El Acueducto Monterrey VI es uno de los proyectos más controvertidos en los últimos meses. La necesidad de suministrar agua a la capital regiomontana enfrenta las críticas en su diseño y costos de operación. ¿Podrán detener sus detractores esta obra con una inversión de 14,161 millones de pesos?

 

Lo que inició como un proyecto que busca acabar con el problema de la falta de agua en la capital regiomontana y su zona metropolitana se encuentra en el ojo del huracán. Las principales críticas de la obra hídrica más importante de la última década en Nuevo León giran en torno del diseño, costo de operación, impacto ecológico y el proceso de licitación del Acueducto Monterrey VI.

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Los opositores son la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Greenpeace México, el Consejo Cívico de Nuevo León, Agua para Todos, Reforestación Extrema, Academia Nacional de Arquitectura y Evolución Mexicana, por mencionar algunos.

“Es una obra poco congruente, costosa, con impacto relativo para solventar la previsible escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey”, opina  Manuel Frías, consultor independiente en la construcción de proyectos hídricos.

A pesar de los argumentos en contra de la obra, el consorcio ganador del proyecto, integrado por Recsa, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), Desarrollos Rogar y el controvertido Grupo Higa, asegura que Acueducto Monterrey VI no se detiene.

“El proyecto no se va a detener. El tema de traer agua no debería ser debatible, ya que fue una de las cosas que se cuestionaron del proyecto”, dice Humberto Armenta, vocero del consorcio seleccionado para la realización de la obra y director general de la empresa Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa).

Incluso, sobre Higa –el “socio incómodo” cuestionado por obtener beneficios por su cercanía con el gobierno de Enrique Peña Nieto–, Armenta asegura que todas las empresas participantes respaldan la alianza para seguir en el proyecto Acueducto VI. “Grupo Higa cumplió con todos los requerimientos técnicos y financieros como cualquier otro jugador. Y no hay empresas que se hayan quejado de un trato desleal. Estamos los que elegimos estar juntos y así nos vamos a quedar hasta el final.”

Por el momento, la obra cuenta con los permisos necesarios para iniciar su construcción, mientras que la sociedad espera el desenlace del conflicto que, de acuerdo con los empresarios que ganaron el proyecto, se ha agudizado por el periodo electoral que vive el país.

Mientras la lucha no se detiene entre las empresas y los grupos en contra del acueducto, lo único cierto es que Monterrey requiere en el mediano plazo una solución que garantice a sus pobladores el abasto del vital líquido durante los próximos 20 años.

 

Un pasado de controversia

Hace más de 30 años, el político priista Alfonso Martínez Domínguez, entonces gobernador de Nuevo León (1979-1985), le aseguraba al conductor de Televisa Gilberto Marcos que una solución para el futuro abasto del agua del estado del norte sería traer agua de la cuenca del río Pánuco. Ese diálogo por televisión, que parecía una simple declaración, era el primer antecedente de un proyecto hoy cuestionado.

La cuenca hidrológica del río San Juan es la zona sobre la que se asienta el área metropolitana de Monterrey. En pleno paisaje semidesértico regio se encumbra un conflicto: Monterrey VI.

El área metropolitana de Monterrey y su zona conurbada son abastecidas de agua por dos vías principales: 60% proviene de las presas Cerro Prieto, El Cuchillo y La Boca, consideradas como fuentes superficiales de abastecimiento; el 40% restante deriva de los sistemas Mina y Huasteca, que son fuentes subterráneas.

Las actuales fuentes del sistema hídrico de Monterrey suman en conjunto una capacidad de suministro calculada en 12,500 litros de agua por segundo. Sin embargo, el Servicios de Agua y Drenaje del estado extrajo en promedio 12,517 litros por segundo durante 2014, una cantidad de agua potable superior a la capacidad calculada, que pudo ser abastecida gracias al periodo de lluvias constantes de este año.

“Hemos tenido un buen año de abastecimiento de agua, pero hace un año con ocho meses se anunciaron cortes al suministro porque la presa El Cuchillo estaba a una capacidad de 17%, pero en dos o tres años podría estar en los mismos niveles del pasado”, comenta Emilio Rangel Woodyar, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).

Aunque las autoridades creen que la buena fortuna hídrica no durará para siempre, el crecimiento de la población y la llegada de nuevas industrias requerirán nuevas fuentes de abastecimiento.

Frente a la problemática que se podría avecinar, las autoridades federales determinaron que la opción más viable para conseguir agua es la extracción de las corrientes del río Pánuco, de acuerdo con la publicación que hizo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero de 2008.

A partir de esa determinación oficial, Conagua entregó al gobierno de Nuevo León el título de asignación de un volumen de aguas nacionales de 15,000 litros por segundo, provenientes de la cuenca del Pánuco, una cantidad superior a la administrada en 2014 en la zona de Monterrey.

En los últimos años, el número de lotes incorporados al sistema de distribución de agua ha ido en aumento. De 2004 a 2006, la tasa de crecimiento fue de 5.4%, y en los cuatro años posteriores el ritmo de crecimiento alcanzó 8%, de acuerdo con el SADM.

“Vivimos en una zona muy vulnerable a las sequías, ya que estamos en una zona de transición entre el desierto y el subtrópico. Eso hace que tengamos periodos de sequía prolongados de forma periódica”, explica Emilio Rangel.

Así nació la idea de construir el proyecto Monterrey VI, que consiste en un acueducto de 502 kilómetros de longitud que iniciará su trayecto en San Luis Potosí, y cruzará Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a Nuevo León.

Durante la administración del presidente Felipe Calderón, el SADM obtuvo el título de asignación para extraer el agua del Pánuco, la aprobación de Conagua y el Banco Nacional de Obras (Banobras), la cual considera estudios de factibilidad favorable en ingeniería básica, ambiental y jurídico financiera, así como la aprobación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional.

En lo que respecta al gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio su visto bueno a la viabilidad de la obra en áreas urbanas, mientras que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entregó un Dictamen Arqueológico favorable.

Para ese momento, Banobras, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, otorgó un apoyo económico no recuperable por 3,078 mdp.

Todo lo anterior permitió que el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz gestionara con la Federación la publicación en el DOF, el 13 de marzo del año pasado, la convocatoria para licitar el proyecto hídrico.

Hasta ese momento, las nubes grises para el proyecto aún no se asomaban en el horizonte. Pero faltaba poco.

 

La tormenta

El año pasado, la construcción y operación del acueducto se sometió a licitación.

En el concurso de licitación se inscribieron 28 empresas que participaron en 12 actos públicos atestiguados por la Academia de Ingeniería, el Fonadin, un testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), Conagua y otros actores involucrados en el proceso.

Al final del concurso, sólo dos consorcios presentaron su propuesta, y el 8 de septiembre de 2014 el SADM emitió el fallo que permitiría al grupo de empresas representadas por Grupo Higa construir la obra después de comprobar la viabilidad económica ofertada por esas firmas.

El costo final del proyecto fue de 14,161 millones de pesos (mdp), monto que es 1,599 mdp menor a la suma registrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ascendía a 15,761 mdp.

Sin embargo, hay voces que disienten de que este costo destaque como valor de la obra. El modelo de Asociación Público-Privada (APP) involucra un financiamiento a 27 años en que el gobierno de Nuevo León podría pagar un total de 47,000 mdp.

Para el director general de Recsa, Humberto Armenta, los argumentos relativos al financiamiento son excesivos en sus acusaciones, ya que, dice, los costos de la obra se irán recuperando a través del cobro del agua que haga el estado a los usuarios del servicio.

José Luis Luege Tamargo, ex titular de Conagua, ha declarado en diversas entrevistas que el costo es oneroso para el estado del norte.

Esta publicación solicitó la opinión del ex funcionario federal, pero declinó dar declaraciones sobre el tema.

Además, las organizaciones que no apoyan el proyecto aseguran que los costos de la obra en su operación requerirán una cantidad de energía excesiva para transportar el agua, lo que podría incrementar los costos de operación.

El proyecto federal-estatal consiste de una tubería de 370 km de longitud, distancia entre la obra de toma sobre el río Panuco-Tampaon y la presa Cerro Prieto, es decir, se requeriría de una conducción total de 500 km (la distancia entre la presa Cerro Prieto y Monterrey es de 130 km), lo que demandará un excesivo consumo de energía eléctrica para abastecer a sus seis potentes plantas de bombeo. Por lo que al elevado gasto-presupuesto monetario se agrega (por toda la vida útil de este limitado acueducto) el suministro de electricidad producida por medio de recursos no renovables, asegura Manuel Frías, consultor independiente en la construcción de proyectos hídricos.

Otro argumento que se ha sumado a la ola de críticas del proyecto es que la obra podría tener un costo (más allá del económico) ambiental.

“De ahí que por sus fundamentos económicos, técnicos y energéticos, el Acueducto Monterrey VI es una obra poco congruente, costosa, con impacto relativo para solventar la previsible escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey y en otras importantes ciudades y poblaciones regionales”, asegura Frías.

El pasado 12 de febrero, Juan Bezaury Creel, representante de The Nature Conservancy (TNC) en México (la organización de conservación más importantes del mundo), entregó a los directivos del SADM el reporte “Consideraciones para una toma de decisiones informada que incorpore el manejo integral de los recursos hídricos”, que hacía consideraciones que insistían en lo innecesario de la obra, sin aportar mayores detalles.

Forbes México solicitó la opinión de Bezaury Creel para conocer los detalles del documento, pero declinó la posibilidad por no contar con las recomendaciones finales del proyecto.

“Desafortunadamente, el reporte no ha sido finalizado, ya que las mesas de trabajo que se llevan a cabo con las autoridades no han sido dadas por concluidas”, dice a través de un correo electrónico el representante de TNC en el país.

 

¿Un socio incómodo?

A inicios de este año, una investigación del portal en internet Aristegui Noticias reveló la compra de una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, por parte de la primera dama Angélica Rivera, cuyo inmueble pertenecía a Grupo Higa.

Lo anterior despertó las sospechas sobre el conflicto de interés entre la actual administración federal y la empresa de construcción involucrada en el Acueducto Monterrey VI.

Grupo Higa, a través de su unidad Constructora Teya, forma parte de un consorcio que a inicios de febrero ganó una licitación para construir el primer tren de alta velocidad para pasajeros en México, un proyecto valorado en 3,750 mdd.

Días después, el resultado de la licitación fue revocado sorpresivamente, tras las críticas sobre el supuesto favoritismo hacia las empresas locales del consorcio, liderado por la gigante China Railway, que fue el único postor en la licitación.

Armenta, vocero del consorcio ganador de Acueducto VI, asegura que dadas las condiciones de Grupo Higa, las críticas al Monterrey VI tienen fines políticos que intentan desacreditar el proyecto.

“Nosotros estamos firmes con nuestros socios. No tenemos nada que esconderle a nuestros hijos ni a los ciudadanos”, asegura el vocero del consorcio.

El capitán de Recsa ve cuestiones que se alejan de la política y tienen que acelerar las decisiones en torno de la construcción del acueducto. El Fonadin tiene un plazo perentorio para proporcionar el financiamiento que, de no cumplirse, se puede cancelar.

“Hay condiciones suspensivas para que entre en vigor el contrato, como es la liberación del derecho de vía en un 40%, mientras que el resto se encuentra en carreteras y vías federales, que en cuestión de algún tiempo queda resuelto de un solo golpe, ya que no son particulares o ejidatarios”, dice.

El pasado 24 de marzo, el gobierno de Nuevo León dio a conocer que prevé un gasto total de 47 mdp para adquirir los derechos de los predios ubicados en cuatro estados por donde cruzará Monterrey VI.

“Después de las elecciones, los cuestionamientos que subsistan una vez que ya no sirvan las motivaciones electorales serán los válidos, pero ahorita no veo que ningún cuestionamiento vaya a llegar”, dice Armenta.

 

El verdadero problema

Hasta el momento, autoridades gubernamentales, el consorcio asignado para la construcción del acueducto, así como políticos y analistas que difieren del proyecto, siguen en una lucha de argumentos, mientras que el peligro de la falta de agua es un fantasma que no se disipa.

Los 16 municipios que componen la zona conurbada y metropolitana de Monterrey se mantienen a la espera de una certeza definitiva sobre el futuro hídrico de la región, y el mecanismo que les permita seguir abriendo la llave del agua. Tal vez el conflicto sea lo que menos importe a los 4.2 millones de habitantes que contabiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la zona, sino la solución definitiva de especialistas y autoridades.

Por el momento, la sociedad regiomontana espera las conclusiones del reporte que elabora la representación de TNC en México, mientras el consorcio continúa en las negociaciones con los bancos para el financiamiento necesario para que la obra sea operable dentro de tres años, como está planeado.

Humberto Armenta cree que la obra es la solución adecuada para resolver el déficit hídrico que podría avecinarse para Monterrey, y propone un juicio inapelable para el proyecto que hoy vive una tormenta: “La historia va a juzgar este proyecto cuando nos haga falta agua.”

 

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