Ya pasó con las demás reformas y pasará con la eléctrica: las expectativas sobre sus beneficios crecen o se inflan tanto que, cuando se logra su aprobación en los términos que la negociación política lo permite, aunque todos los actores involucrados se dicen conformes, en el fondo nadie queda satisfecho.

 

 

En un ambiente político que tiende a dividirse más conforme se acerca la discusión de la reforma energética con la premura y presión que implica el cierre el 15 de diciembre próximo del periodo ordinario de sesiones del Congreso; la administración pública federal va delineando el rumbo de la industria eléctrica nacional a fin de acentuar el interés de empresarios, corporativos e inversionistas que ya participan en el sector o que pretenden hacerlo.

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La Comisión Federal de Electricidad difunde sus planes para impulsar en este sexenio el desarrollo del sector “bajo la rectoría del Estado”, con los objetivos de garantizar la suficiencia energética para la industria, el comercio y usuarios domésticos, y asegurar que las personas tengan electricidad en sus casas. La cobertura del servicio eléctrico en el país es de 98 por ciento, pero todavía más de 2 millones de personas carecen del fluido eléctrico.

La paraestatal –considerada patrimonio de los mexicanos -, busca competir en el mercado mundial, transformándose en una empresa de energía que pueda “construir miles de kilómetros de nuevos gasoductos, modernizar y hacer nuevas centrales con tecnología de punta y realizar novedosas negociaciones comerciales”, pero si no lo ha hecho ahora que es monopolio en transformación y distribución de electricidad, dudo que lo pueda hacer cuando tenga a grandes trasnacionales como competidoras.

La CFE espera abrirse el paso para su internacionalización, y en este camino presta ya el servicio de asesoría a Colombia en la construcción de presas para la generación de energía hidroeléctrica y también en Ecuador. Además trabaja en nuevos proyectos para Guatemala, pero sus finanzas cada vez se deterioran más.

En el país, durante el año próximo, la CFE espera iniciar la construcción de las presas Chicoasén II en Chiapas, Las Cruces en Nayarit y el aprovechamiento del río Papagayo en Guerrero.

Se estima que en este sexenio se invertirán en el sector eléctrico alrededor de 50 mil millones de dólares provenientes principalmente de empresas privadas que ya participan en la generación de electricidad para su autoconsumo o bien para vendérsela a la comisión.

Entre los proyectos para generación de electricidad destacan nuevas centrales eléctricas en regiones del país, como La Laguna, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Morelos, el Valle de México, así como proyectos eólicos en Oaxaca y Baja California, además de subestaciones eléctricas y más de dos mil kilómetros de líneas de transmisión.

La CFE llevará a cabo un programa de inversiones directas por alrededor de 100 mil millones de pesos, para la conversión de 7 centrales eléctricas de vapor, que operarán con gas natural y con combustóleo como respaldo. También realizará proyectos en Santa Rosalía¸ Baja California, y en el Parque de La Primavera en Jalisco, para aprovechar los recursos geotérmicos del país.

Con el sector privado, la CFE promoverá durante los próximos 4 años,  el establecimiento de una red de 16 nuevos gasoductos con una extensión de 10 mil kilómetros, que implicará una inversión de casi 23 mil millones de dólares por parte de empresas privadas, con las que la paraestatal se asociaría bajo el esquema de contratos de transporte, con lo que aduce que reducirá los costos de generación.

La experiencia de las reformas que en este último año presentó el actual gobierno y aprobó el Congreso, es posible reconocer cómo las expectativas previas en torno a los beneficios de los cambios en la legislación crecen o se inflan tanto que, cuando se logra su aprobación en los términos que la negociación política lo permite, todos los actores involucrados se dicen conformes pero en el fondo nadie queda satisfecho.

En este contexto, el discurso oficial plantea un panorama de urgencia para la entrada de capitales privados al sector energético, en particular en el de los hidrocarburos, pero también en el caso de la industria eléctrica (distribución y transmisión), para impulsar la economía nacional y el crecimiento del país. Pero hay que tomar en cuenta que, aún si los legisladores aprobaran la reforma en este periodo, el proceso de cambios de las leyes secundarias se llevaría todavía una buena parte del año entrante.

La previsión más optimista es que para el 2015 se podrían tener los primeros aportes al crecimiento  económico impulsados por la reforma energética en los términos propuestos por el gobierno, sin embargo, la agitación política y rechazo de un sector representado por la izquierda y especialistas conocedores del tema que se oponen a la apertura absoluta de la industria energética al capital privado, plantea un ambiente político poco favorable y escenarios de riesgo a las empresas para decidirse a invertir.

 

 

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