Las reglas del mercado mexicano de valores no son las más estrictas y, aun así, a menudo son pasadas por alto en perjuicio de los inversionistas.

Entre 2016 y lo que va de este año, 86 empresas y personas físicas han recibido sanciones que superan 1 millón de pesos. Detrás de estas violaciones está el incumplimiento de los mecanismos de auto vigilancia y de contrapesos para la toma de decisiones o gobierno corporativo.

Uno de los casos más recientes ocurrió el año pasado e involucró a Grupo Famsa, cadena de tiendas de bienes duraderos de Monterrey. “Los directivos de esta empresa hicieron, literalmente, un movimiento muy agresivo de reducción de 50% de su capital contable y salieron al mercado a decir que hubo un error en su contabilidad y que no reservaron ciertos créditos, lo que generó fuertes pérdidas a los inversionistas”, explica Manuel Palestino, director de Asesoría Integral MGP.

A raíz de esta maniobra de falta de transparencia de la compañía, el precio de la acción de Famsa pasó de 15.39 pesos, el 1 de abril, a 6.85 pesos el 6 de julio (de 2016), es decir, una caída de 55%.

Días antes, Famsa hizo una colocación de bonos, en la que analistas, casas de bolsa y calificadoras de deuda debieron revisar sus números; sin embargo, después salió a informar que había una reducción significativa de su capital. “Eso […] no se hace de la noche a la mañana y es cuando uno se pregunta: ¿Dónde está la autoridad? ¿dónde está ese tal gobierno corporativo?”, pregunta Palestino. “Para mí, no son más que buenas intenciones, porque a la hora de la hora, el que termina perdiendo es el minorista”.

Otro caso es el de OHL México. La filial de la española OHL estaría bajo investigación por presentar registros que no se apegan a los principios de contabilidad reportados a la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México

Algunas de las crisis más profundas en los mercados financieros, que incluso llegan a afectar a toda la economía, inician con directivos que ocultan la verdadera situación por la que atraviesan sus empresas, lo que provoca pérdidas a los accionistas y deterioro en la credibilidad de quienes promueven a esas empresas en el mercado, los analistas bursátiles.

Este tema lo tienen muy claro los operadores de las mesas de las casas de bolsa, fondos de inversión y analistas. “Sobre el mal manejo de los directivos o de los funcionarios de las empresas ha habido malas historias en las bolsas, que nos han hecho perder grandes cantidades de dinero”, comenta un operador de capitales que pidió se omitiera su nombre.

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En esos casos, los comités de vigilancia no pasan de ser una buena intención. Ha habido cosas positivas; pero, cuando hay malos manejos, el gobierno corporativo del que tanto se habla desaparece, agrega la fuente. “Y entonces, ¿quién ha estado pagando los platos rotos? Pues, el minoritario, porque la acción que compró a un nivel, ahora está en otro”, comenta.

Ante esto, en México y en el mundo se replantean las prácticas de gobierno corporativo en busca de mayor transparencia. Se señala la necesidad de una regulación que sancione a los responsables y los inversionistas recuperen la confianza en el mercado de valores, algo para lo cual las buenas prácticas de gobierno corporativo son cruciales.

El objetivo es dar certeza a los inversionistas sobre los activos de la empresa de la que posee títulos y sobre la forma en la que esa empresa es dirigida o gestionada.

 

Nacida del escándalo

La regulación de la gobernanza de las empresas ha evolucionado en las últimas dos décadas. El tema se presentó por primera vez en el “Informe Cadbury”, en 1992, donde se recogía un código de buen gobierno al que las empresas de la bolsa de Londres debían adherirse. Pero fue hasta 2002 cuando grandes escándalos corporativos impulsaron diversas propuestas para vigilar el actuar de las empresas.

Los temas de gobierno corporativo se refuerzan cuando hay escándalos como los de Enron o WorldCom, que implicaron abusos impresionantes para los inversionistas, con todo y que eran empresas reguladas, vigiladas y auditadas por firmas de primer nivel, comenta Jorge Fregoso, experto en finanzas de la Universidad Anáhuac.

En el caso Enron (1998-2001), esta empresa que había inflado las utilidades, cuando, en realidad, las deudas superaban a las ganancias: las pérdidas fueron estimadas en 63,400 mdd. Al año siguiente, estalló el escándalo WorldCom, empresa de telefonía que disfrazó gastos como inversiones de capital y registró ganancias artificialmente.

 

Las pérdidas: 107,000 mdd

Esto dio lugar a la Ley Sarbanes-Oxley, que impone medidas de control interno más rígidas para evitar fraudes y procedimientos para eliminar o mitigar los conflictos de interés en las empresas, mediante la separación de accionistas y directivos.

“Es decir, [la separación] de quienes son los dueños del balón y los que juegan con el balón”, dice Fregoso.

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Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México

 

Intereses en pugna

En México, la regulación cobró importancia con la emisión, por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en 1999, de un Código de Mejores Prácticas Corporativas, señala Daniel Aguiñaga, experto de Deloitte. La finalidad es que las decisiones las tome un grupo de personas en el que todos posean la misma información y que los procesos internos salvaguarden en todo momento los intereses de todos los involucrados en tales decisiones, comenta Aguiñaga.

Aunque trabajan para una empresa, los directivos buscan sus propios intereses, así que uno de los objetivos del gobierno corporativo es alinear los intereses de las personas con los de los accionistas, indica Fregoso.

Por ejemplo, el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), que regula a las empresas que cotizan sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), establece que el consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles estará integrado por un máximo de 21 consejeros, de los cuales cuando menos 25% deben ser independientes. “Con esto se busca   minimizar la posibilidad de un mal actuar de la organización, porque tiene sistemas adecuados de contrapeso”, indica Daniel Aguiñaga, experto de Deloitte.

 

Sanciones que no inhiben

La LMV establece, por ejemplo, la observancia de ciertas prácticas que deben seguir, tanto las empresas que emiten títulos de deuda, como las que cotizan en la BMV, a efecto de transparentar las operaciones y tener una mejor vigilancia de las mismas.

“Evidentemente, estas empresas son sancionadas por los órganos fiscalizadores respectivos, como la CNBV; y, dependiendo de la falta, es la multa o pena que se aplica”, dice Aguiñaga.

En cambio, el Código del CCE contiene lineamientos de aplicación voluntaria, por lo que no existen sanciones, señala Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la BMV.

Aun así, los inversionistas pueden “castigar” el valor de una empresa por una falta de transparencia o mal manejo de la organización. “El gobierno corporativo lo incorporamos como parte de nuestro análisis cualitativo y, dependiendo de lo que encontremos, podremos darle un impacto positivo o negativo”, confirma Luis Quintero, de la calificadora HR Ratings.

Pero, si además de incumplir el código, la empresa incurre en una falta legal, le corresponde una sanción. El problema es que el proceso para presentar un reclamo por parte de los inversionistas es lento, señalan los operadores consultados.

En el caso de Famsa, que cometió faltas graves y se llevó de calle a auditores, calificadoras y analistas, no se vio una posición firme de las casas de bolsa para hacer un llamado a los inversionistas y marcar una posición porque, de entrada, eso representaba un juicio costoso y un proceso largo del que no se tiene antecedente en México, comenta Palestino.

“En las casas de bolsa, nadie quiere tirar la primera piedra porque es autogol; y lo entiendo: ellas ganan porque colocaron el papel comercial y luego ganan porque cobran una comisión al cliente que lo tome. Entonces, cuando sucede una cosa de este tipo, entran en un dilema”, añade.

Por su parte, los comités de vigilancia de la empresa no dan la cara o hacen creer que ellos también fueron engañados.

Las autoridades señalan que atienden los casos que les han demandado investigar y que han aplicado las sanciones respectivas.

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Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Foto: Lizeth Arauz / XquendaFoto.

La constructora de vivienda Homex recibió sanciones, en 2015, por 10.5 mdp, que se sumaron a otras penalizaciones previas. “Con base en los principios generales de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la CNBV detectó que los estados financieros de Homex estaban inflados, particularmente en el rubro de ventas”, dijo en una entrevista Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, con relación a la investigación realizada a Homex por la Securities and Exchange Commission (SEC).

Después del caso Comercial Mexicana, cuyo quebranto por una operación fallida de derivados orilló a la compañía a declararse en insolvencia de pagos, las vivienderas han protagonizado, en la última década, las peores crisis por malas prácticas corporativas.

En el caso de las vivienderas, “se observó un tema de corrupción, ya que son empresas que viven de contratos gubernamentales en los que, muchas veces, si no entran en ese juego de dinero y sobornos, no se les permite generar negocio”, destaca Fregoso.

“Hoy estamos en la parte de OHL y sancionamos, en ambos casos, a personas físicas y a personas morales por inconsistencia en la información, que es lo que nos preocupa”, indicó, en la citada entrevista, el presidente de la CNBV.

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Pero no es suficiente

Los afectados en el mercado demandan más comunicación de la CNBV, la BMV y los analistas, y que los comités en las empresas tengan la fuerza suficiente para levantar la voz ante un problema.

Falta hacer que la ley se cumpla, que haya repercusiones legales cuando se comete una falta, dice Fregoso. “En el caso de Enron, muchas personas fueron encarceladas. En México, no sé si el principal directivo de La Comer fue a la cárcel; no robó [pero] hizo un quebranto”, agrega.

A Famsa aún se le podría aplicar una sanción, pero la pregunta de Fregoso es dónde están los consejeros independientes y los auditores. Un buen gobierno corporativo busca minimizar la posibilidad de un mal actuar de la organización con base en un sistema adecuado de contrapesos, cierra Aguiñaga, de Deloitte.

 

Con información de Marisol Huerta.

 

 

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