México es prolífico en historias sobre el uso ineficiente de los recursos públicos. Sin embargo, pocas tan claras en estos tiempos de bajos precios del barril de crudo, como las que escribieron las entidades federativas en los últimos tres lustros.

 

Aunque no sea tradición aceptar nuestros aciertos, la economía mexicana se “despetrolizó” paulatinamente en las últimas dos décadas: el valor de las exportaciones no petroleras no rebasaba el 20% en 1994; hoy representa el 90%. La economía logró, gracias al TLCAN, lo que las finanzas públicas no: el petróleo sigue representando uno de cada tres pesos gastados por el gobierno.

Sin embargo, la Federación tiene herramientas (coberturas) y alternativas (recortes al gasto) para enfrentar la caída en los precios del petróleo en 2015 y 2016; el verdadero problema está en las arcas de los estados.

PUBLICIDAD

 

¿Qué pasó?

Un poco de memoria podría ayudar a explicar la fragilidad de las finanzas estatales: En el año 2000, Vicente Fox derrotó en las urnas a la “monarquía sexenal hereditaria en grado transversal” de la que hablaba Cosío Villegas, pero no contaba con los 32 reinos que, de forma inédita, habían quedado huérfanos de presidente y presupuesto.

Con la suerte de un ciclo económico expansivo en Estados Unidos y el inicio del “boom” de los precios del petróleo, Fox y los gobernadores del PRI pactaron una ecuación simple y beneficiosa para ambas partes: los estados recibirían más recursos provenientes de los excedentes petroleros –el diferencial entre el precio del petróleo fijado a la baja por el Congreso, y la históricamente alta cotización de la mezcla mexicana– sin mayor fiscalización ni retardo. A cambio, al gobierno de Fox se le prometía gobernabilidad, respeto, diálogo e institucionalidad desde la esfera local. Es decir, los gobernadores le procurarían trato de presidente (del PRI) a cambio de dinero.

Esta época de “vacas gordas” tuvo como consecuencia un incremento en el tamaño y el costo para el contribuyente de las nóminas estatales, y la proliferación de “programas sociales” y de asistencia, financiados directamente con las participaciones federalizables. En otras palabras, las entidades federativas ataron programas irreductibles, al precio del petróleo. Útiles escolares, tarjetas de prepago, láminas, paquetes alimentarios… todo lo que es capaz de soñar un gobernador con dinero.

 

Del sueño a la pesadilla

¿Qué hacer cuando la caja está vacía y se tienen elecciones? Fácil: pedir prestado. Con una reducción que rondará los 70,000 millones de pesos es previsible un incremento de semejantes proporciones en la deuda de estados y municipios, que, vale recordar, acumula medio billón de pesos. Standard & Poor´s pronostica un incremento de 15%, es decir, 75,000 millones de pesos.

Las malas noticias económicas llegaron en el momento decisivo para los gobernantes locales: ganar, sí o sí, las elecciones para su partido. Doble presión para aquellos que pertenecen al mismo partido político que el presidente, y triple, si se juegan el dejar o no a su sucesor en el cargo. Poco dinero, muchos incentivos para gastar en “operación electoral”.

Una triste paradoja de los ciclos electorales en México es la cantidad de recursos no fiscalizables que fluyen para ganar simpatías. En su libro Clasemediero, Luis Rubio y Luis de la Calle narran con precisión cómo incluso este flujo extraordinario de recursos puede motivar saltos artificiales en la medición de la pobreza. La borrachera de los altos petroprecios acostumbraron a los estados a gastar lo que no tienen; la nueva fiesta electoral les da un buen pretexto en el peor momento posible.

 

¿Qué hacer?

La última vez que la viabilidad de las finanzas públicas locales estuvo en el centro de la agenda pública, en la prensa habían estallado los desproporcionados incrementos de las deudas coahuilense y michoacana. El consenso es que la deuda de estados y municipios no representa un riesgo considerable, una afirmación hecha a un precio de 85 dólares por barril de crudo.

Si queremos aprovechar esta crisis valdría la pena colocar dos temas a debate: la transparencia y rendición de cuentas en las entidades federativas –que está retrasada tres décadas respecto a la Federación–, y la necesidad de reducir la dependencia local de las participaciones federales. Con ingresos propios que apenas rebasan el 10% de sus ingresos totales en promedio, el federalismo mendigo de los excedentes petroleros es una bomba de tiempo.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @JoseLuis_Anton

Facebook: Jose Luis Anton

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.