Reuters.- El gobierno español aspira a reducir sus tasas de pobreza extrema hasta en 80% con un programa de ingresos mínimos garantizados con el que también pretende atajar la economía sumergida y mejorar la distribución de las rentas en el país, que suponen algunas sus grandes carencias frente a otros países europeos.

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo martes 26 de mayo el ingreso mínimo vital (IMV), con un costo anual de 3,000 millones de euros que pretende alcanzar a 850,000 hogares y 2.5 millones de personas.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá —quien fuera economista en jefe en BBVA— ha sido el encargado de estructurar este programa pionero en España, el cual creará una tarjeta social única en la que se coordinarán todos las ayudas actualmente disponibles, en un país donde la comunicación entre las diferentes administraciones es con frecuencia deficiente.

“Es una solución estructural a un problema muy agudo que existe en España, donde la pobreza extrema y la falta de distribución de la renta está muy concentrada en las rentas muy bajas”, explicó el ministro en entrevista con Reuters.

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Escrivá cree que desaparecerán al menos el 80% de los hogares españoles que ahora tienen ingresos de 200 euros mensuales (en 14 pagas) y que España se acercará a la media de pobreza relativa europea.

El salario mínimo en España es de 950 euros (en 14 nóminas como es costumbre en el país) o 1,108 euros en comparativa internacional. La renta mínima garantizada para un adulto que viva solo será al menos la mitad, es decir en torno a 475 euros en las 14 pagas que se van a abonar o unos 550 euros si se pagara en 12.

Cada hijo o adulto a cargo sin ingresos subirá este nivel y habrá una prima para familias monoparentales que supondrán al menos un 10% de los beneficiarios.

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El mercado laboral español sufre de algunos problemas endémicos como un elevado desempleo —el segundo más elevado de Europa después de Grecia— y altos niveles de economía informal y de trabajadores pobres —la proporción más alta tras Rumanía y Grecia—, tres aspectos sobre los que aspira a incidir el programa.

“Esta es una oportunidad para reducir la informalidad. Vamos a exigir que los titulares de esta prestación tengan que hacer la declaración de la renta”, dijo Escrivá.

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