El Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño le exigió al gobierno de la Ciudad de México la reactivación de actividades ante el establecimiento del semáforo rojo, ya que tras nueve meses de paralización 50,000 negocios de este tipo estarían en riesgo de cerrar definitivamente.
El impacto económico de este sector podría alcanzar los 30,000 millones de pesos (mdp) para la Zona Metropolitana del Valle de México. En dichas entidades los negocios no han vendido arriba del 20%, en comparación con los ingresos que recibían antes de la pandemia.
Tan solo en la Colonia Tabacalera hay alrededor de 900 negocios de todo tipo, desde hoteles hasta tiendas de abarrotes y restaurantes. El 80% de estos pequeños comercios rentan el inmueble y presentan al menos un adeudo de rentas de al menos 3 o 4 meses.
“Cuando nos dieron el semáforo naranja la vez pasada pudimos defendernos, ahorita tenemos una deuda de 150,000 pesos en rentas, con proveedores también tenemos adeudos; es una cadena que a todos nos afecta”, aseguró Moisés Segura, locatario de la Colonia Tabacalera.
Por su parte, Gerardo López, presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, propuso en conferencia de prensa, que se amplíen los horarios de atención, así como una reapertura que impida el cierre definitivo de los comercios.
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Además, comentó que respaldan los llamados que las diversas asociaciones y cámaras para que las autoridades tomen otras medidas y busquen un plan de acción más sensato.
“Es un error el que están haciendo cuando pones semáforo rojo en la empresa formal que ha asumido las medidas y obligas a los trabajadores que necesitan el sustento, a salir a la calle“, comentó Gerardo López, presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño.
Entre las inversiones que ha realizado el pequeño comercio se encuentran las pruebas de Covid-19 en los empleados, así como las medidas de higiene dentro de los establecimientos (como termómetro, gel antibacterial, capacitación de empleados, sanitización, entre otras), que se calculan entre los 15,000 y 50,000 pesos, dependiendo del tamaño del negocio.
“No castiguen al comercio establecido y a las empresas que han asumido los protocolos de higiene, a quienes han invertido para poder operar porque no son los contagios los que se dan en el comercio formal“, agregó Gerardo López.
Finalmente, el sector declaró que el gobierno de CDMX incurrió en una grave contradicción y violación a los derechos establecidos, ante esto aseguró que llevará una queja a los organismo de derechos humanos.
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