El acuerdo que publicó la Secretaría de Energía (Sener) en el Diario Oficial de la Federación para actualizar las fracciones arancelarias de los productos sujetos a permisos de importación y exportación, causará daños relevantes en la seguridad energética, en el bienestar de los consumidores y en la industria de petrolíferos e hidrocarburos, aseguró la la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En un comunicado, el organismo dijo que dicha medida viola la ley, ya que no respetó los tiempos de consulta que marca la normatividad.

El 26 de diciembre se publicó el acuerdo de actualización de las fracciones arancelarias de los productos sujetos a dichos permisos enmarcados en la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

“La SENER tomó la decisión de modificar sustantivamente los criterios para emitirlos, en los siguientes rubros:

A) Elimina permisos de 20 años y los sustituye por 5 años, restringiendo también las prórrogas.

B) Aumenta requisitos para otorgarlos. En varios de ellos, no existe claridad sobre cómo se podrían cumplir, o bien, son imposibles de cumplir para un regulador, como es el caso de demostrar que ‘no se afecta el suministro nacional’.

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C) Se crean facultades para modificar volúmenes solicitados, así como para revocar permisos y se elimina afirmativa ficta. En este sentido, los ajustes de volumen previstos en el Acuerdo, pueden ser interpretados como ‘cupos’, cuya determinación no corresponde a SENER, o bien puede ser interpretado como una obligación de desempeño, hecho contrario al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La Coparmex puntualizó que el modelo vigente que marca la Constitución es el de la libre competencia en toda la cadena de valor de los hidrocarburos si los participantes tienen contrato o permiso emitido por la Comisión Reguladora de Energía y al tratarse de actividades sujetas a libre competencia, el otorgamiento de un permiso previo no obliga a quien lo tiene a realizar la actividad regulada ya que esta decisión depende de distintos factores que afectan al particular.

“Es por esa razón que para la Coparmex lo más conveniente es asegurar la
participación de diferentes actores que operen al mismo tiempo en la misma actividad, constituyendo una industria que garantice al usuario que siempre habrá opciones que satisfagan sus necesidades”, informó.

También, mencionó que cada participante está en libertad de modificar las características de su proyecto, por ello, puede importar o exportar menos del volumen solicitado.

“Cuando el particular solicita un permiso de importación/exportación brinda un volumen indicativo, toda vez que ignora la forma en que se comportará la demanda y oferta diaria a nivel global. Además, la actividad en comento se desarrolla en una industria globalizada, por lo que los volúmenes requeridos no necesariamente coincidirán con los solicitados”.

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Además, consideró que en este modelo de competencia, la Sener debe establecer todos los incentivos necesarios para que existan diferentes
participantes del mercado
que ofrezcan sus servicios, honren contratos y puedan atender la demanda nacional, o bien, para que lleven a cabo las exportaciones sin que la demanda nacional se vea afectada.

“Lo anterior representa la garantía para los mexicanos de que nuestro derecho a elegir libremente un suministrador de petrolíferos, recogido en el artículo 28 Constitucional, va a ser debidamente tutelado por las autoridades correspondientes, por lo que el país debe contar con diversas opciones entre las cuales cada ciudadano pueda escoger aquella que mejor satisfaga sus necesidades”.

La Coparmex agregó que entre más competidores haya en el mercado, habrá las condiciones adecuadas para que los precios finales sean más atractivos, lo que beneficia el poder adquisitivo de los ciudadanos lo que se traduce en una mejor nivel de vida.

“Por esa razón la publicación de los cambios propuestos en los requisitos y proceso de otorgamiento de permisos previos de importación/exportación, lejos de incentivar la participación activa de diversos competidores en nuestro mercado nacional, la inhibe, al crear una enorme incertidumbre jurídica”, concluyó.

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