Reducciones “por decreto” como la realizada a las tarifas eléctricas se traducen en una gran incertidumbre para el público inversionista de la industria eléctrica.

 

En la segunda parte de “Mitos y realidades de la Ley de la Industria Eléctrica” establecíamos que la certidumbre legal es otro gran “pero” de la Reforma Energética, refiriéndonos a las limitaciones del Reglamento de la Ley. Sin embargo, en los primeros días de enero el Ejecutivo federal hizo un anuncio de reducción de tarifas eléctricas que se dan “como resultado de las reformas estructurales”. Este tipo de reducciones “por decreto” se traducen en una gran incertidumbre para el público inversionista del sector eléctrico, pues los flujos de los proyectos de generación estarían a merced de políticas de precios o medidas contracíclicas que buscan reactivar la actividad económica.

Resulta interesante analizar cómo meses antes del anunció antes mencionado el gobierno federal empezó a moderar su discurso respecto a las promesas de campaña de la reducción de tarifas, pues se especificaba que la reforma traería esta baja una vez que operara el mercado mayorista y se contara con mayor competencia en el sector de generación.  El anuncio no tiene fundamentos de mercado, y genera un ambiente adverso a la inversión en el sector. En 2008 el gobierno del presidente Calderón anunció también una serie de medidas contracíclicas que incluyó la reducción de tarifas eléctricas. Independientemente de que el resultado de dicha medida no fue exitoso como medida de reactivación de la actividad económica, lo que sí logró fue detener el desarrollo de proyectos de autoabasto durante al menos 18 meses. Lo más importante para el desarrollo de proyectos de infraestructura es tener reglas claras que den certidumbre para periodos de 20 o más años. La estructura tarifaria actual puede ser complicada y poco competitiva, pero las fórmulas y los ajustes a que se sujetan a través de las variaciones en los combustibles son parte de las reglas del juego.

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Más interesante, sin embargo, es cómo se sigue avanzando en la implementación de la reforma. Se puso a disposición de los interesados la propuesta de Criterios para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga. Junto con las Reglas de Mercado, que deberán estar listas para consulta pública en las siguientes semanas. Considero que estos documentos son los ejes rectores de la reforma del sector eléctrico, pues de ellos depende que esa prometida inversión privada se materialice. Por lo que hace a los Criterios de Interconexión, éstos le permitirán al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) determinar las instalaciones necesarias para interconectar nuevas centrales eléctricas o puntos donde se demande energía (por ejemplo, un parque industrial).

Establecer reglas claras para estas solicitudes ha sido una demanda de la industria por años. Si bien el objetivo central es que técnicamente se asegure que se mantiene la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional de acuerdo con ciertos estándares de confiabilidad y criterios operativos, este proceso le dará información al Cenace para identificar en el corto y largo plazo, las necesidades de expansión, ampliación y modernización de la red de transmisión

De diversas entrevistas e intercambios con actores relevantes se puede ver que tanto la Secretaría de Energía (Sener) como el Cenace, están avanzando en el cumplimiento de los hitos que les impone la reforma. Más preocupante, sin embargo, es el hecho de que ni la Comisión Reguladora de Energía ni la CFE han diseñado una reestructura de sus organizaciones acordes con el nuevo entorno regulatorio. Por un lado, elementos valiosos de amplísima experiencia en el sector eléctrico se jubilan todos los días de CFE ante la falta de perspectivas profesionales y por presiones internas. Por otro, el rezago en los tabuladores de la administración pública federal hace poco atractivo el servicio público para aquellas personas con la mayor experiencia, por lo que las vacante, en la mayoría de los casos se llenan con personal con escasa o nula experiencia en el sector, o sin el nivel de aptitudes gerenciales necesarias.

En el caso de la CFE, la “empresa productiva” del Estado no ha llevado a cabo ninguna modificación relevante en su estructura orgánica. Se reconoce la necesidad de la reestructura de la organización, pero ha habido escasos o nulos avances en este sentido. Lo que sí se sabe en el medio es que las grandes consultoras internacionales, con especialistas en este tipo de reestructuras (con implicaciones fiscales, de gobierno corporativo, precios de transferencia etc.) estaban alineadas desde hace meses para obtener contratos de asesoría. La CFE inclusive se entrevistó con ellas y finalmente no realizó más que contrataciones con alcances limitados a consultoras pequeñas. ¿El resultado? Un rezago importante respecto a las necesidades que enfrentará la CFE ante la entrada en vigor del mercado eléctrico mayorista, el cual impactará en la efectividad de la reforma para hacer más eficiente a la “empresa productiva del Estado” y en dar claridad a los inversionistas extranjeros respecto al papel que tendrá el que, por varios años, seguirá siendo el jugador dominante en el mercado.

Pero ¿cómo deberá ser la nueva CFE? Se habla de las filiales y subsidiarias, su participación en el mercado mayorista como un jugador más y la necesidad de generar utilidades, pero el organigrama actual no permite atacar estos nuevos requerimientos. Recordemos que actualmente la CFE está conformada por una Dirección General y 5 direcciones: Operación, Administración, Inversión Financiada, Finanzas y Modernización. De éstas, la primera aglutina más del 80 por ciento del personal, o unas 80,000 personas en 5 subdirecciones: Distribución, Generación, Transmisión, Seguridad Física y Energéticos, donde la de Distribución tendrá más del 50 por ciento del personal. ¿Cuáles son los movimientos que deberían hacerse a esta estructura organizacional? Por un lado, la Dirección de Operación no tiene ya sentido de existir, pues la creación de las subsidiarias debe seguir la lógica de las verticales de negocio. El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ya fue separado de CFE, pero no se ha establecido aún si habrá actividades centralizadas que provean de servicios a las subsidiarias, como podría ser el manejo de la nómina.

Personalmente creo que la Subdirección de Energéticos, que muchos años fue una gerencia, debería desaparecer, estableciendo que las filiales de generación establezcan sus propias políticas y contraten el suministro de los combustibles. Adicionalmente, a nivel Dirección se debería fusionar Administración y Finanzas, que fueron separadas hace 15 años, pero que no tendrían que estarlo. Por lo que hace a Modernización, desde hace dos años ha actuado únicamente como un brazo operador de la Dirección General, coordinando la ampliación de la infraestructura de gasoductos. Esta Dirección fue creada como Dirección de Modernización y Cambio Estructural hace más de 15 años, cuando se tuvo la primera iniciativa de apertura del sector, con lo que se creó un sistema de evaluación de resultados y un mercado virtual que funciona internamente en CFE hace años. Hoy en día no juega este papel, y al no ser parte del proceso de generación de ingresos puede desaparecer el día de mañana. Sin embargo, mi pronóstico es que, exceptuando la Dirección de Operaciones, cuyo titular se jubilará, con los que se podría eliminar dicha posición del organigrama, las demás direcciones cambiarán de nombre o atribuciones, pero no habrá recortes a nivel ejecutivo.

Si bien quitar puestos bien remunerados con prerrogativas costosas sería deseable, éstas serían únicamente medidas sencillas que no necesariamente impactan al usuario final. La parte difícil es la reestructura que requerirá la Subdirección de Distribución. Actualmente el país se encuentra dividido en 16 divisiones de distribución con sus correspondientes estructuras gerenciales, las cuales dan servicio a entre 2.5 y 3 millones de usuarios. Para ponerlo en perspectiva, Pacific Gas and Electric, una de las distribuidoras de electricidad más grandes en Estados Unidos, cuenta con 5.2 millones de clientes en California. Por un lado, las autoridades aún no tienen claro si esta división territorial se mantendrá o no. Tenía una lógica administrativa desde el punto de vista del monopolio, pero no resulta claro si esta lógica se mantiene. En Estados Unidos existen cientos de empresas que distribuyen electricidad, desde cooperativas y empresas municipales hasta las grandes IOU (Investor Owned Utilities). En México aún no sabemos si hay que fragmentar la estructura actual, mantenerla o inclusive concentrarla, pero aquí es donde se encuentra el contacto con el usuario final, y donde hay también importantes ineficiencias operativas.

Sin embargo, con la reforma las distribuidoras deberán participar en el mercado para comprar la energía que venderán a sus usuarios. En la práctica, lo que esto significa es que la Subdirección de Distribución deberá dividirse en dos procesos, el operativo y el comercial. El primero se encargará de entregar la energía a los usuarios, cuidando la calidad de la energía y los aspectos técnicos, manteniendo y ampliando la red de distribución. La parte comercial se encargará de facturación y cobranza, pero deberá establecer contratos de largo plazo con generadores, participando también en compras de mercado spot para cubrir las necesidades de sus clientes. Así se hace en los mercados desregulados, pero después de ver algunas de las decisiones que se han tomado en la reforma, no debería extrañarnos que se opte por algún esquema no probado.

Desgraciadamente, lo que hemos visto en las últimas semanas es que hay mayor preocupación por el mensaje político, anunciando grandes inversiones en infraestructura, que por los detalles finos de la reforma. Conforme las fechas de ciertos hitos de la reforma se vayan acercando, sabremos si hay la capacidad de respuesta para poder cumplir no sólo con las obligaciones legales, sino también con las mejoras en productividad y eficiencia que se requieren para poder contar con una empresa productiva del Estado que le dé buenos resultados a todos los mexicanos.

 

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