En nuestro país, como en la gran mayoría de las democracias occidentales, vivimos en una democracia representativa o democracia indirecta. Esto quiere decir que elegimos gobernantes para que, de manera profesional e informada, tomen en nuestro nombre las mejores decisiones de gobierno en temas que requieren mayor conocimiento técnico y especialidad. El supuesto básico es que la ciudadanía no tiene el conocimiento necesario para tomar algunas decisiones, por lo que son los políticos los que se encargan con el apoyo técnico de tomarlas. Esto es muy diferente a cómo funcionan las democracias directas en las que una Asamblea toma todas y cada una de las decisiones en virtud de lo que el pueblo define, independientemente de lo calificado que esté o no para tomarlas. En este sentido, consultar a la ciudadanía bajo que términos y condiciones debería la autoridad monetaria “esterilizar” las entradas de capital para evitar su monetización e impacto sobre la base monetaria y la inflación resulta mucho más complejo y menos apropiado que realizar una consulta sobre cuál nombre nos gusta más para nuestro país: ya sea Estados Unidos Mexicanos o México. De esta forma -y en un extremo- la democracia representativa busca asegurar que se toman las mejores decisiones en términos de su contenido y la democracia directa le da mayor preso a que el proceso sea el más participativo teniendo en cuenta que las decisiones son relativamente homogéneas en su complejidad y técnicamente transparentes para todos. Así que hay decisiones que funciona se consulten y hay otras decisiones que no, el aeropuerto es una de esas que claramente no funciona se consulte a la ciudadanía.

Una de las críticas más importantes del equipo del presidente electo hacia la inversión realizada en el NAICM ha tenido que ver con el costo del proyecto. Es claro que el costo en pesos se ha elevado por la depreciación cambiaria de nuestra moneda observada entre 2014 y 2018. Asimismo, ha habido incrementos de costos relacionados con la dificultad técnica del suelo y otros atribuibles a retrasos en la ejecución del proyecto. Sin embargo, uno de los aspectos que más confusión ha traído a la discusión ha sido el de comparar dos proyectos de características muy diferentes que, en esencia, no son la misma solución, no ofrecen los mismos beneficios y que por lo tanto no son estrictamente comparables. El NAICM es un aeropuerto completamente nuevo mientras que el proyecto alternativo implica adecuar la base militar área de Santa Lucía para operar dos pistas y continuar la operación del aeropuerto Benito Juárez con las terminales T1 y T2. Simplemente, las conexiones entre uno y otro aeropuerto representan un costo para los usuarios que tendrían que considerar el tiempo adicional y el costo de traslado entre terminales, así como los tiempos requeridos para realizar conexiones. Si bien es relativamente fácil obtener el menor costo cuando uno compara cosas iguales, resulta bastante más complejo cuando uno decide sobre soluciones de características y atributos diferentes. Así, que en realidad estamos comparando peras con manzanas y la pregunta clave sería si queremos peras o queremos manzanas.

Otra de las críticas ha sido el alegado carácter faraónico de la obra. Lo cierto es que México es el octavo país más visitado del mundo y que México busca posicionarse como un centro de operaciones internacionales en materia de aviación para la región. Los aeropuertos son siempre donde los viajeros se forman la primera impresión de un país y el aeropuerto es una excelente oportunidad para representar la marca México, así como pinceladas de nuestra cultura con su pasado prehispánico, colonial y moderno. En sus momentos otras obras insignia de nuestro país como el Museo de Antropología, pudieron también haberse hecho a menor costo. Por otra parte, en cuanto al control del costo del aeropuerto y los alegatos de corrupción sobrecostos, lo que se requiere es supervisión, auditoría, rendición de cuentas y estado de derecho, y eso no se logra cambiando de ubicación al NAICM.

En este sentido, el anuncio apenas hace unos días del equipo del presidente electo de que se insistirá en llevar a cabo una consulta popular al “pueblo” (ciudadanía) sobre la viabilidad de continuar la construcción del NAICM, además que se hará un nuevo estudio técnico con firmas que a priori consideran que sí es viable operar los dos aeropuertos simultáneamente, llama mucho la atención por varias razones:

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  • La construcción del NAICM es una decisión ya tomada. No estamos en la etapa de proceso o consultas, la decisión sobre el NAIM se tomó ya desde 2014.
  • Viabilidad técnica. En su momento se evaluaron todas las alternativas posibles y con base en los estudios técnicos realizados por firmas especializadas se determinó que esa era la mejor ubicación disponible para construir el NAIM. Entre otros, un análisis hecho por la firma Mitre del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) determinó que es inviable, por razones técnico-aeronáuticas, la operación simultánea de dos pistas en Santa Lucía y las del aeropuerto actual Benito Juárez.
  • Inversión realizada. A la fecha se han realizado inversiones por 100 mil millones de pesos, 60 mil millones en edificación y 40 mil millones en gastos no recuperables más otros costos que pudieran sumarse asociados a demandas legales por cancelaciones. Además, el estudio alternativo para reevaluar la factibilidad técnica de operaciones simultáneas en los dos aeropuertos costará 200 millones de pesos más. Todo esto, claro, asumiendo que Santa Lucía fuera viable y no tuviera ni retrasos ni sobrecostos. Para decirlo en una frase, estamos ya demasiado invertidos. Saldría “más caro el caldo que las albóndigas” en caso de que se quisiera cancelar el proyecto.

El tema de fondo es que siendo el NAICM en Texcoco una opción integral, técnicamente viable y estando demasiado invertidos ya, lo que valdría la pena es seguir adelante con el proyecto y asegurarse que se ejecute de mejor manera de lo originalmente planificado. Ahí está la verdadera oportunidad de hacer una diferencia con el aeropuerto.

El hecho de que se realice una consulta popular sobre temas que la ciudadanía desconoce a la par que se realiza un estudio técnico que es con el que -según han anunciado- tomará la decisión final de cancelar o seguir, de plano no se entiende. Si se consulta a la ciudadanía, pero lo que prevalecerá es el criterio técnico es necesario que se comunique en forma adecuada. Y, por supuesto, que se aplique el mismo criterio a todas las obras públicas que se realicen: consulta por cortesía, pero decisión con base técnica. Empezando por refinerías, tren maya, tren de alta velocidad México-Querétaro y el Corredor Transístmico.

 

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