La agencia calificadora Moody’s advirtió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene implicaciones crediticias negativas para el sector energético mexicano, ya que disminuye la transparencia operativa, desalienta inversiones de privados para generación, frena las energías renovables y puede aumentar el costo de la energía.

De ser aprobada, también es probable que la reforma detone disputas legales internacionales, afecte la competitividad de las inversiones extranjeras y se aparte de las prácticas regulatorias previamente acordadas.

Moody’s destacó que la eliminación de los órganos reguladores —la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE)— afectaría la confianza de los inversionistas porque debilitaría la transparencia y el marco institucional del sector.

La iniciativa de López Obrador busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la priorización del despacho de energía eléctrica desde sus plantas generadoras, incluidas centrales que utilizan combustibles fósiles, antes que centrales privadas de energía renovable y ciclos combinados, las cuales suelen ser más limpias y baratas.

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“La medida desincentivaría la inversión en generación de energía renovable, lo que probablemente aumentaría el precio de la electricidad. Si bien el Gobierno de México (Baa1 negativa) podría subsidiar el aumento de los costos de la electricidad, los subsidios existentes ya han incrementado significativamente en los últimos años”, comenta Moody’s en su análisis.

Electricidad más costosa

Uno de los riesgos de la reforma eléctrica al utilizar la capacidad instalada de la CFE por encima de la energía privada renovable es que aumentaría la exposición de México a los precios y la disponibilidad de gas natural.

Según la Secretaría de Energía, los combustibles fósiles representaron aproximadamente el 74% de la generación eléctrica de México en el periodo enero-octubre de 2020, y de ese porcentaje, el gas natural representó alrededor del 81%.

Lo anterior, en un contexto en el que el país ha reducido la producción local de gas natural y las importaciones representaron el 72% del consumo total de gas en junio de 2021.

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Moody’s dice que, por ejemplo, el fenómeno del vórtice polar en febrero de 2021 provocó un déficit de suministro de gas natural que incrementó los precios del gas, lo que generó sobrecostos de 2,500 millones dólares para la CFE, la mitad de los cuales fueron subsidiados por el gobierno mediante transferencia directa.

Entonces, en ausencia de mayores subsidios del gobierno federal, es probable que la liquidez de la CFE se debilite, ya que desde junio de 2021, por decreto, las tarifas solo pueden aumentarse de acuerdo con la inflación y no por los costos reales de la electricidad.

“La propuesta de reforma no solo crearía un mercado eléctrico más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, sino que también impediría el progreso de México hacia el logro de sus objetivos de energía limpia”, consideró Moody’s.

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