Esta semana inicia lo que será una dura prueba para la democracia mexicana. Por primera vez, desde los años setenta, se intentará una reforma de carácter electoral sin el acuerdo de la oposición.
Esto rompe con una tradición que le dio estabilidad al país durante décadas y que permitió, entre otras cosas, las tres alternancias en el poder presidencial desde el año 2000.
De acuerdo con estudios de derecho comparado, el esquema electoral funciona bien. Se resolvió el problema sobre el acceso legítimo al poder, y por eso los votos cuentan y se cuentan. Se desterraron las prácticas fraudulentas, porque se puso en manos de la ciudadanía la integración de las casillas y se constituyó una autoridad mixta de carácter independiente.
La iniciativa de reforma que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, debilitaría al sistema democrático, porque sería un golpe acaso definitivo para el INE y el Tribunal Electoral.
Morena al parecer no cuenta con los votos suficientes para cambiar la Constitución, pero intentará burlar el escollo aprobando leyes reglamentarias.
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Es un camino que les funcionó con la Ley Eléctrica y con la trasferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Lo hacen a sabiendas de que están violando la Constitución, pero cuentan con que en la Suprema Corte de Justicia no se alcancen los votos suficientes para invalidar estas situaciones.
Por eso ya anuncian que irán por una reforma híbrida, que no es sino un intento de hacerle trampa a la Constitución y a la propia ciudadanía, que fue la que estableció los equilibrios en el poder legislativo, no dándole a ninguna coalición la facultad de reformas trascendentales sin el acuerdo con otras fuerzas políticas.
Es un juego riesgoso, porque se está generado una suerte de anormalidad legal, en la que todos saben lo que está ocurriendo, pero voltean para otro lado esperando que en el futuro próximo la coyuntura sea distinta y se puedan corregir estos dislates.
Uno de los pretextos más socorridos para debilitar a las instituciones es el ahorro. Se señala, por ello, que el INE y el Tribunal Electoral son caros y que hay que cercenarlos.
Es una barbaridad que no se sostiene. El gasto en materia electoral es en realidad una inversión y acaso una de las más inteligentes porque de ella parten las posibilidades de contar con gobernabilidad democrática y de pacificar la lucha por el poder político.
Hace unos meses, Dieter Nohlen y José Reynoso, advirtieron en un texto publicado en El Universal, sobre el riesgo que ya se dibujaba en el horizonte y por ello señalaban que las propuestas presidenciales tenían que ser rechazadas.
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