Más allá de discutir la iniciativa presidencial que prohíbe el outsourcing, el Congreso debe lanzar una propuesta distinta que no limite a las empresas y que persiga a las que evaden impuestos disfrazadas con esta figura, consideró Raúl Maillard, encargado del área laboral y sindical de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El primer tema es la limitación de la subcontratación para la industria de la manufactura, donde la utilizan entre 60 y 70% de las compañías afiliadas a esa cámara mediante empresas integradoras en diversos sectores como el automotor, médico, acerero o construcción, para lo cual acuden a firmas especializadas para labores relacionadas con su objeto social.

“Por ejemplo, mi objeto social es fabricar coches, como propone la ley (enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador) no puedo subcontratar nada que tenga que ver con mi objeto social, entonces no puedo subcontratar a una empresa que se dedica a fabricar asientos y a colocarlos con su personal en mi planta armadora”, explicó.

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Hace dos días, Enoch Castellanos, presidente de Canacintra, explicó que muchas empresas invierten en México mediante este modelo de integración, conocido como shelter, que aparece como un estímulo para la inversión extranjera y permite la integración de cadenas productivas, y éste desaparecería en caso de aprobarse la iniciativa presidencial.

“Inclusive yo personalmente en la mesa de negociación solicité que cualquier modificación que se hiciera a la subcontratación no lastimara las cadenas productivas”, explicó el abogado laboral a Forbes México.

Otro de los diferendos se dio porque no se atiende el tema de los impuestos. Maillard acusó que a diferencia de la propuesta del presidente que busca criminalizar esta práctica, se requiere que la autoridad persiga a las empresas que evaden impuestos disfrazadas como compañías de outsourcing o insoursing.

“En la subcontratación, lo que se está viendo es un tema de salarios, los salarios no causan IVA. Hay que modificar la ley para que todo aquel prestador de servicios por subcontratación, llámese la industria que se llame, no facture el IVA, el IVA no se transfiera”, sostuvo.

Esta medida es solo una de las propuestas de parte de la propia Canacintra para reducir las malas prácticas de esta figura de contratación, con el fin de tener mayor control con el pago de ese impuesto, de modo que el contratante del servicio pague ese gravamen, sostuvo.

Por ello, explicó que buscarán acercarse a legisladores de distintos partidos para sensibilizarlos sobre estos y otros riesgos, como la desaparición de hasta medio millón de empleos en el país de los casi 5 millones de trabajadores subcontratados en el país, con el fin de que pueda surgir una propuesta alternativa.

“Estamos confiando en que el Poder Legislativo no se subordine al Poder Ejecutivo y analicen de forma consciente qué es lo mejor para el país a efectos que exista el empleo y no se dañe la productividad de México”, lanzó Maillard.

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La mañana de ayer miércoles, el presidente junto con líderes sindicales y cámaras industriales firmaron un acuerdo para postergar la discusión sobre el outsourcing para febrero, a la par de adoptar medidas para regularizar plantillas laborales en el marco de la iniciativa de reforma lanzada por el Ejecutivo.

La Canacintra junto con la Coparmex y el Consejo Nacional Agropecuario se desmarcaron de la firma del acuerdo con el presidente López Obrador, pues consideran que la eliminación del outsourcing no es la solución, sino que el gobierno realice inspecciones a las empresas que realizan prácticas irregulares, las cuales consideran minoría.

Resaltó que hubo un disenso con las otras cámaras empresariales toda vez que ellas respaldaron un acuerdo sin consultar a los demás órganos representantes de la industria.

“CCE y Concamin son quienes han estado en al mesa de negociación pero no han consultado ni se han volteado a ver lo que han negociado, las personas que han estado ahí no se han volteado con los industriales, se ve ahí como un tema de qué es lo que necesita el gobierno y ya, así lo vamos a atacar”, comentó el abogado laboral.

“Desgraciadamente nosotros representamos a la industria y como somos una cámara que tiene el trato directo con los industriales y los dueños de las industrias no podemos prestarnos a ninguna simulación de negociación”.

– ¿En realidad no hubo negociación?– se le preguntó.

– Pues ha habido pláticas.

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