El proyecto aumentará la disponibilidad del energético en varios estados de la República, pero también pone en evidencia la falta de competitividad de la paraestatal.   La Estrategia Nacional de Energía establece como tema estratégico el fortalecer la operación y confiabilidad de la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural.  Como se ha mencionado en este espacio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ampliado la red de gasoductos e introdujo las terminales de gas natural licuado ante la imposibilidad de Pemex de realizar este tipo de inversiones cuando ésta se enfrentó a la disyuntiva de invertir en la extracción de crudo o invertir en la expansión del sistema. Habíamos mencionado ya sobre la falta de capacidad técnica y de gestión por parte de Pemex, quien ha presentado importantes retrasos en la asignación del contrato del gasoducto Los Ramones, que busca abastecer de gas natural a estados como Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, en donde están instalados diferentes centros de producción, algunos de los cuales han experimentado escasez del energético —alertas críticas—, sobre todo el año pasado. En el caso del sector eléctrico, esta falta de disponibilidad de gas ha resultado en miles de millones de pesos de sobrecosto para los usuarios del sistema eléctrico nacional. La reducción en el suministro de gas en diferentes puntos del país ha resultado en el incremento del consumo de combustóleo por encima de los 250,000 barriles, cuando la planeación de largo plazo de la CFE indicaba una reducción gradual del suministro hasta niveles marginales. Después de continuos retrasos, finalmente Pemex lanzó la convocatoria para licitar el ducto para la segunda fase del ducto Los Ramones, el cual importará gas natural desde Estados Unidos (Agua Dulce, Texas) a 740 kilómetros. Los 2 tramos del ducto tendrán una extensión de 852 kilómetros, la primera de 112 km y la segunda de 740 km, y un costo aproximado de 2,500 millones de dólares. En la parte que se adjudicó directamente, a través de PGPB, Pemex será en parte propietario del ducto; en la segunda, ése pertenecerá a un tercero que lo hará construir y le proveerá el servicio de transporte. De acuerdo con información de Pemex, la primera fase fue una adjudicación directa para dar “celeridad” al inicio de las obras; se optó en la segunda fase por una licitación internacional. El tema de la celeridad es cuestionable, pues este proyecto llevaba ya al menos dos años en procesos de autorizaciones, y mientras Pemex retrasaba el proyecto, la CFE licitaba cuatro gasoductos en el noroeste de país que detonó inversiones por más de 2,000 millones de dólares. Pero ¿cuál es la experiencia reciente de Pemex en estos temas? Uno podría tener la impresión de que el crecimiento del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) ha sido obra de Pemex, pero la realidad es que las extensiones del Pemex son obra de la CFE, quien ancla los proyectos con sus centrales de generación. Tenemos así que gasoductos como Nuevo Pemex-Mérida, Naranjos Tamazunchale, Manzanillo-Guadalajara y Tlaxcala-Yautepec han sido licitados por CFE a empresas privadas. Para no seguir perdiendo presencia en el mercado Pemex participó en las licitaciones de CFE en el segmento de Ciudad Juárez a El Encino, así como el segmento Sasabe-Puerto Libertad. Sin embargo, en ambas licitaciones internacionales Pemex, junto con sus socios Sempra y Mitsui, fueron las ofertas más caras, lejos de su competidor más próximo, lo cual nos dice algo respecto a la competitividad de la empresa pública en estos negocios. Por otro lado, el anuncio llevado a cabo con bombo y platillo en Tokio, donde Emilio Lozoya Austin, Director General de Pemex, detalló que tanto Pemex como Mitsui desarrollarían el gasoducto Tucson-Sasabe, proyecto de alrededor de 460 millones de dólares que no se sujetó a una concurso en EU.  CFE será el usuario final del gas que se importará por ese gasoducto, y la regulación en el vecino país hubiera permitido que ese segmento formara parte de un proceso competitivo, pero Pemex, de nuevo, señalo que para dar “celeridad” al proceso, tenía que ser una asignación directa. Lo cierto es que Pemex no cuenta con la experiencia ni la capacidad humana para llevar a cabo estos proyectos. Además de los antecedentes ya mencionados, podemos señalar también el ridículo precio de 21 dólares por MMBtu (million british thermal units) que pagó Pemex por la importación de gas natural licuado (GNL), para evitar desabasto, que fue un precio sin precedente a nivel mundial, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ni Japón ni Corea desembolsan estas cantidades. En comparación, la CFE coordinó un segundo proceso de compra de GNL, en el que participaron 14 empresas, de las cuales 8 presentaron ofertas. Las cotizaciones por los cargamentos adjudicados quedaron por debajo del factor máximo aceptable para CFE, por lo que representan, a precios del día de hoy, un promedio de $15.84 USD/MMBtu por cargamento. ¿Por qué Pemex pagaría 30% más de lo que se puede obtener en un proceso competitivo? ¿Por qué se cuestionó al final de la administración pasada todo el proceso del gasoducto Los Ramones por parte de los consejeros independientes de Pemex? ¿Por qué la evidencia de la falta de capacidad técnica de la empresa petrolera estatal no lleva a un verdadero golpe de timón en la política pública? Finalmente, no hay que perder de vista que la capacidad de transporte del gasoducto Los Ramones es sólo un paliativo de los grandes problemas del suministro de gas. Esa capacidad ya se encuentra comprometida con la demanda actual, y se requerirán de inversiones adicionales para poder cubrir la creciente demanda futura, misma que no cuenta además con redundancias en el sistema. Los técnicos y funcionarios de la Secretaría de Energía y Pemex deberían estar planeando escenarios a 15 años, no reaccionando a problemas creados por ellos mismos ante su falta de visión o conocimiento del mercado.   Contacto: http://www.facebook.com/francisco.acosta.harvard [email protected]

 

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