio social.

El anuncio hecho por el presidente López Obrador sobre el hecho de que los ingresos por las actividades que ahora el ejército tendrá, serán destinados a la seguridad social de las propias fuerzas armadas y sus familias, les ubica en una condición de excepción con respecto al resto de la ciudadanía, lo que implica una apropiación indebida de dichos recursos.

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