A principios de 2021, la administración de Andrés Manuel López Obrador dio un paso más fuerte en su intención por cambiar las reglas en el sector eléctrico de México y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); primero impulsó un cambio a la ley, pero como no ha prosperado, terminó poniendo sobre la mesa una iniciativa de reforma constitucional.
El 1 de febrero de este año, López Obrador mandó al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE); tanto diputados como senadores aprobaron el cambio sin discusión en tiempo récord.
Para el 9 de marzo, un mes después, el decreto de reforma a la LIE se publicó en el Diario Oficial de la Federación y encendió las alarmas entre la iniciativa privada, las ONG que luchan contra el cambio climático, la academia y expertos.
Lo que más causó controversia fue el cambio en el orden de despacho de energía por centrales eléctricas, poniendo en primer lugar las hidroeléctricas, termoeléctricas y carboeléctricas de la CFE, así como los ciclos combinados de productores independientes (PIE) que tienen contratos con la Empresa Productiva del Estado.
Tras esas plantas, se daría paso a los privados con energías eólica y solar, y en el último lugar, los ciclos combinados de éstos.
En la reforma a la LIE también resaltó el hecho de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debía revocar permiso de autoabastecimiento que se consideraran que se obtuvieron en fraude a la ley.
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Y se planteaba la revisión de los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes.
Ante este escenario, varias empresas emprendieron juicios de amparo, así como las ONG y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la LIE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Varios casos obtuvieron suspensiones definitivas con efectos generales contra la LIE, pero algunas comenzaron a revocarse en el segundo semestre del año tras los recursos de revisión presentados por la Secretaría de Energía (Sener) que encabeza Rocío Nahle y la CFE que dirige Manuel Bartlett Díaz.
No obstante, hay suspensiones definitivas que siguen teniendo efecto y por eso no ha prosperado la reforma a la LIE.
La titular de la Sener ha declarado que tras la serie de juicios de amparo interpuestos por los privados a la LIE y a otras medidas en el sector eléctrico, se tuvo que trabajar ya en un reforma constitucional, misma que fue enviada por López Obrador el pasado 30 de septiembre a la Cámara de Diputados.
“Se ampararon los privados para seguir manteniendo ventajas y, sobre todo, más que ventajas con cargos severos a la CFE. Por eso se trabajó muy fuerte en la CFE, el presidente de la República, la Secretaría de Energía y demás para hacer la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales”, dijo Nahle en noviembre pasado.
En esencia esta reforma eléctrica determina una mayor participación de la CFE para la generación de energía con 54%, contra 46% de los privados, la eliminación de los Certificados de Energía Limpia, la CFE como eje rector del sector, la incorporación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a la Empresa Productiva del Estado.
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También propone la cancelación de contratos de compra-venta de electricidad y de permisos de generación de privados, la desaparición de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la exploración y explotación del litio, actividades exclusivas del Estado.
La CFE ha señalado que con la reforma energética del sexenio pasado se debilitó a la empresa, dejando pérdidas al año de 438,300 millones de pesos por energía propia no despachada y por la compra a privados.
En tanto que la iniciativa privada ha estimado que la reforma eléctrica de López Obrador va a dejar un boquete en las finanzas públicas de 1.4 billones de pesos en una década.
De esta reforma constitucional se sabrá de su destino el próximo año, pues entre el 17 de enero y el 15 de febrero, la Cámara de Diputados junto con el sector privado, academia, expertos y sociedad civil tendrán 19 foros de parlamento abierto previo a la discusión y votación de la reforma eléctrica.
Mientras, el sector eléctrico permanece en incertidumbre, pues el gobierno ha detenido todo, las subastas, los certificados, permisos para generación de energía y plantas de renovables que ya están listas, pero que no han dejado conectar a la Red Nacional de Transmisión.
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