La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que el gasto de operación para las empresas aumentará 10% con la prohibición del outsourcing como lo propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Con la eliminación del outsourcing y el insourcing estarías incrementando a las empresas 10% de costo adicional de la mano de obra y nos iríamos alrededor de 40% del pago de impuesto sobre la renta (ISR), dividendos, impuestos sobre nómina y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades ( PTU), cuando en Estados Unidos pagan 21%”, afirma Octavio Benavides, vicepresidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex.
Si cortan de tajo el outsourcing y el insourcing utilizados mucho en los últimos años por ser legal, a las empresas globales ya no les será atractivo invertir en México, pues usan la subcontratación para que les manejen la nómina, dice el representante del sindicato patronal.
Además, México perderá competitividad en materia de inversión y laboral si se aprueba la iniciativa enviada por el presidente a la Cámara de Diputados, agrega el directivo de Coparmex a Forbes México.
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Al instante, el costo de la mano de obra y gastos de operación para las empresas, especialmente las globales, se les incrementará con la eliminación del esquema de subcontratación, explica el también director de Relaciones Laborales y Salud Laboral de Grupo Industrial Saltillo.
El pasado 12 de noviembre, el presidente López Obrador acusó que las empresas mexicanas y extranjeras se aprovecharon del outsourcing para hacer defraudación fiscal y despedir a miles de trabajadores durante el confinamiento declarado por la epidemia de Covid-19 en abril y mayo de 2020.
“Este modelo de contratación, aunado a la crisis suscitada por la pandemia de enfermedad originada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), provocó que se desatara una serie de despidos masivos de personas trabajadoras por parte de algunos patrones”, criticó el mandatario.
“Se ha identificado que las actividades delictivas por defraudación fiscal, a través de la figura de la subcontratación, se han vuelto una práctica común en México, la cual está ocasionando una disminución extraordinaria en la recaudación de recursos en el país”, señaló López Obrador.
En México, aproximadamente 71.7 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social, lo que representa 57.3% del total de la población, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
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“En Coparmex la propuesta que tenemos, y no protesta, es ‘sí a la regulación y no a la prohibición del outsourcing‘”, manifiesta Octavio Benavides.
“Creemos que con la prohibición de la subcontratación de personal estaremos arreglando un problema que es la ilegalidad dentro de la industria, pero se abrirá otro más grande como la informalidad y la inseguridad”, declara.
En ese sentido, advierte que 4 millones 600 mil trabajadores se verán afectados por la iniciativa presidencial.
De ese total, prevé, algunos pasarían a ser contratados por la empresa que recibía el servicio de subcontratación, pero otros no serían recontratados, por lo que terminarán en el desempleo y se sumarán a las filas de la informalidad o tendrán que buscar otro empleo en plena crisis económica y sanitaria de Covid-19.
“En la Coparmex estamos a favor de que se aplique la ley para que se cumplan las regulaciones que existen en el país para acabar con la ilegalidad en la industria de la subcontratación de personal. Cuando cortas el árbol de tajo te vas a llevar las manzanas buenas con las malas”, concluye Benavides.
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