El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca imponer su propuesta de regulación del outsourcing con poco margen de negociación con el sector privado, pues les pide que o la tomen o la dejen, acusó Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En conferencia de prensa para hablar sobre el impacto económico de la pandemia y la reactivación, el dirigente empresarial resaltó que no hay consenso al interior de su cámara para respaldar la iniciativa presidencial porque pondría en riesgo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

“Lo que ha trascendido en medios, porque lo filtró el propio gobierno federal, fue la propuesta que le hace a los empresarios y de la cual se nos pide que lo tomemos o lo dejemos.

“Estoy en posibilidades de decirles, a nombre de Canacintra, que no hay el consenso interior para apoyar esta propuesta, porque si bien hay algún compromiso y avance en la figura de sí desaparecer la figura de insourcing, pero también ligar a un tope con el PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades o reparto de utilitdades), estamos dejando descubiertos la subcontratación de las mipymes, que no tienen otras empresas creadas como los grandes corporativos”, afirmó.

Entre los riesgos que contempla, Castellanos detalló que de aprobarse como está la iniciativa, se perderían 500 mil empleos tan solo en diciembre y otros 500 mil en enero en la transición de las empresas de una razón social a otra, cuya responsabilidad recaería en los impulsores de la medida.

De acuerdo con Canacintra, en México habría casi 5 millones de trabajadores contratados mediante el esquema de outsourcing, de los cuales una tercera parte estarían dentro del formato de insourcing, que es cuando una empresa crea otra razón social dentro del mismo grupo para llevar la nómina.

También alertó de la posible desaparición del esquema de atracción de inversión extranjera en manufactura conocido como shelter, mediante el cual una empresa foránea subcontrata los servicios dentro de un parque industrial desarrollado por una compañía nacional, la cual le provee de energía, transporte, comedor para empleados e incluso puede llegar a ser esta la contratante de los trabajadores de la línea de producción ante la complejidad de las normas mexicanas.

La noche de ayer lunes, Forbes México informó del acuerdo propuesto por el gobierno federal en el cual se plantea que la iniciativa se discutiría en febrero en un plazo máximo de 30 días, aunque demanda el compromiso de las empresas de regularizar sus plantillas “en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal”.

Lee: Ningún empleado contratado por outsourcing será despedido en diciembre

Desde finales de noviembre, el gobierno y la iniciativa privada se mantienen en sesión permanente para con representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el análisis de la propuesta, presentada por el mandatario el pasado 12 de noviembre.

Además, propone que el tema de reparto de utilidades, una de las demandas más sensibles para el empresariado, se discuta abiertamente y se consulte para tener una resolución antes de febrero próximo.

En ese sentido, Castellanos saludó la propuesta de erradicar el insourcing, medida que muchas veces se hace con la finalidad de disminuir el pago de utilidades.

“(Buscan) no distribuir de la misma manera a gente que no tiene impacto en que se genere esa utilidad teniendo sí el beneficio de repartirla. Lo que estamos buscando es que se ligue a esquemas de productividad y eso es lo que viene, siempre y cuando se acepte en los términos la iniciativa”, detalló el líder de Canacintra.

Por ello, confió en que con la posposición de la discusión para el próximo periodo de sesiones del Congreso, que comienza en febrero, se pueda analizar con mayor profundidad el impacto de la medida.

“Eso es lo que Canacintra ha puesto en la mesa para decir que traslademos la discusión hasta febrero, asumiendo la posición del presidente de la República de respecto irrestricto a los tres Poderes de la Unión, de que ya no es como antes, hay que buscar que el Legislativo analice con la gente pensante que tiene, con los diputados de todas las fracciones cuál es el impacto de esto”, llamó.

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