Los asesinatos de mujeres son la cara oscura de la segunda economía de América Latina: según estadísticas apenas un 8% de los delitos son denunciados.   Reuters   Las autoridades limpiaron el terreno y pusieron un gran cartel que dice “zona de reserva ecológica”. Pero durante mucho tiempo el baldío de este gris suburbio de Ciudad de México fue llamado por los lugareños el “tiradero de mujeres”. Los cadáveres de las jóvenes abandonados allí, entre la basura, fueron las primeras evidencias de una nueva y brutal ola de asesinatos de mujeres asociados al narcotráfico que según Naciones Unidas está cobrando proporciones de pandemia en México y Centroamérica. El “tiradero” de Ecatepec fue borrado del mapa, pero las historias desgarradoras permanecen. Una noche de enero del 2012, Dulce Cristina estaba con su novio en la puerta de casa en Hank González, uno de los barrios más humildes de Ecatepec, cuando hombres armados llegaron en una camioneta y se los llevaron. De nada sirvieron los gritos de auxilio de la joven de 17 años. A él lo arrojaron del vehículo unas cuadras más adelante. A ella la llevaron hasta una casa donde tras resistirse a ser violada fue asesinada a puñaladas en el estómago y el rostro. “Ella tenía un carácter fuerte”, recuerda su padre, Pedro Payán, entre sollozos. “Pienso que mi hija se defendió, porque sus uñas -las usaba largas- las tenía quebradas y sus nudillos estaban raspados”. Payán, un ex policía de la Ciudad de México que hoy subsiste vendiendo películas pirata en el patio de su casa, puso un altar para mantener viva la memoria de su hija y cada semana coloca un vaso con el refresco favorito de Dulce junto a unas fotos de la joven sonriente. El combate frontal contra los cárteles de la droga lanzado a finales del 2006 por el ex presidente Felipe Calderón disparó la violencia a niveles salvajes en México y transformó a las mujeres en botín de guerra en un país que tenía altos niveles de abusos domésticos. Los asesinatos de mujeres son la cara oscura de la segunda economía de América Latina, un país que el presidente Enrique Peña Nieto busca modernizar con una serie de reformas estructurales. Además, desnudan la fragilidad institucional de una nación donde según la agencia oficial de estadísticas apenas un 8% de los delitos son denunciados. Tres sospechosos del crimen de Dulce -condenados por otros casos de violación- están detenidos desde hace un año pero aún no recibieron sentencia. El conductor de la camioneta, que fue acusado de privación de libertad, salió bajo fianza, aumentando la sensación de impotencia de los familiares ante un sistema judicial que perciben como desbordado e ineficiente. Payán cree que los asesinos de su hija pertenecen a La Familia Michoacana, uno de los cárteles que operan en Ecatepec. Las víctimas de la violencia de género en México son cada vez más jóvenes y las autoridades perciben un aumento en la saña en los asesinatos. Es común, por ejemplo, que los cadáveres sean descuartizados y abandonados a la vista de todos en desagües o parques públicos. Los crímenes de mujeres en México se dispararon un 155% entre el 2007 y 2012, cuando según el Instituto Nacional de Estadísticas fueron registradas 2,764 muertes. Algo similar ocurrió en Guatemala, Honduras y El Salvador a medida que grandes organizaciones criminales mexicanas como los Zetas o el cártel de Sinaloa fueron expandiendo sus operaciones en Centroamérica.   Como en tiempos de guerra Ana Güezmez, representante local de ONU Mujeres, dice que México vive una situación similar a la de países que padecieron conflictos armados como Guatemala o Colombia, donde las mujeres quedaron a merced de los bandos y la violencia de género persiste aún cuando la guerra baja de intensidad o termina. “En situaciones de crimen organizado, como es el caso de México y Centroamérica, se intensifican las formas de violencia pública contra las mujeres, asociadas con violación y exposición del cuerpo en espacios públicos. Mucho más brutales”, apuntó. Y eso sin contar las miles de desaparecidas, en su mayoría jóvenes a menudo víctimas de redes de explotación sexual, uno de los últimos grandes negocios de los cárteles de la droga que además trafican armas e inmigrantes, extorsionan y secuestran. El Observatorio Nacional contra el Feminicidio, una organización privada dedicada a monitorear el tema, calcula que sólo entre el 2011 y el 2012 desaparecieron cerca de 4,000 mujeres, la mayoría en los estados de Chihuahua y el Estado de México, donde está Ecatepec. Como en tiempos de guerra, en las comunidades indígenas hay familias que esconden a sus niñas y las mujeres centroamericanas que migran a Estados Unidos suelen tomar anticonceptivos porque saben que pueden ser violadas en el trayecto por México.   Ciudad Juárez no era la única La opinión pública asocia la violencia contra las mujeres en México con Ciudad Juárez, una localidad del fronterizo estado de Chihuahua asolada a finales de la década de 1990 por una ola de asesinatos de mujeres. Con 22.7 casos por cada 100,000 habitantes, Chihuahua sigue teniendo la mayor tasa de homicidios de mujeres del país. Y los familiares de las víctimas suenan cada vez más resignados. Perla Reyes busca a su hija Jocelyn desde el 30 de diciembre del 2012, cuando la muchacha de 13 años salió de casa para ir con sus amigas a una fiesta en el centro de Ciudad Juárez. Más tarde la familia supo que en realidad Jocelyn fue a encontrar a un hombre al que conoció en Facebook. Aunque la joven fue vista algunos días después en el centro de la ciudad, Reyes dice que la policía demoró varios meses en llamar a los testigos a declarar. “Cuando veo a compañeras (otras madres) cuyas hijas cumplen tres, cuatro años de desaparecidas pienso ‘Ahí voy también para allá’, porque nuestras autoridades no nos quieren ayudar, y esto no para”, dijo a Reuters. La violencia contra las mujeres aumentó desde que Calderón envió miles de militares para intentar contener la guerra entre dos poderosos cárteles de narcotraficantes. Organizaciones como la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez calculan que desde el 2008 ha desaparecido una mujer por día. Sin embargo, en los últimos años quedó en evidencia que el problema existía en todo el país, acentuado por la expansión de los narcos. El Estado de México, donde está Ecatepec, fue el que tuvo la mayor cantidad de homicidios de mujeres el año pasado: 389. Gobernado por Peña Nieto entre el 2005 y el 2011, las obras públicas que hizo allí fueron su trampolín a la presidencia. Ecatepec tiene similitudes con Juárez. Esta ciudad donde las pequeñas casas grises se trepan a los cerros y el cielo a menudo es turbio por la contaminación, también atrae a mujeres de otros estados en busca de empleo. Y como en Juárez, la violencia doméstica es uno de los peores síntomas de su pobreza y marginación. Policías sin balas Una estudiante en una preparatoria de Ecatepec contó que el cadáver descuartizado de una conocida suya estuvo tirado durante semanas en el Deportivo Bicentenario, un parque inaugurado por Peña Nieto cuando era gobernador. “Cuando un perro rompió la bolsa vieron que era una chava (chica) y toda la gente se dio cuenta”, dijo la joven, que pidió no ser identificada. “Pero no pasó nada”. Y la indiferencia, la incapacidad o el miedo también alcanza a las procuradurías, donde la desorganización es a menudo tan grande que los familiares sufren verdaderos vía crucis para hallar los restos de sus hijas asesinadas. Los padres de Bárbara Reyes, secuestrada en agosto del 2011 en Cuautitlán Izcalli, un municipio aledaño a Ecatepec, pasaron 18 meses buscándola. Tras revisar expedientes en distintas morgues, descubrieron que el cadáver de su hija había sido hallado dos meses después de su desaparición, pero por algún error fue sepultado en una fosa común del cementerio local donde hoy un cartel dice “No tirar basura”. Fiscales de Chihuahua y el Estado de México no respondieron múltiples solicitudes de entrevista para este reportaje. Tampoco el alcalde de Ecatepec estuvo disponible para hablar con Reuters. Hasta las autoridades reconocen que algunos policías son cómplices de los narcotraficantes. Otros sencillamente tienen miedo de enfrentarse a las mafias del lugar, mucho mejor equipadas en armas y vehículos. En el Deportivo Bicentenario de Ecatepec donde apareció el cadáver de una chica dentro de una bolsa, un policía municipal contó que utiliza su propio celular para comunicarse con sus compañeros porque no tiene radio. A menudo, dijo, debe comprar él mismo las balas para su pistola. A medida que uno se adentra en los barrios más sórdidos de Ecatepec el ambiente se torna pesado. Taxistas, que a menudo trabajan como vigilantes de los narcos -“halcones”, en la jerga del oficio- siguieron con la mirada fija los pasos de dos reporteras de Reuters. Esmeralda Padilla, de 19 años, fue secuestrada a la salida de la escuela por desconocidos que la subieron a la fuerza a un coche, la violaron y golpearon dejándola casi inconsciente. “Por vergüenza no quiero contar todo lo que me hicieron”, dijo. Debido al trauma, el miedo a la reacción de su familia y la desconfianza en las autoridades, Esmeralda guardó silencio por un año. Hoy, sin embargo, forma parte de un grupo de estudiantes de Ecatepec que denuncia los abusos mediante dramatizaciones en espacios públicos. “La mujer es el cuerpo donde se deposita la violencia”, dice Manuel Amador, un maestro de secundaria que estimuló a Esmeralda y a otras jóvenes de Ecatepec a romper el silencio. “La escuela ha tratado de forjar conciencia de que ellas valen, de no quedarse calladas”.   Bajo costo político   El estallido de la violencia de género en la segunda mitad de su mandato como gobernador del Estado de México llevó a Peña Nieto a tomar algunas medidas, como tipificar el feminicidio en el código penal y crear centros de atención para las víctimas. Pero desde que asumió la presidencia de México a fines del 2012, la violencia contra la mujer apenas figura en la agenda de su administración. Y Güezmez, la directora de ONU Mujeres en el país, dice que el Gobierno debería ser mucho más contundente en su mensaje contra la impunidad. Gobernadores de varios estados asolados por la violencia se resisten a declarar el “alerta de género”, un mecanismo legal creado en el 2007 que permite liberar recursos para combatir el problema. En su visión, reconocer el problema implicaría una mancha para sus estados y también para sus carreras políticas. “No quieren exponerse. El mismo Peña Nieto cuando era gobernador y estaba labrando su camino a la presidencia, no quería meterse a fondo con este asunto”, dijo a Reuters un experto internacional que ha estado involucrado en el debate. “La violencia contra la mujer está tan extendida en México que no hay un costo político para quienes no atienden el problema”, añadió la fuente, que pidió no ser identificada para poder discutir libremente el asunto. Presionado sobre todo por feministas, el presidente mandó en noviembre a diseñar un amplio plan que incluye crear centros de asistencia para mujeres víctimas de violencia. También prometió agilizar las órdenes de protección judicial a mujeres que se sienten amenazadas -muchas veces expedidas por los jueces cuando la denunciante ya fue asesinada- y convertir al alerta de género en una herramienta realmente efectiva. Pero expertas del Instituto Nacional de las Mujeres, la principal entidad del gobierno federal contra la violencia de género y encargada de poner en práctica los planes de Peña Nieto, saben que sólo tendrán éxito si logran involucrar a los gobernadores, los cuerpos de seguridad y el poder judicial. Mientras tanto en los alrededores del “tiradero de mujeres” de Ecatepec, el miedo continúa siendo palpable. El lugar es hoy vigilado por un policía que mira con un solo ojo, porque un glaucoma le nubla la visión del otro. “La verdad es que contra esa gente poco podemos hacer”, dijo sobre los narcos. “Nosotros también estamos en indefensión”.

 

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