El gobierno del presidente Peña Nieto pretende retomar la energía nuclear como una alternativa a los combustibles fósiles, ¿cuál es el estado que guarda la industria en nuestro país?

 

Recientemente los medios han informado del interés del gobierno de México de retomar a la tecnología nuclear como una opción para la expansión de la capacidad de generación de energía eléctrica. Sin embargo, la realidad es que la energía nuclear ha continuado vigente en la discusión de la política energética del país.  El primer reactor de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) entró en operación en 1990, y el segundo en 1995, con mejoras continuas en su operación y en su desempeño, reduciendo el tiempo de las recargas del combustible nuclear y sujetándose a la estricta normatividad de seguridad nuclear y salvaguardias de la Comisión Nuclear de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y de organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como de recomendaciones de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

Hay que tomar en cuenta que durante varios años se han tenido avances en este tema. El Programa Sectorial de Energía 2001-2006 (PROSENER) ya señalaba que dentro de una política nacional con visión de largo alcance en materia energética, no podía dejar de analizarse la conveniencia de contar en un futuro con un programa nuclear que permitiera diversificar las fuentes de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2006, la Secretaría de Energía creó el Comité de Apoyo para la Toma de Decisiones en Materia de Energía Nuclear a fin de que la Secretaría desarrollara un programa de expansión de la capacidad nucleoeléctrica en México. En ese mismo periodo, se concursó y adjudicó la repotenciación de las dos unidades de la CNLV, incrementando su capacidad hasta en 25%, 320 MWs adicionales a los 1,365 MW con los que contaba la planta originalmente. En la administración anterior, en 2007 el Programa Sectorial de Energía señalo que la tecnología nuclear era una opción viable, y la Estrategia Nacional de Energía 2012-2027 sigue señalándola como una opción a considerarse para la diversificación del parque de generación.

Tenemos así que la energía nuclear debe jugar un papel fundamental en la transición energética y en la obtención de una matriz energética más limpia que nos permita cumplir con los compromisos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Para los últimos años del horizonte de planeación de la CFE que se describe en el documento “Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2026” se determinó la energía de fuentes fósiles que habría que reemplazar por generación no fósil, a fin de lograr la meta de 65% a base de fósiles partir de 2024 y mantener su cumplimiento al 2026. Los resultados muestran que el escenario con adiciones de renovables resulta con el mayor sobrecosto anual respecto al caso de referencia, el Programa de Requerimientos de Capacidad (PRC), que es el oficial. El caso con menor sobrecosto respecto al de planeación corresponde al escenario con centrales nucleares, sin embargo, requeriría la instalación de 7 u 8 centrales de este tipo al 2026, lo que constituiría todo un reto, tanto técnico como presupuestal, sin mencionar la falta de una estrategia de comunicación para informar correctamente sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología.

Esto se debe a que, si bien el incidente de Fukushima fue una llamada de atención importante para la industria nuclear, en el largo plazo el resultado será un mejor diseño de los sistemas pasivos de seguridad y un mayor análisis de los emplazamientos en que se construyen las centrales, que fue un aspecto fundamental en este caso. El problema en Japón no ha impedido el que países como China, Emiratos Árabes, Corea, Finlandia y otros continúen ampliando su parque de generación nuclear, aunque los encabezados de las noticias se enfoquen en países como Alemania, que asumirán un costo gigantesco al retirar sus centrales nucleares conforme sus licencias de funcionamiento vayan expirando.

La verdadera pregunta es si México cuenta los recursos económicos y técnicos para poder definir un programa nuclear de largo plazo que beneficie a la industria nacional y que sea un detonador de inversiones y de mano de obra calificada. A finales de los años 50 del siglo pasado tanto México como Corea iniciaron sus programas nucleares, el primero con la creación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, la segunda con la Oficina de Energía Atómica. Cincuenta años después, 23 reactores nucleares proveen una tercera parte de la energía en Corea del Sur, mientras que en México los dos reactores de Laguna Verde proveen menos del 5% del total de la energía en el país. En estos años, los recursos humanos especializados requeridos para una expansión nuclear se han visto seriamente mermados, por lo que inclusive la capacidad para el licenciamiento de una nueva tecnología de reactores por parte del regulador nuclear estaría en entredicho.

Por otro lado, un reto adicional que aún no ha sido analizado a profundidad es el referente al impacto sobre las finanzas públicas de un proyecto de esta magnitud. El techo de inversión anual para el proceso de generación de la CFE oscila entre 2 y 3.5 mil millones de dólares anuales, incluyendo tanto Productores Externos de Energía como Obra Pública Financiada. Para un proyecto con un reactor de Generación III+ como podría ser el ESBR (Reactor Económico Simplificado de Agua Hirviente) de 1520 MW netos como el que vende General Electric de manera conjunta con Hitachi, si suponemos un periodo de desarrollo y construcción 10 años, donde 5 años son para elaborar la ingeniería de detalle y 5 años de construcción desde primer concreto hasta alcanzar criticalidad en el reactor, habrían años donde el presupuesto completo del área de generación no alcanzaría para sufragar los gastos de la construcción. Entendido así, el pago de un proyecto así sale de la discusión de las finanzas de la paraestatal, pasando de ser un problema presupuestal de la CFE a un tema de las finanzas públicas del país.

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Si bien este autor considera que la incorporación de la opción nuclear es necesaria para lograr una matriz energética diversificada y lograr también la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, también es cierto que hay muchas opiniones al respecto, tanto por lo que hace a la seguridad y costos de la tecnología, como el papel que deben jugar en el futuro energías como las eólica y la solar o los recientes descubrimientos de shale gas que nos han llevado a tener un mercado norteamericano con los precios más bajos de gas natural a nivel global. El primer paso consiste en tener claro que no se trata de construir una central nuclear adicional, sino el desarrollar un Programa Nuclear con todas las vertientes que esto conlleva. Se debe tener una discusión abierta sobre el tema con la participación de los legisladores, expertos sobre el tema y la opinión del público en general, incorporando temas que no se han atendido aún, como el confinamiento de desechos, el restablecimiento de una currícula especializada en las universidades y formación técnica (i.e. soldadores), selección de emplazamientos adicionales al que se cuenta actualmente en la CNLV, la evaluación de las capacidades de la CNSNS y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), e incluso temas relacionados con el ciclo del combustible como sería la prospección de uranio y la fabricación de celdas de combustible, por no incluir temas políticamente riesgosos como la conversión y el enriquecimiento de uranio.

Para un escenario donde la energía nuclear pueda jugar un papel preponderante en nuestra matriz energética, con procesos de 10 años para entrada en operación comercial y una vida útil para los reactores de última generación de 60 años, se requiere incrementar los escenarios de planeación de 15 a por lo menos 25 años. Esperemos que la esperada reforma energética establezca las condiciones necesarias para una nueva política energética de largo plazo que equilibre las necesidades de diversificación, seguridad energética, sustentabilidad y eficiencia sin sesgos ideológicos que privilegien una u otra tecnología. Bajo estas condiciones, la energía nuclear seguramente jugará un papel preponderante en México.

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