Luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de tomar acciones legales, Americas Gold and Silver, dueña de la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa, aseguró que no existen elementos para cancelar su concesión y da la bienvenida a la revisión legal de la situación.
De acuerdo con la empresa, durante más de un año un grupo de extorsionadores presuntamente vinculados con el crimen organizado de la zona, ha tenido bloqueada la mina engañando a la opinión pública al justificar esta acción por un supuesto conflicto laboral entre sindicatos que no existe.
“Si bien la referencia de hoy respecto al título de concesión de la mina de San Rafael alerta a socios, accionistas y colaboradores, Americas Gold and Silver considera que no existen elementos para cancelarlo y que se respetará el marco legal sin transgredir los derechos de propiedad vigentes”, afirmó.
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En un comunicado, la empresa dio la bienvenida a la revisión legal y de hechos del bloqueo ilegal en la mina de San Rafael, así como a las operaciones y acciones que la empresa ha realizado antes y durante esta situación.
De hecho, indicó que se ha esforzado por ser un excelente socio e inversionista de México y de Cosalá durante más de 15 años, lo cual continuará haciendo una vez que se haya resuelto el cierre a las instalaciones que enfrenta actualmente.
“Una vez que sea garantizado el acceso seguro a las instalaciones de la mina y haya concluido el bloqueo que amenaza a la empresa y colaboradores, se podrá discutir cualquier tema laboral. Hasta la fecha no se ha presentado demanda o queja laboral alguna en contra de la compañía y ésta mantiene total disposición para abordar cualquier asunto en el marco del actual contrato colectivo de trabajo”, precisó.
Americas Gold and Silver también comentó que ha trabajado con el gobierno canadiense y con todos los niveles del Gobierno Federal en México para hacer cumplir el Estado de derecho en esta difícil circunstancia que ha reportado públicamente.
Por lo que confía en que, junto con el gobierno canadiense, la Secretaria de Economía y el Secretaría de Relaciones Exteriores en México, se alcanzará una solución y se resolverá el problema que lleva más de un año, además de evitar un caso de arbitraje internacional entre los gobiernos de Canadá y México.
