Las mujeres son fundamentales para ganar las elecciones en el Estado de México. En la elección de 2017, la promesa de pagar un “salario” a las mujeres jefas de familia fue la oferta electoral estelar del entonces candidato Alfredo del Mazo, quien no solo prometió un salario rosa sino un “gobierno rosa” para las mexiquenses.

A lo largo de su administración, no hay resultados positivos en materia de género. Durante estos cinco años de gobierno, los feminicidios han ido en aumento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. En 2021, el Estado de México fue la entidad con mayor incidencia de violencia contra las mujeres en todo el país. Y en lo que va de 2023, el Estado de México se coloca como la entidad con el mayor número de presuntos delitos de feminicidio (ENDIREH, INEGI).

La violencia contra las mujeres en el Estado de México queda como uno de los mayores fracasos de quienes han gobernado la entidad en los últimos lustros. A unas semanas de realizarse la elección por la gubernatura, el próximo 4 de junio, este flagelo, en sus distintas manifestaciones, podría ser decisivo para definir quién será la próxima gobernadora. 

Las candidatas, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, lo saben y han realizado distintos planteamientos para combatir los feminicidios y la inseguridad que padecen las mujeres. La candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza prometió contratar 10 mil policías de género, aunque la medida no es nueva pues fue creada desde 2018 a nivel estatal.

Por su parte, la candidata de MORENA, PT y PVEM ha colocado la igualdad de género, así como la seguridad y erradicación de la violencia, como dos ejes transversales de su gobierno, lo cual se traduce en aprovechar la tecnología para mejorar la seguridad en zonas de alto riesgo para las mujeres, adoptar el presupuesto público con perspectiva de género y darle un viraje al actual programa de apoyo que actualmente se da a las mujeres.

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Recordemos que con el nombre de Salario Rosa se identifica al programa insignia del gobierno estatal en funciones, el cual incluye ocho programas que dan apoyo monetario a mujeres de 18 a 59 años y que este año alcanzó una cobertura de 700 mil mujeres. El programa que provocó críticas desde su origen, por su potencial uso clientelista, ha sido analizado por instancias como el PNUD (2019), que encontró poca transparencia en el manejo de los recursos, así como falta de evidencia que confirmara que las condiciones de pobreza de las beneficiadas cambiaron gracias al programa. El órgano fiscalizador del Estado de México, el OSFEM, encontró que los padrones no contienen los elementos mínimos para la identificación de las beneficiarias.

Ni la violencia de género ni la pobreza han logrado ser abatidas por el gobierno estatal. En contraste con este escenario, hace unos días el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México sancionó por primera vez, con una pena ejemplar, un ataque con ácido a una mujer por parte de su expareja, lo que ya es considerado como un referente no sólo en el país sino en toda América Latina. El mérito de esta sentencia es de Carmen Sánchez, quien luchó casi por una década para que el culpable no quedara impune.

En esta realidad de contrastes se abate la elección del Estado de México. El aumento de transferencias de recursos a través de un “salario familiar” es una medida insuficiente para menguar la realidad de violencia, pobreza e injusticia que viven millones de mujeres en la entidad más poblada del país.

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Contacto:

Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Twitter: @palmiratapia

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