Por Belén Sanz Luque* La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación a los derechos humanos más grave, extendida, arraigada y tolerada en el mundo y un obstáculo para el desarrollo. Debemos entender que esta violencia es tanto causa como consecuencia de una desigualdad estructural entre hombres y mujeres y de la discriminación de género. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física y/o sexual, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. En México, 66% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física o sexual en algún momento de su vida, y 96% de las mujeres ha padecido alguna forma de violencia sexual en espacios públicos al menos una vez. Estas formas de violencia pueden derivar en el feminicidio, ejemplo de ello es que, en 2016, ocurrieron 2,668 defunciones femeninas con presunción de homicidio en el país, lo que representa al menos 7 mujeres asesinadas en México cada día. Esta es una realidad con graves consecuencias; repercute negativamente en la salud y bienestar de las mujeres; limita su libertad y autonomía; reduce su capacidad de estudiar, trabajar y de participar plenamente en la vida pública; es decir, limita el ejercicio de derechos fundamentales. Además, la violencia afecta también a las familias y las comunidades, y genera altos costos para las partes que impiden un desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Naturalizar la violencia, así como minusvalorar sus dimensiones e impactos, son factores que generan una cultura de impunidad no sólo legal e institucional, sino también social. Esto incluye la violencia simbólica, esas prácticas que no aparentan ser violentas, pero que perpetúan la discriminación contra las mujeres, como cuando los medios de comunicación culpan a las víctimas y justifican a los agresores. Estas prácticas perpetúan y fomentan la violencia contra las mujeres y niñas. Terminar con esta cultura de impunidad hoy nos interpela y convoca a una acción colectiva urgente. No se puede alcanzar una sociedad donde nadie se quede atrás cuando más de la mitad de las mujeres en México han padecido diferentes formas de violencia:  34% violencia física; 41% violencia sexual; 29% violencia económica o patrimonial, o ha sufrido discriminación laboral y 49% violencia emocional. Uno de los principales retos para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres es la discriminación inmersa en las normas sociales, los valores y las actitudes, así como la respuesta institucional de algunas y algunos servidores públicos, operadores/as del sistema de justicia y de la sociedad en su conjunto. Por tal motivo, en el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución que declara el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de visibilizar, alertar y actuar en torno a la violencia contras las mujeres y niñas. Para poder erradicar todas las violencias en contra las mujeres y niñas, la sociedad en conjunto tiene que estar involucrada para garantizar un mundo libre de violencia. No se puede lograr un mundo igualitario e incluyente, donde nadie quede atrás, cuando las mujeres, por el simple hecho de serlo, enfrentan violencia y discriminación sistemática en los ámbitos público y privado. ONU Mujeres, en este 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, hace un llamado a intensificar la inversión en la prevención efectiva; generar datos y evidencias para hacer visibles y dimensionar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas; orientar políticas públicas efectivas; garantizar el acceso a la justicia, y poner fin a la impunidad en todos los órdenes de la sociedad. *Representante de ONU Mujeres en México.

 

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