Por el retraso en la entrega de 730 ventiladores para atender a pacientes de Covid-19, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) impuso una pena de 61 millones 816 mil pesos a Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, una empresa propiedad de José María Tapia Franco, exdirector general para la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La compañía del exfuncionario retrasó por 45 días la entrega a la Sedena de los ventiladores, vitales para el apoyo a personas con Covid-19, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El 16 de junio de 2020, la Sedena notificó el requerimiento de los 730 dispositivos, pero la entrega se hizo un mes y medio después, es decir, el 31 de julio de ese año, a pesar de que la compra se realizó con carácter de extraurgente, dice la revisión de la Cuenta Pública, correspondiente al segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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Derivado del retraso en la entrega de los ventiladores Covid-19, el 22 de abril de 2021, la Oficialía Mayor de la Sedena confirmó una pena convencional por 3 millones 76 mil dólares equivalentes a 61 millones 816 mil pesos al tipo de cambio de 20.0940 pesos por dólar.
Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres es una empresa constituida el 19 de diciembre de 2018.
El 50% de las acciones de la empresa pertenecen a José María Tapia Franco, quien entre 2013 y 2016 fue director general para la gestión de riesgos en la Coordinación de Protección Civil, área que dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Entre las funciones principales de Tapia Franco estaba tramitar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con los que se ayudaba a estados afectados por huracanes, sismos o sequías.
Un 15 de septiembre de 2013, José María Tapia Franco viajó a Las Vegas a apostar 200 mil dólares, en lugar de atender las tormentas tropicales que azotaron y dañaron varios pueblos de Guerrero, razón por la cual fue criticado.
Antes de trabajar en el sector público, la experiencia laboral de José María Tapia Franco giró en torno al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De 2009 a 2011 fue asesor de la entonces presidenta nacional de ese partido, Beatriz Paredes; entre 2011 y 2012 secretario de vinculación con zonas metropolitanas y en 2012 delegado de la Secretaría de Gobernación, según consta en sus declaraciones patrimoniales.
Dejó la Secretaría Gobernación en octubre de 2016 para ocupar la Secretaría de Acción Electoral del PRI, designado por el entonces líder nacional del Partido, Enrique Ochoa Reza. Y un año después asumió como senador en sustitución de Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien solicitó licencia.
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Las otras demoras de ventiladores Covid-19
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no fue la única orden que registró demoras, pues las tres entregas anteriores, que involucran 600 ventiladores, también llegaron con en promedio un mes de retraso.
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional resolvió improcedente aplicar penas para el proveedor en virtud de que las órdenes se le notificaron después de las fechas de entrega solicitadas.
La Sedena le adjudicó de manera directa a Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV el contrato DN-10 SASM-001/INSABI/2020, por 52 millones 606 mil euros, unos mil 350 millones de pesos, para la adquisición de mil 330 ventiladores.
Soluciones Integrales entregó los primeros 150 dispositivos el 20 de mayo, casi dos meses después de la formalización del instrumento.
La ASF también encontró que la compañía carece de experiencia en el sector. Luego de revisar 82 contratos derivados de 35 procedimientos de adjudicación que llevó a cabo la Sedena con los recursos otorgados por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en cumplimiento del Convenio de Colaboración y su modificatorio, firmados entre ambas partes, identificó que cuatro de los 55 proveedores no contaban con evidencia de contrataciones en años anteriores al 2020.
Aunque no precisa cuáles son esas cuatro empresas sin experiencia, Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres no figura en los registros públicos con contratos anteriores al de la Sedena.
En su informe, la Auditoría señala también que identificó que la Sedena realizó el pago al proveedor considerando la conversión de los euros de forma directa a pesos. Sin embargo, conforme lo establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 20 y a la Circular 3/2012, emitida por Banco de México, el procedimiento correcto para la conversión de euros debe ser primero a dólares y después a pesos, por lo que se generó una diferencia entre el monto pagado y el que, conforme a dicho procedimiento, se debía pagar.
Aunque la diferencia en el tipo de cambio fue a favor y no generó ningún daño al patrimonio del Estado, el órgano fiscalizador observó que la Sedena no tiene un procedimiento para el pago de obligaciones en moneda extranjera que atienda lo establecido en la normativa de la materia.
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