El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, consideró que la nueva propuesta de ley para regular el outsourcing es sumamente perjudicial, ya que sobre regula, crece el costo de la burocracia y el entorpecimiento de la misma a las actividades productivas, que ahora serán criminalizadas.
“Todo esto atenta contra el libre comercio y la voluntad de las partes y lo peor del caso, no garantiza que los actuales evasores y abusivos sean detenidos y castigados”, aseguró el empresario en su blog.
Salinas Pliego argumentó el que una empresa preste servicios a otra no tiene absolutamente nada de malo, por más básicos o complejos que éstos sean; al contrario, expuso que se trata de una práctica muy sana que deberíamos de extender a más empresas y servicios para que la economía sea cada vez más competitiva.
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Por lo que espera que la cordura prevalezca y no sea aprobada esta nueva legislación, que el SAT pueda pronto presentar ante la opinión pública las pruebas que exhiban a estos grandes evasores, que no “paguen justos por pecadores”.
“La nueva propuesta de ley para regular el outsourcing es sumamente perjudicial. Sobre regula, crece el costo de la burocracia y el entorpecimiento de la misma a las actividades productivas, que ahora serán criminalizadas. Todo esto atenta contra el libre comercio y la voluntad de las partes y lo peor del caso, no garantiza que los actuales evasores y abusivos sean detenidos y castigados”, afirmó.
El empresario señaló que la contratación de empresas con personal especializado se hace para ofrecer servicios de mejor calidad, a precios más bajos y en condiciones más atractivas; de hecho, en un entorno de competencia, esto termina beneficiando a clientes y empleados.
“Tristemente algunos políticos no entienden esta dinámica. Sucede que, en los últimos años, el SAT y una parte del sindicalismo, representado por el senador Gómez Urrutia, se han ocupado en satanizar a las empresas de outsourcing, señalando que ‘incumplen con sus obligaciones laborales y que evaden impuestos’. Descalifican una actividad deseable, como si todas las empresas que prestan servicios a otras operaran de manera corrupta”.
Además, resaltó que la contratación de empresas con personal especializado se hace para ofrecer servicios de mejor calidad, a precios más bajos y en condiciones más atractivas.
Ricardo Salinas recordó que en el pasado, el SAT fue incapaz de impedir los abusos por parte de algunas empresas “proveedoras de servicios”; por lo que para cubrir esta falta, ahora se pretende señalar y castigar a los usuarios legítimos de estos servicios e imponer una enorme carga regulatoria a las empresas que han hecho las cosas bien.
En este sentido, mencionó que omisión del SAT en el pasado fue causada por corrupción, que nada tiene que ver con insuficiencia de leyes y bajo este marco legal, las facultades de auditoría de este organismo le permitieron detectar y someter a las empresas culpables de malversar los impuestos retenidos y que no pagan ISR.
“Lo que hoy se propone es dejar a los evasores impunes y perseguir a las empresas que utilizaron estos servicios y que pagaron por ellos —de ninguna forma corresponde a estas empresas hacer el trabajo de fiscalización”, agregó.
