Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que la ley de outsourcing presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, busca frenar y poner en orden los esquemas abusivos, los cuales afectan a los trabajadores, a la Hacienda Pública, a los institutos de seguridad social y a las empresas por la competencia desleal. 

“El acuerdo suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador como representante de gobierno y también por representantes de los trabajadores y de los empresarios, es un compromiso de ir caminando con miras a la discusión y en su caso aprobación, pero sobre todo a la regulación, a poner orden y a determinar claramente los límites en materia de subcontratación“, declaró la encargada de la agenda laboral. 

La funcionaria comentó que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión se discutirá la iniciativa de ley de outsourcing, la cual es señalada como preferente por parte del presidente.

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Alcalde Luján declaró que México se encuentra en la antesala de cambios importantes a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación y a las leyes de IVA y de ISR. 

“Desde ahora debemos irnos preparando porque por supuesto que significan cambios importantes, modos en los cuales se ha venido operando varios años ya”, expresó la encargada de vigilar si los sindicatos y empresas le cumplen a sus trabajadores. 

La discusión de la subcontratación no es nueva, ya que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se busca regular los abusos, comentó Alcalde. El pasado 12 de noviembre, el presidente presentó una iniciativa para prohibir la subcontratación en el país, misma que se ha mantenido a debate desde diciembre con el sector empresarial.

Las mesas de diálogo con los sectores productivos y empresarial son para encontrar posibles efectos o distorsiones al pago de utilidades, porque la subcontratación de personal estaría prohibida en nuestro país y se daría cabida a la subcontratación de servicios u obras especializadas bajo una modalidad regulada, añadió. 

“Quiero aclarar y dejar asentados en estos foros que no es un espacio en el cual estemos discutiendo el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. Ese derecho es un derecho constitucional y fue una comisión tripartita, hace algunos meses, la que determinó que el porcentaje de utilidades debería fijarse en 10%”, manifestó la titular de la STPS.

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El derecho al pago de utilidades no está o no se somete a un debate, a una discusión, no es un espacio con ese objetivo, agregó. 

Los foros son para ubicar si en el marco de la iniciativa de subcontratación pudiese tener efectos precisamente vinculados al reparto de utilidades, recordó la funcionaria.

 

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